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Apelarán fallo que beneficia a Jean Alain Rodríguez.
Un recurso de revisión jurisdiccional presentará esta semana la Dirección General de Migración (DGM) ante el Tribunal Constitucional para impugnar la sentencia que condena a la institución, junto a su director Luis Rafael Lee Ballester, por impedir la salida del país del exprocurador Jean Alain Rodríguez y su familia en 2020 y 2021.
La medida busca que el alto tribunal determine si el fallo de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se ajustó al derecho. El plazo para apelar vence este jueves 16.
La directora de Extranjería, Laura Mariñez Espinal, explicó que la decisión judicial “fue una sorpresa”, ya que, según afirmó, Migración no tiene facultad para colocar una alerta migratoria por cuenta propia, sino que solo administra el sistema de control fronterizo.
“Migración no se apodera a sí misma para colocar una oposición. Migración es simplemente la institución que gestiona el sistema de control migratorio, pero no toma la decisión por decisión propia”, sostuvo Mariñez.
“La institución pretende esta semana presentar su escrito para apelar esa decisión que se ha tomado y que ya el Tribunal Constitucional pondere si procede o no realmente esa condena a la institución”.
La medida busca que el alto tribunal determine si el fallo de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se ajustó al derecho
El director de Migración calificó también la sentencia como “una gran sorpresa” y evitó ofrecer más detalles, debido a que el proceso judicial continúa abierto.
El tribunal acogió una acción de habeas data presentada por la defensa del exprocurador, ordenando a Migración entregar los documentos que dispusieron la restricción migratoria en noviembre de 2020 y junio de 2021.
También impuso una multa de RD$30,000 diarios por cada día de retraso en cumplir con esa orden.
En junio de 2021, las autoridades arrestaron al exprocurador, quien ejerció durante la segunda administración del expresidente Danilo Medina, por acusaciones de desviar fondos públicos hacia grupos que apoyaban al Partido de la Liberación Dominicana y destruir registros relacionados con extradiciones, incautación de activos y actividad delictiva.
Se le acusa de defraudar al Estado en más de RD$6 mil millones como parte de una compleja red criminal cuyas actividades incluían conspiración, fraude, soborno, falsificación de documentos públicos, robo de identidad, ciberdelito y blanqueo de dinero.
El arresto se produjo luego de que se impidiera a Rodríguez abordar un vuelo con destino a Florida el 24 de junio de 2021.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.