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Otros diputados y senadores están en el radar de la investigación Falcón

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Santo Domingo, RD.-Una fuente muy cercana a la investigación informó a este diario que un senador y al menos otros cinco diputados de distintos partidos políticos figuran entre los que han tenido alguna participación en la red de narcotráfico bautizada por el Ministerio Público como Operación Falcón, la cual supuestamente movió más de 10 mil dólares de cocaína a Estados Unidos y hacia otros países.

En la actualidad hay tres diputados implicados por el ministerio público en es­ta red de lavado de activos y narcotráfico y, según fuen­tes vinculadas a la investiga­ción, pueden caer otros más en las próximas horas o días sobre los cuales existen ya expedientes compromete­dores.

Aparte de ellos, también se espera atrapar a más civi­les implicados.

Las pruebas han sido re­copiladas durante un pro­ceso de varios meses de trabajo conjunto entre au­toridades dominicanas y de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), y en base a tales evidencias son probables sujetos de prisión y extradición hacia ese país, añaden las fuentes.
El senador, cuya identidad ni provincia de representación fue divulgada, aparece en las evidencias manteniendo es­trechos nexos con el jefe de operaciones de la red, Juan José de la Cruz Morales, alias “El cacique del Este”, según esta    blecen las fuentes consul­tadas.

La extradición de Morales ya fue firmada por el presi­dente Luis Abinader.

Aparte de la “Operación Falcón”, las autoridades del ministerio público y de la lu­cha antidrogas reúnen prue­bas de al menos otras cuatro redes poderosas dedicadas a narcotráfico, lavado de acti­vos y tráfico de armas y per­sonas, en cuyas operaciones se visibiliza la supuesta com­plicidad de legisladores.
El Ministerio Público solicitó ayer miércoles a la Suprema Corte de Justicia la designa­ción de un juez de instruc­ción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Da­río Féliz Féliz y Faustina Gue­rrero Cabrera, implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantela­da con la Operación Falcón.

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titu­lar de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, presentó la solicitud al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Hen­ry Molina, mediante una ins­tancia depositada en la secre­taría del órgano judicial.


Marmolejos Gil, de Santia­go; Féliz Féliz, de Pederna­les, y Guerrero Cabrera, de El Seibo, figuran entre los in­volucrados en la amplia red a la que el Ministerio Públi­co ocupó bienes millonarios supuestamente adquiridos con dinero del narcotráfico. Los tres son diputados esco­gidos en las elecciones del año 2020 y, por lo tanto, tie­nen jurisdicción privilegiada, en virtud del Artículo 154 de la Constitución de República.

Ese artículo señala, en su li­teral 1, que corresponde ex­clusivamente a la Suprema Corte de Justicia conocer en única instancia de las causas penales seguidas a senado­res y diputados”, recuerda la directora general de Perse­cución del Ministerio Público en su instancia.

Reynoso explica que el Mi­nisterio Público tiene abierta una investigación en contra de los tres diputados, a quie­nes imputa, en forma pro­visional, de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenien­tes del narcotráfico y tenen­cia ilegal de armas de fuego.

Esos delitos son tipificados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominica­no, así como por los artícu­los 4, 58, 60, 75, 85, 99, 100 y 101 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Contro­ladas.


El ministerio público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DN­CD) persiguen, con el apoyo de todos los ór­ganos de seguridad del Estado, a Erick Rand­hiel Mosquea Polanco y a otros implicados en la red de narcotráfico y la­vado de activos desarti­culada con la Operación Falcón.

Además de Erick Rand­hiel Mosquea Polanco, también se encuentran prófugos sus hermanos Harington José Mosquea Núñez y Claritza Andrei­na Mosquea Eduardo.

También es persiguido Alberto De Jesús Polan­co (El Prieto), socio y testaferro del narcotra­ficante.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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Senado aprueba ley para el pago de deuda por obras previas a Ley de Compras

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Santo Domingo. El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas desde el año 1996, iniciativa presentada por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció la realidad de muchos contratistas, recordando que muchas de las obras ejecutadas en su provincia hace años no han recibido el reconocimiento económico por parte del Estado.

Al motivar la aprobación de dicha legislación, el senador Franklin Romero aclaró que la misma honra la memoria de muchos contratistas —algunos presentes durante la sesión y otros ya fallecidos— que construyeron y entregaron obras al Estado poniendo en riesgo su futuro económico, y cuyos trabajos no han sido reconocidos.

