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Medio Ambiente vigilará desde hoy la situación en Duquesa

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Vertedero-DuquesaSANTO DOMINGO. La basura que llegó al vertedero de Duquesa encontró un lugar dónde ser tirada, al menos hasta ayer al mediodía. Pero la situación es precaria, lo que ha obligado al Ministerio de Medio Ambiente a informar que mantendrá una vigilancia estricta.

La entidad aseguró ayer que «mantendrá una vigilancia medioambiental estricta de la referida zona, y ese equipo permanecerá el tiempo que fuese necesario, hasta tanto se produzca una solución definitiva al problema». Achacó la causa de la actual situación a la falta de equipos, por lo que urgió al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte a usar más equipos.

Apenas a unos 300 metros de la entrada del vertedero, la basura se coloca casi en medio de la carretera interna, en la primera plataforma de tiro. A la segunda plataforma sólo tienen acceso los camiones en mejor estado, y se encuentra a casi un kilómetro de distancia de la entrada.

Los técnicos del vertedero de Duquesa, Rijo Meléndez, encargado del depósito, y Saldívar Hernández, director de operaciones, aseguraron a DL que seis equipos, dos retroexcavadoras y cuatro tractores, trabajaban en las tareas para facilitar el desecho de los desperdicios.

Sin embargo, se pudo comprobar que en los lugares donde se laboraba, sólo había dos maquinarias, una retroexcavadora y un tractor. Los técnicos expresaron luego que los demás equipos se encontraban trabajando en una plataforma que será utilizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la que no estará lista hasta dentro de tres días.

La ubicación actual de los lugares de tiro de basura es una muestra de lo difícil que es botar la basura en el Gran Santo Domingo, lo que se ha tenido que resolver con soluciones extremas.

Entre la falta de equipos, las lluvias que afectan al vertedero, y el incremento de los desperdicios producto del empuje comercial de la época navideña y el fin de año, los ayuntamientos han tenido más basura de la que pueden manejar, lo que ha llevado al Colegio Médico Dominicano (CMD) a pedir a los cabildos a que se pongan de acuerdo para solucionar un problema que se puede convertir en una situación de crisis sanitaria.

Ya la situación se ha traducido en el Gran Santo Domingo en calles y barrios atestados de basura, malos olores y alimañas, una situación que se pensaba superada hace años. «Duquesa no recoge basura. Si algún ayuntamiento tiene problemas con la recolección debe contratar más camiones porque todo el mundo sabe que en estas fechas la basura se multiplica», aseguró ayer el director operativo del vertedero.

El encargado interino de Duquesa tiene un discurso similar. «Nosotros nos hemos convertido en esclavos de los ayuntamientos, trabajando todo el día el 24 y 25 de diciembre, hasta que ellos dejen de mandar camiones», declaró Meléndez, al tiempo de explicar que el pasado día de Navidad «no hubo cierre del vertedero; las compañías dejaron de mandar camiones a la 12:40 de la tarde. En total se recibieron 225 camiones de todos los ayuntamientos».

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Gobierno establece escala salarial y ordena transferir ingresos consulares al Estado.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva etapa en la reforma del servicio exterior dispuso el  Gobierno dominicano  con una transformación estructural del sistema consular, que incluye que la totalidad de los ingresos de los consulados dominicanos pasen en lo adelante al Estado.

De esta manera, el presidente Luis Abinader dispone continuar la reforma del servicio exterior, con la adopción de medidas decisivas en el ámbito consular que consolidan un modelo de gestión basado en la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta fase no parte de cero: da continuidad a los cambios ya implementados y profundiza una transformación orientada a ordenar, profesionalizar, fortalecer e integrar el funcionamiento del servicio diplomático y consular en su conjunto.

Como medida central, la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Con ello, se asegura un manejo centralizado de los recursos públicos bajo criterios estrictos de control y supervisión estatal, lo que permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en aquellas localidades donde han sido requeridos por los dominicanos.

Asimismo, se dispone la implementación de una escala salarial digna para el personal consular, en condiciones equiparables a las del servicio diplomático, corrigiendo distorsiones históricas y garantizando un trato más justo y coherente para estos servidores públicos.

De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará avanzando en la organización de los consulados conforme a criterios objetivos de necesidad operativa y servicio al ciudadano, asegurando estructuras más racionales y funcionales.

El nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo, conforme a un proceso ordenado que garantice su correcta aplicación y sostenibilidad. La última etapa del proceso iniciará el 1ero de enero del 2027.

