Mientras Gobierno dice combatir corrupción asigna obras a personas involucradas en estafas y fraudes en contra del Estado.

El último, que data de mucho tiempo atrás, tiene que ver con el uso del espectro radiofónico del Estado para comercializarlo a través de la prestadora de servicios Viva.

Es un problema que meses atrás fue prácticamente imposible resolverlo durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fruto de los vínculos de éste con sectores importantes de esa organización.

Sin embargo, no se explica que durante el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) la situación sea realmente confusa y dual con relación al tratamiento a este empresario de los medios de comunicación.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) acaba de sancionar a la empresa Viva por la comisión de graves irregularidades que han implicado multas que llegan a casi los cuatrocientos millones de pesos.

Según la resolución del Indotel número 064-2021, de fecha 08 de julio del 2021, la empresa Viva ha incurrido en la prestación de servicios de telecomunicaciones sin la correspondiente licencia y ha hecho uso del espectro radiofónico del Estado en violación de los artículos 105 y 106 de la Ley 153-98 sobre Telecomunicaciones.

Este proceso en contra de Viva se produce desde hace algunos años, pero incluso en octubre del 2020 ya se

había iniciado un caso  administrativo en su contra ante reclamos hechos al respecto por Claro y Altice.

Desde el año 2017 la empresa de Gómez Díaz ha sido notificada para que descontinuara  la práctica de usar de forma ilegal las frecuencias radiofónicas del Estado, pero esta empresa ha hecho caso omiso, lo cual la coloca como reincidente en la comisión de graves violaciones a la ley.

Las frecuencias usadas por Gómez Diaz y que son de propiedad del Estado van desde las 2110 hasta las 2120 y de las 2130 hasta las 2135 MHz.

Las sanciones en contra del grupo Telemicro se producen días después del propio presidente de la República, Luis Abinader, anunciar al país que una empresa de ese consorcio había sido beneficiada con la adjudicación de una obra pública que alcanza los 2 mil 700 millones de pesos para la construcción del malecón de Nagua y que incluye un helipuerto.

Estas acciones plantean una situación muy delicada, ya que una persona física o jurídica involucrada en una estafa en contra del Estado cómo puede ser beneficiaria de una obra pública sin que las autoridades se percaten de que no es procedente dejar concursar a empresas cuyos propietarios tienen problemas legales con el Estado.

La compañía Trigoly Dominicana, S.A. anuncio que interpondrá los recursos administrativos y jurídicos que estén a su disposición.

Todo ello deja tantas dudas de las andanzas del presidente Luis Abinader, porque sus acciones no parecen tener un sendero claro y coherente, ya que antes había nombrado en la administración pública a personas que tienen comprometida su responsabilidad civil y penal.

Lo del grupo Telemicro y su propietario Juan Ramon Gómez Diaz es sólo otro ingrediente más en la confusa conducta de los funcionarios del Gobierno, incluido el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuyo titular fue de los que apareció públicamente con el presidente Luis Abinader para anunciar la adjudicación de la obra al empresario Juan Ramón Gómez Díaz, propietario del grupo Telemicro.