Inmigracion
Medidas para que jóvenes inmigrantes eviten la deportación temporal
MIAMI, Florida, EE.UU. _ Las autoridades instaron el viernes a jóvenes inmigrantes a participar en un programa gubernamental que suspende temporalmente sus deportaciones y advirtió que no se trata de una trampa para detenerlos.
Altos funcionarios del Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés) anunciaron una serie de medidas para implementar dicho programa a partir del 15 de agosto.
En junio, el presidente Barack Obama anunció someramente los principios de esta política.
Entre los anuncios más importantes se encuentran la firma de un acuerdo de confidencialidad que impide a las autoridades compartir información para procesar criminalmente y deportar a los jóvenes que residan sin autorización legal en el país, siempre que no hayan sido condenados por haber cometidos delitos graves y siempre no se trate de personas que representen una amenaza a la seguridad pública.
También anunciaron que, en la solicitud de aplicación, no les preguntarán a los jóvenes si tienen o no un número de seguridad social; situación que preocupa a miles de personas que se han inventado ese número o han conseguido una tarjeta falsa para poder laborar.
Las solicitudes de quienes hayan sido condenados por delitos graves, por tres faltas menores (misdemeanor en inglés) o una falta menor significativa (significant misdemeanor en inglés) serán rechazadas y se iniciará un proceso de deportación en su contra.
Delitos graves, según una lista del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés), incluyen abuso sexual, violencia doméstica, tráfico de drogas, conducir bajo estado de ebriedad, robo a viviendas, o porte ilegal de armas, entre otros.
Conducir sin licencia no se considera un delito grave.
Este es un aspecto importante porque la mayoría de los estados del país no otorga este documento a los inmigrantes sin papeles.
Un funcionario de alto rango del DHS dijo que los jóvenes inmigrantes que estén interesados en participar del programa deberán pagar “465 dólares” a partir del 15 de agosto, al momento de presentar su solicitud.
“Llevo desde 2005 en Estados Unidos, no tengo ningún historial criminal, tengo 18 años y acabo de graduarme de secundaria”, dijo el mexicano Antonio Alarcón desde Queens.
El joven calificó de “histórica” la medida. “Lo agradecemos que un presidente haga ésto”. Pero Alarcón dice que seguirá luchando por el Dream Act, una iniciativa de ley que otorga la residencia legal a estos jóvenes y “que haya una reforma migratoria para todos”.
“Es un permiso de trabajo pero no soluciona el problema que no podamos acogernos a ayudas públicas para estudiar”, dijo Alarcón.
Los solicitantes, que deben asistir a una cita y someterse a un proceso de verificación de antecedentes, podrían esperar varios meses antes de conocer una decisión sobre su caso.
Las autoridades también dijeron que el proceso de aprobación o rechazo de las solicitudes podría llevar varios meses ya que incluye una investigación profunda de antecedentes.
La abogada de inmigración Helen Parsonage de Carolina del Norte explicó que esto “significa que les van a tomar las huellas dactilares en la oficina local de inmigración y estoy segura que las van a pasar por las bases del datos del FBI, DHS, ICE y la Patrulla Fronteriza”.
“Van a revisar sus certificados de nacimiento y resolver cualquier pregunta”, dijo.
La deportación de “personas que llegaron a Estados Unidos como niños y cumplen con otras directrices claves” no será una prioridad para el gobierno, manifestó el director de USCIS, Alejandro Mayorkas, en una conferencia de prensa telefónica.
De acuerdo con el programa, los jóvenes podrán suspender su deportación si demuestran que:
1) tienen 30 años o menos; 2) haber estado en Estados Unidos al menos durante cinco años; 3) haber llegado al país antes de cumplir los 16 años; 4) haber concluido sus estudios en una secundaria estadounidense o haber obtenido un certificado de aprobación del examen en inglés de Desarrollo Educativo General (o GED como se le conoce por sus siglas en inglés); y 5) encontrarse actualmente en la escuela.
La medida les permite también solicitar un permiso de trabajo de dos años de duración, que puede ser renovado.
En la conferencia telefónica desde Washington, un alto funcionario del DHS dijo que quienes proporcionen información falsa en el acuerdo de confidencialidad señalado serán procesados por fraude.
“Lo que están diciendo es que no van a compartir la información que allí se suscriba (para iniciar un proceso penal y de deportación) a menos de que tengan un antecedente criminal o que entreguen información falsa y sea un fraude”, dijo Parsonage en referencia al acuerdo.
La solicitud de suspensión de la deportación podrá ser renovada por dos años más, tal y como sucede con el programa Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que ha sido aprobado para ciudadanos de algunos países centroamericanos, entre ellos El Salvador, Honduras y Nicaragua.
El beneficio de la suspensión de la deportación puede ser renovado “cada dos años y parece que es por tiempo indefinido”, dijo Parsonage.
Aún no se sabe si las personas pueden trabajar legalmente o conducir sin licencia sin temor a ser detenidos mientras su caso se estudia.
