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Sociedad de Infectología propone medidas urgentes al presidente Medina para contener coronavirus.
Una serie de medidas urgentes propuso mediante una carta al presidente de la República la Sociedad Dominicana de Infectología para contener el coronavirus.
Entre sus planteamientos sugiere: declarar el país en cuarentena total. Que el toque de queda cubra las 24 horas del día lo antes posible, debido el alto riesgo de tener un gran número de infectados por transmisión autóctona comunitaria.
Asimismo, señaló, a través del documento, abrir centros claramente identificados y debidamente equipados para recluir a las personas afectadas que viven en condiciones precarias. Refiriéndose a las personas que no puedan cumplir el confinamiento domiciliario, debido al poco espacio físico de sus hogares o a otras razones sociales, pero cuyas condiciones de salud permitan un manejo ambulatorio.
Utilizar las únicas pruebas que permitan el diagnóstico rápido y efectivo del SARS-CoV-2. Destacó que la única prueba que por el momento cumple con esta condición es la denominada reacción en cadena de la polimerasa (siglas: PCR), debido a su buena sensibilidad (alta probabilidad de registrar positivamente a una persona con COVID-19) y a su buena especificidad (baja probabilidad de que una persona infectada tenga un resultado negativo).
Precisó que las pruebas serológicas para identificar la infección con base a la detección de inmunoglobulinas (IgM e IgG) no ayudan en el diagnóstico precoz, ya que no detectan el virus como tal, sino la respuesta del organismo frente al virus, lo que las hace susceptibles de dar resultados falsos-negativos.
Cubrir los costos de las pruebas de PCR al personal sanitario, tanto las de identificación de caso como todas aquellas que sean necesarias, por lo menos dos o tres pruebas subsecuentes. Esto serviría solo como parámetro de evolución de la infección o como criterio de egreso hospitalario, pues a partir de la última prueba negativa el personal sanitario deberá de permanecer dos semanas más en cuarentena.
“Cumplimos nuestro deber ciudadano al dirigirnos a usted con el debido respeto. Lo acompañamos en estos difíciles momentos en que deben de ser tomadas tantas, tan diversas y tan complejas medidas”, concluye la carta enviada por el organismo a Danilo Medina.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.