Latinoamericanas
México rechazó pacto de impunidad con Odebrecht
Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y propuso dos cosas: un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico
Cortesía de El Financiero
CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, aclaró el porqué en México no hay ningún sentenciado por el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción en el ámbito continental, como en Brasil o Perú. Afirmó que esto se debe a que el gobierno peñista no quiso negociar la impunidad que pedían los directivos de empresa brasileña.
Una publicación del periódico El Financiero, de México, reseña que un portavoz participó en una mesa de debate en el noticiero de Carlos Loret, en Televisa, en el que además estuvieron María Scherer y el politólogo Leo Zuckermann.
Refirió que Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y propuso dos cosas: un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico.
“A cambio de eso nada más te pido dos cosas: la primera, impunidad para mi gente; es decir, que no se les meta a la cárcel, que no se les persiga en tu país; y dos, que yo siga teniendo mis contratos en México (…) desde luego que eso fue rechazado por México, no es transitable un acuerdo de impunidad”.
Eduardo Sánchez indicó que es “absolutamente falso” que el dinero de Odebrecht haya llegado a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, esa “acusación es infame”, aclaró.
Refirió que el responsable del despacho en la PGR, Alberto Elías, tiene la responsabilidad en sus manos, ya que está revisando los avances en la investigación alcanzados por el exprocurador Raúl Cervantes.
“Toca a él la responsabilidad de presentar la acusación, pues él está haciendo una revisión de precisamente lo que Raúl Cervantes dice que dejó terminado y que está prácticamente muy avanzado para presentar esa acusación. De manera que vamos a esperar a que quien va ser el responsable de ese asunto tenga los elementos para presentar la acusación”, subrayó.
“CULPAR AL GOBIERNO”
El funcionario fue cuestionado sobre si la filtración de información a los medios, no sólo de información patrimonial, sino de expedientes abiertos contra Ricardo Anaya, dirigente del PAN; y Alberto Anaya, dirigente del PT, puede considerarse como una “persecución política”.
“Está de moda echarle la culpa al gobierno de todo lo que ocurre”, esgrimió y reviró: “Que no se le eche la culpa al gobierno. El gobierno no compró inmuebles, el gobierno no se los puso a nombre de su familia, de manera que el señor (Ricardo Anaya) tendría que explicar de dónde salió su buena fortuna y no echarle la culpa de su mala fortuna al gobierno”.
Dijo que ante el alza en el número de homicidios dolosos y la ola de violencia que se vive en el país, es necesario hacer un ejercicio autocrítico, el cual debe reconocer cuáles son las asignaturas pendientes y cuáles son los avances.
En primer término, admitió que pese a que ha habido un esfuerzo serio de coordinación entre el gobierno federal y las entidades, y pese a la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, el país sigue teniendo un problema significativo en lo que respecta a las fortalezas de las policías locales.
“Tenemos 2 mil 440 municipios en el país, de los cuales 600 no tienen un solo policía. Mil 800 de esas corporaciones policíacas, el 80 por ciento, no llegan a 100 policías su corporación; y de ellos, el 40 por ciento no cobra más de 5 mil pesos por policía”.
–O sea, ¿el problema son las policías? –inquirió Loret de Mola.
–Con policías mal equipadas, con policías mal reclutados, sin los incentivos para hacer una carrera policiaca, etcétera, pues esa es la circunstancia –atajó.
Sánchez refirió que el Presidente envió hace casi tres años una iniciativa al Congreso para que se discutiera el mando único, la cual plantea pasar de tener mil 800 policías a sólo tener 32 perfectamente bien equipadas que le hagan frente a la violencia.
Agencia AP
Guadalajara, México.-Varios estados mexicanos cancelaron las clases el lunes, y gobiernos locales y extranjeros por igual advirtieron a sus ciudadanos que permanecieran en interiores ante una violencia generalizada que estalló tras la muerte, a manos del ejército, del poderoso líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, y por perpetrar ataques descarados contra funcionarios gubernamentales que la desafiaban.
Murió durante un tiroteo en su estado natal de Jalisco cuando el ejército mexicano intentaba capturarlo. Integrantes del cártel respondieron con violencia en todo el país, bloqueando carreteras e incendiando vehículos.
La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar al líder del cártel y aplaudió al ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países.
México esperaba que la muerte del mayor traficante de fentanilo del mundo aliviara la presión del gobierno de Trump para que haga más contra los cárteles, pero muchos permanecían atrincherados y en vilo mientras esperaban ver la reacción del poderoso cártel.