Sin embargo, la abogada Parsonage cree que es también se trata de un programa orientado a descongestionar las cortes de inmigración. “Es una medida práctica”, explicó Parsonage. “Así, no tienen que emitir infracciones de tráfico a quienes conduzcan a altas velocidades… y evitar emitir órdenes de deportación porque hay atrasos en los trámites migratorios”.
La abogada advirtió que no deberían presentar solicitudes para beneficiarse quienes tengan una “condena por un delito grave, una infracción grave (significant misdemeanor) o tres infracciones menores (misdemeanors)”.
En esos casos, indicó, “yo les diría que no apliquen” al beneficio de la suspensión de la deportación. “Les diría ‘usted no es elegible, punto”’. La abogada explicó que los pedidos para beneficiarse con la suspensión de la deportación y el permiso de trabajo se presentan “al mismo tiempo y son aprobados al mismo tiempo”.
Aproximadamente unos 850,000 de 1.4 millones de jóvenes sin papeles que podrían beneficiarse de esta medida son mexicanos, según datos de la organización Migration Policy Institute (MPI, por sus siglas en inglés).
Un estudio de esa misma entidad reveló el martes que el 47% de los 1.4 millones de jóvenes aptos para solicitar la suspensión de deportación y los permisos de trabajo vive en California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Florida.
Las autoridades dicen que los costos del programa serán financiados por los solicitantes y no los contribuyentes. Su costo total dependerá de la cantidad de personas que presenten solicitudes para beneficiarse. Pero se estima que cueste unos 484 millones de dólares.
El director del USCIS, Alejandro Mayorkas, dijo que habrá exenciones en la tarifa a pagar por la aplicación y que serán otorgadas con moderación a, por ejemplo, personas sin hogar, discapacitados o quienes vivan en extrema pobreza.
Documentos internos obtenidos por la AP estiman que el número de solicitantes podría superar 1 millón en el primer año, o más de 3,000 al día. Costará entre 467 millones y 585 millones de dólares procesar las solicitudes durante los dos primeros años.
Algunas organizaciones no gubernamentales aplaudieron las medidas anunciadas. “Acogemos las directrices anunciadas hoy para esta poderosa iniciativa que pondrá más cerca de concretar sus sueños a muchos jóvenes inmigrantes con aspiraciones”, dijo Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración en Washington.
“Gracias a la acción diferida, estos jóvenes inmigrantes trabajadores que crecieron en Estados Unidos finalmente tendrán la posibilidad de trabajar como profesionales”.
Diana García, una activista de la organización Central American Resource Center en Houston, dice que sintió “un alivio” con el anuncio pero que “todavía hay dudas sin resolver, como por ejemplo qué va a pasar con los casos que se nieguen tras la aplicación. Aún tenemos muchos interrogantes sin resolver y eso no sirve”.
García argumenta su desconfianza en el hecho de que la administración Obama “en muchas ocasiones ha dicho una cosa y las autoridades de inmigración terminan haciendo otra muy diferente, como ha ocurrido con las deportaciones a la gente que está dentro de la clasificación de baja prioridad”.
García se refiere a un programa que pretendía deportar prioritariamente a los criminales peligrosos que significaran una amenaza a la seguridad nacional y que, según organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes, terminó expulsando del país a más de 400,000 personas entre 2010 y 2011.
La abogada Parsonage cree, en cambio, que por tratarse del ejercicio del poder discrecional, y no de un programa como tal, los procedimientos se adelantarán tal como fueron anunciados. “Esto es más un TPS”, dijo.
Joel Magallan, Director Ejecutivo de la Asociación Tepeyec, en Nueva York, calificó el programa de suspensión de deportaciones positivamente porque daría permisos de trabajo a jóvenes que “son psicólogos, dentistas o abogados o que incluso tienen maestrías y que no han podido trabajar en su campo porque no tienen el permiso legal”.
“Si esto hubiera sido anunciado hace dos años, estaríamos todos felices, pero hoy hemos visto muchos casos en los que no se están cumpliendo las normas anunciadas por parte de las autoridades de inmigración, lo que no le despeja las dudas a quienes aún no tienen claro si van a aplicar o no”, dijo por su parte Tania Unzueta, de la organización Immigrant Youth Justice League establecida en Chicago.
“Es triste que sea así porque, por esas dudas, muchos podrían dejar pasar la gran oportunidad de sus vidas”. (AP)
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Nairobi.-Las decisiones de países ricos de aplicar dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 mientras tanta gente en África sigue sin vacuna “amenazan la promesa de un mañana mejor” para el continente, dijo la directora para África de la Organización Mundial de la Salud el jueves. “Al acaparar vacunas, algunos países ricos ridiculizan el concepto de la equidad en la vacunación”.Matshidiso Moeti y otras autoridades de salud africanas, así como los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades, se habían pronunciado contra las dosis de refuerzo cuando apenas el 2% de 1.300 millones de africanos está vacunado contra el COVID-19.
