Un grupo de médicos y trabajadores de la salud pública de Madrid protagonizaron su tercera jornada de protesta en el Senado, irrumpiendo en el edificio y ocupando algunos escaños.
Según la prensa española, entre los manifestantes se encontraban médicos y trabajadores de varios hospitales públicos madrileños que, tras atravesar el arco de seguridad como el resto de ciudadanos, ocuparon los escaños del antiguo Salón de Plenos, desde donde se emitía en directo un programa de radio.
Una vez allí, se pusieron sus batas blancas en protesta por la reforma sanitaria planteada por el Gobierno regional y, posteriormente, abandonaron el salón y se sumaron con normalidad a la visita que se realizaba en el Senado.
«Sanidad pública» o «Sí se puede» fueron algunos de los lemas que corearon, mientras en el estrado se encontraba el conductor del programa, Manolo H.H., y los senadores Beatriz Jurado, Ander Gil y Narvay Quintero.
«No puede ser que una parte del presupuesto sanitario vaya a una empresa privada, no queremos que la salud de todos la gestione una empresa privada», afirmó uno de los manifestantes, para reconocer que han aprovechado esta jornada abierta en el Senado para «buscar difusión».
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, recalcó, ante las críticas que están recibiendo, que su Gobierno «no ha parado» de dialogar con los trabajadores de la sanidad para explicarles las medidas de «racionalización del gasto» que se están tomando con el fin de mantener los «magníficos servicios públicos».
La huelga de 48 horas de todo el sector sanitario concluirá este miércoles con una manifestación frente a la Asamblea de Madrid, mientras que el paro de los médicos terminará el jueves, para continuar la próxima semana.
El objetivo es «exigir la retirada del ‘Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid’ incluido en los Presupuestos» regionales para 2013.
Este proyecto incluye la externalización de la gestión sanitaria de seis hospitales y la no sanitaria de toda la red pública, así como de 27 centros de salud y la Unidad Central de Radiodiagnóstico; la reconversión del Carlos III, el cierre del Instituto de Cardiología, la centralización de laboratorios, la privatización de 26 categorías de personal no sanitario y el cobro de un euro por receta, entre otros.