Agencia EFE

Ciudad de México, México.-El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó este domingo el arresto de catorce personas implicadas en el contrabando de combustible, tras el decomiso en marzo pasado de diez millones de litros en el estado de Tamaulipas (noreste).

El funcionario explicó, en conferencia de prensa, que la detención estas personas -que ya había adelantado el sábado sin precisar cifra ni nombres- era resultado de los «recientes despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas».

García Harfuch citó los nombres de Manuel Roberto ‘N’, Climaco ‘N’, Humberto Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Carlos de Jesús ‘N’, Fernando Ernesto ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Endira Xóchitl ‘N’, Perla Elizabeth ‘N’, Natalia ‘N’, Ismael ‘N’, Anuar ‘N’, Héctor Manuel ‘N’ y José ‘N’.

En la víspera, distintos medios señalaron que entre los detenidos estaba el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina entre 2018 y 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En clara referencia a Farías Laguna, García Harfuch, expresó que «el actuar aislado de unos cuantos» agentes de la Secretaría de Marina (Semar) «no representa el actuar de la institución».

«Reconocemos el trabajo coordinado y permanente, por muchos años, de la Semar, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda Durán durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esa institución», agregó el secretario.

En su turno, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dijo que hace casi dos años «acudió ante la Fiscalía, el entonces Secretario de Marina (Ojeda Durán)».

«Nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución, y a partir de ese momento, nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de qué de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo los íbamos a resolver», añadió el fiscal general.

Gertz Manero relató que Ojeda Durán «pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran o no parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ningún tipo de protección en favor de nadie; hay personas prófugas y va a haber muchas más órdenes de aprehensión», añadió.

En tanto, García Harfuch contó que con el fin de desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que contribuyó «a identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguro por montos superiores, lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas».

Además, el secretario dijo que se incluyo a «veinte objetivos en la lista de personas bloqueadas, personas físicas y morales relacionadas directamente con la red criminal. Es importante señalar que es una investigación en proceso y las indagatorias continúan para detener a todos los involucrados en este delito», aseguró.

En marzo pasado, autoridades mexicanas incautaron diez millones de litros de hidrocarburos en estado mexicano de Tamaulipas, en el noreste de México, y luego, a finales de julio, decomisaron 1,8 millones de litros de hidrocarburo ilegal y un inmueble también en el mismo estado.

Estos operativos forman parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para combatir el robo y almacenamiento ilegal de combustible, denominado popularmente como ‘huachicol’, un delito que ha generado pérdidas millonarias calculadas en casi cuatro mil millones de dólares entre 2019 y 2024.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que su Gobierno llevará las investigaciones contra el robo de combustible o huachicol “hasta donde tope”, sin importar si funcionarios públicos o empresarios resultan implicados en estas redes delictivas.