“Esta solicitud responde a una realidad humana de contratistas que hace años ejecutaron obras sin recibir una respuesta del Estado, habiendo cumplido con su trabajo. Es un proyecto que le devuelve la dignidad a quienes han cargado con el costo de una irregularidad; busca que se pueda verificar lo que ha pasado durante más de 30 años con obras que fueron ejecutadas y no han sido pagadas”, destacó el legislador.

El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, Félix Bautista, presentó al pleno un informe detallado sobre el proyecto y solicitó que la iniciativa fuera acogida de urgencia en los trabajos legislativos de este sábado. La normativa se conoció en sesión extraordinaria con la asistencia de 25 senadores.

Senado

La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Esto permitirá reconocer trabajos realizados sin suscripción de contratos o adendas, y constituir los balances adeudados como deuda pública interna contraída por el Estado dominicano.
El reconocimiento involucra obras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Educación (MINERD), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Asimismo, se incluyen el INAPA, la CPADP, la JCE, la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).

En el caso de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Los pagos se realizarán tras las validaciones dispuestas en la ley.

OTROS TEMAS APROBADOS
El Pleno aprobó una resolución que reconoce al baloncestista Karl-Anthony Towns por su destacada trayectoria en la NBA y sus aportes al baloncesto dominicano, iniciativa de los senadores Eduard Espiritusanto y Omar Fernández.
Además, se sancionó en única lectura el proyecto que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en la República Dominicana, presentado por el senador Julito Fulcar.
Durante la sesión extraordinaria de este sábado, se ratificó a Ysset Caridad Román Maldonado como embajadora concurrente en el Reino Hachemita de Jordania (con sede en Egipto).
Primera Lectura
El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley sobre los Actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios correspondientes al año 2020.

Previo al inicio de la sesión los senadores rindieron un minuto por el fallecimiento del viceministro Demetrio Antonio Paulino.

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Procuradora Yeni Berenice asume investigación del caso de Brianna Genao

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Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, asumió directamente la investigación sobre la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, un caso que ha generado profunda conmoción a nivel nacional.

La información fue confirmada por la senadora Ginette Bournigal, quien explicó que la decisión busca garantizar el uso de todos los recursos tecnológicos, técnicos y forenses del Estado para esclarecer los hechos.

Mientras avanzan las indagatorias, el abuelo paterno de la menor, Braulio González, confirmó la noche de este viernes que los dos tíos de la niña, quienes figuraban como sospechosos en el proceso, fueron puestos en libertad por las autoridades.

González relató que durante este sábado acudió a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en Puerto Plata, donde fue informado de manera oficial de que Rafael Rosario Núñez (52 años) y Reyes Núñez Rosario (43 años) habían sido liberados la noche del jueves.

Al solicitar detalles, indicó que representantes del Ministerio Público le comunicaron que el caso continúa bajo investigación reservada y que las labores de búsqueda y análisis siguen en curso.

Visiblemente afectado, el abuelo de la menor expresó entre lágrimas su angustia ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.

  • «Yo solo quiero que las autoridades me den un voto de fe. Si esas personas son culpables, que paguen. Yo no duermo, estoy viviendo una pesadilla. Todavía albergo la esperanza de que mi niña esté con vida, pero si no es así, por lo menos quiero que aparezca su cuerpecito para poder enterrarla y tener un poco de paz», manifestó González.

Medida de coerción pendiente

Fuentes ligadas a la investigación informaron que el Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción, ya que se encuentra en proceso de validación de las evidencias recopiladas.

Las autoridades aseguran que la demora responde a la necesidad de presentar un expediente sólido y bien sustentado.

Antecedentes del caso

La niña Brianna Genao Rosario fue reportada como desaparecida la tarde del 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 p. m., cuando se encontraba en el patio de la vivienda de su bisabuela paterna, en la comunidad rural de Barreros, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde el 1 de enero de 2026, las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda en la zona montañosa y áreas aledañas, con la participación de organismos de seguridad y rescate, sin resultados positivos hasta el momento.

Por el hecho fueron detenidos e investigados los tíos de la menor, Rafael Rosario Núñez y Reyes Núñez Rosario, quienes posteriormente fueron liberados mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con reportes preliminares, ambos habrían ofrecido declaraciones contradictorias sobre el paradero de la niña.

Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y unidades especializadas de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) han realizado operativos en zonas boscosas, cañadas y vertederos de Imbert y comunidades cercanas, sin lograr dar con el paradero de la infante.

El caso mantiene en vilo a la comunidad y a los familiares de la menor, quienes claman por respuestas y por el esclarecimiento de este doloroso hecho.

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