Moeti dijo que la ola más reciente en África se estabiliza y llegan más dosis al continente, pero “África tiene el viento en contra” si Estados Unidos y otros países ricos deciden aplicar dosis de refuerzo.
La situación en África sigue siendo “muy frágil” ya que la muy infecciosa variante delta predomina en la mayoría de los 54 países del continente, añadió. Se han registrado más de 7,3 millones de casos y 186.000 muertes confirmadas en un continente donde los sistemas de salud sufren escasez de oxígeno.
Moeti dijo a la prensa que no tenía la certeza de que las dosis de refuerzo en Estados Unidos provienen de provisiones destinadas a los países africanos, pero “esperemos que no”.
Mencionó la “situación ya muy desigual” de existencias de vacunas en el mundo y exhortó a desarrollar las campañas de vacunación en África, muy retrasada con respecto al resto del mundo.
Moeti destacó que mientras los países ricos han aplicado en promedio más de 103 dosis por cada 100 personas, en África son apenas seis.
Inmigracion
Estados Unidos negó la visa de paseo al 53 % de los dominicanos que la solicitaron el año pasado
Santo Domingo, RD.-El 53.21 % de los dominicanos que acudió al consulado de los Estados Unidos en busca de una visa de no inmigrante B1/B2, conocida como visa de paseo, fue rechazado en el año fiscal 2019.Esto evidencia que por segundo año consecutivo ha habido una reducción considerable de visa americana para los dominicanos, que de 142,580 aprobadas en el año 2018 bajó a 86,649 en el 2019, lo que representa 55,931 visas menos, de acuerdo con los datos ofrecidos por el doctor Roque Leonel Rodríguez.
El especialista en Migración detalla que en el año fiscal que comprende los meses de octubre 2018 a septiembre 2019, los meses con el pico más alto en otorgar el permiso migratorio fueron para las vacaciones de Semana Santa, la de verano y para Acción de Gracias (Thanksgiving).
Al preguntarle sobre el rango de edades con más visas rechazadas, Rodríguez dijo que son jóvenes entre 16 y 22 años y lo atribuyó a la intención de muchos de emigrar a los Estados Unidos.
“Los jóvenes han sido duramente golpeados y eso se debe a una política del Gobierno, ya que la influencia americana ha sido tan alta que muchos jóvenes no ven esperanza en República Dominicana y piensan que vivir en Estados Unidos, trabajar o estudiar es la vida que ellos se merecen. Me lo dicen muchos en las entrevistas (consultas en su oficina privada) y se refleja en el visado. Ellos han sido los más afectados con la reducción de visas” indicó.
Destacó que el promedio de visas mensual es de unos 7,200, cuando en años anteriores era de unos 15 mil. Se recuerda que en el año 2017 unos 205 mil dominicanos recibieron visa de turista, pero esta racha ha ido con una tendencia a la baja.
Rodríguez recordó que los gobiernos otorgan las visas a los extranjeros atendiendo a sus criterios y son soberanos de hacerlos en la cantidad y la manera que ellos consideren, y que los solicitantes deben hacer sus solicitudes con transparencia y solo en los consulados, no dejarse involucrar en fraudes, porque eso les impedirá que en un futuro puedan tener ese permiso migratorio. “Son los cónsules los únicos que dan la visa”.
Agencia Efe
ECUADOR.- Una jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador suspendió el testimonio de un exrepresentante de la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador Geraldo Pereira de Souza, tras considerar que no está garantizado que asista a futuras audiencias.
Souza iba a prestar testimonio por videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Sao Paolo, pero la magistrada Daniela Camacho interrumpió el proceso a los 45 minutos de empezar.
“Camacho no dio paso al testimonio anticipado al considerar que esta persona podrá dar su testimonio en una eventual audiencia de juzgamiento”, informó la Fiscalía, que había pedido precisamente el testimonio teniendo en cuenta que “por actividades de orden laboral” el testigo “no se encontraría posibilitado de asistir a siguientes etapas del proceso”.
De Souza es requerido en el llamado caso “Sobornos 2012-2016”, que salpica al expresidente Rafael Correa y a toda una serie de altos funcionarios de su gobierno y entonces partido Alianza País.
El caso, descubierto hace unos meses, implica a más de veinte personas en una trama de financiación ilegal del movimiento oficialista a cambio de contratos públicos.
De Souza debía testificar en ese sentido sobre la entrega de sobres a unas de las implicadas, Pamela Martínez, exasistente presidencial y quien el martes responsabilizó de la trama al expresidente y a su vicepresidente, Jorge Glas, condenado a seis años por otro delito relacionado con los sobornos de la firma brasileña.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África.
En el caso de Ecuador, afirmó que entre 2007 y 2016 la constructora brasileña pagó coimas por más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
En total se investigan o han sido investigados 14 proyectos de construcción que fueron adjudicados a la firma brasileña, entre ellos el emblemático Metro de Quito, a lo que más recientemente se ha sumado el caso “Sobornos 2012-2016”.