Muchos temen más violencia
La embajada de Estados Unidos dijo a través de X que su personal en ocho ciudades y en el estado de Michoacán se resguardaría en el lugar y trabajaría de forma remota el lunes, y advirtió a los ciudadanos estadounidenses en muchas partes de México que hicieran lo mismo.
Los autos comenzaron a circular en Guadalajara antes del amanecer del lunes con el inicio de la semana laboral, un cambio notable respecto al domingo, cuando la capital del estado de Jalisco y la segunda ciudad más grande de México, quedó paralizada casi por completo mientras residentes temerosos se quedaban en casa.
A los pasajeros que llegaron al aeropuerto internacional de la ciudad el domingo por la noche se les informó que operaba con personal limitado debido al estallido de violencia.
Murcia iba pasando con ansiedad distintas noticias en redes sociales que mostraban el rostro de “El Mencho” y envió mensajes a sus hijos, quienes seguían su ubicación mientras ella intentaba cruzar la ciudad hacia su casa después de anochecer.
“Mi plan hoy al salir del aeropuerto es ver si hay taxis, pero tengo miedo de todo. Que haya bloqueos, que haya toque de queda, que pueda pasar algo”, expresó. “Estoy completamente sola”.
Videos que circulaban en redes sociales el domingo mostraban a turistas en Puerto Vallarta caminando por la playa mientras una humareda se elevaba a lo lejos.
Un golpe contra un cártel podría ser un triunfo diplomático
David Mora, analista de México para International Crisis Group, señaló que la captura y el estallido de violencia marcan un punto de inflexión en el impulso de Sheinbaum por endurecer la ofensiva contra los cárteles y aliviar las presiones de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido que México haga más para combatir el contrabando de fentanilo, una droga a menudo mortal, y ha amenazado con imponer más aranceles o emprender una acción militar unilateral si el país no muestra resultados.
Había indicios iniciales de que los esfuerzos de México fueron bien recibidos por Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, reconoció el éxito de las fuerzas armadas mexicanas y su sacrificio en un comunicado a última hora del domingo. Añadió que “bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.
Pero, según Mora, también podría allanar el camino para más violencia, a medida que grupos criminales rivales aprovechen el golpe asestado al CJNG.
“Este podría ser un momento en el que esos otros grupos vean que el cártel está debilitado y quieran aprovechar la oportunidad para expandir su control y tomar el control del Cártel Jalisco en esos estados”, afirmó.
“Desde que la presidenta Sheinbaum está en el poder, el ejército ha sido mucho más confrontacional, más combativo contra los grupos criminales en México”, comentó Mora. “Esto le está señalando a Estados Unidos que, si seguimos cooperando, compartiendo inteligencia, México puede hacerlo; no necesitamos tropas de Estados Unidos en suelo mexicano”.
“El Mencho” era un objetivo principal
Oseguera Cervantes, quien resultó herido en la operación para capturarlo el domingo en Tapalpa, Jalisco, a unas dos horas en auto al suroeste de Guadalajara, murió mientras era trasladado en avión a Ciudad de México, informó la Secretaría de la Defensa en un comunicado.
Durante la operación, las tropas fueron atacadas a tiros y mataron a cuatro personas en el lugar. Otras tres personas, incluido Oseguera Cervantes, resultaron heridas y murieron después, indicó el comunicado.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a través de X que el gobierno de Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia para la operación. “‘El Mencho’ era un objetivo prioritario para el gobierno de México y el de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia nuestro territorio”, escribió. Elogió al ejército de México por su labor.
El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de “El Mencho”. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas y de más rápido crecimiento en México y comenzó a operar alrededor de 2009.
En febrero de 2025, el gobierno de Trump designó al cártel como una organización terrorista extranjera.
Sheinbaum ha criticado la estrategia de “capos” de gobiernos anteriores, que eliminaban a líderes de cárteles, solo para detonar estallidos de violencia cuando los cárteles se fragmentaban. Aunque se ha mantenido popular en México, la seguridad es una preocupación persistente y, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo hace un año, ella ha estado bajo una enorme presión para mostrar resultados contra el narcotráfico.
El cártel de Jalisco ha sido uno de los más agresivos en sus ataques contra el ejército —incluidos ataques a helicópteros— y es pionero en lanzar explosivos desde drones e instalar minas. En 2020, llevó a cabo un espectacular intento de asesinato con granadas y rifles de alto poder en el corazón de Ciudad de México contra el entonces jefe de la policía de la capital y ahora secretario federal de seguridad.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.