Esta reforma se inscribe en el marco del proceso más amplio de institucionalización del Estado impulsado por el presidente Abinader, en el marco del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto del país en la próxima década, así como en la estrategia nacional de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige estándares cada vez más elevados de gobernanza pública y gestión de los recursos del Estado.

Con esta decisión, el Gobierno dominicano reafirma su determinación de consolidar un servicio exterior moderno, ordenado y al servicio de los dominicanos, fortaleciendo la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y alineando su gestión con las mejores prácticas internacionales.

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El 20 de abril será juicio preliminar del caso Jet Set.

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Santo Domingo, R.D.-El receso de la audiencia preliminar dispuso el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional  contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo caso  la continuación fue fijado para el lunes 20 de abril.

La decisión del juez Raymundo Mejía busca otorgar un plazo razonable a los terceros civilmente demandados y a varios querellantes para que respondan a la acusación presentada por el Ministerio Público, la cual ya fue leída un resumen en el día de hoy.

El magistrado explicó que la próxima sesión estará dedicada a las conclusiones de las partes querellantes y aquellos que respaldan la acusación del Ministerio Público y se centran en el reclamo civil tendrán intervenciones breves.

Dispuso que quienes presentan calificaciones jurídicas distintas o análisis de hechos independientes recibirán un tratamiento acorde a la complejidad de sus planteamientos.

Una vez concluyan todos los querellantes, se fijará una fecha exclusiva para los abogados de los hermanos Espaillat y los terceros civilmente demandados.

Aunque inicialmente se evaluó el lunes 13 de abril, el tribunal descartó la fecha debido a la coincidencia con el juicio del caso Búfalo, un proceso complejo que requiere la presencia de los mismos fiscales actuantes en el expediente Jet Set.

«Le vamos a rogar a los querellantes que resuman sus exposiciones lo más que puedan para que podamos avanzar en la próxima jornada», exhortó el juez Mejía durante la audiencia.

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad penal y civil de los propietarios del establecimiento tras el desplome del techo ocurrido el 8 de abril de 2025siniestro que dejó un saldo trágico de 236 fallecidos y decenas de heridos, conmocionando a la sociedad dominicana.

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Apertura a juicio solicitan contra propietarios de Jet Set

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Santo Domingo, R.D.-El juez del Primer Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional recibió una solicitud del Ministerio Público para dictar auto de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el 8 de abril de 2025 provocando la muerte de 236 personas.

Los fiscales Enmanuel Ramírez , Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, solicitaron al magistrado Raymundo Mejía que los imputados sean enviados a juicio de fondo para responder por los hechos que se les atribuyen.

Igualmente, el órgano acusador solicitó formalmente mantener las medidas de coerción impuestas contra los acusados.

Los fiscales fundamentan su petición en la resolución 670-2025-SMDC-01177, argumentando que estas restricciones son las únicas que garantizan que los procesados no se sustraigan del proceso judicial.

Además de la libertad restringida, el Ministerio Público enfatizó la necesidad de mantener las medidas cautelares reales sobre el patrimonio de los hermanos Espaillat, las cuales incluyen inmovilización de productos bancarios y financieros, oposición al traspaso de bienes inmuebles, oposición al traspaso de vehículos de motor.

De acuerdo con el fiscal Enmanuel Ramírez, estas disposiciones legales tienen como objetivo fundamental asegurar la disponibilidad de activos para el resarcimiento económico de las familias afectadas. «Estas medidas buscan garantizar que los bienes permanezcan disponibles en beneficio de las víctimas, querellantes y actores civiles para cuando se dicte una sentencia definitiva», explicó el magistrado.

El pedido se produjo luego de que los fiscales concluyeran la lectura del resumen de la acusación. Previamente, el juez Raymundo Mejía había rechazado varios incidentes presentados por la defensa que buscaban, una vez más, el aplazamiento de la audiencia.

En la instancia acusatoria, que consta de 156 páginas, el fiscal Collado detalló la presunta responsabilidad de los hermanos Espaillat en el desplome que dejó un saldo de 236 muertos y más de 80 heridos.

El Ministerio Público tipifica los hechos como homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias. (Artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano).

Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba. Establecieron que los acusados agravaron su situación al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos de resistencia.

Además, señalaron que los propietarios ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del local, priorizando el ahorro de recursos sobre la seguridad.

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