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Deportación masiva de haitianos por parte de gobierno dominicano.
Santo Domingo, R.D.-El gobierno dominicano a través de La Dirección General de Migración informó este domingo que en los primeros 17 días de este mes de octubre ha reconducido a Haití a 23,535 migrantes haitianos, «en promedio, 1,384 personas por día».
De acuerdo con información suministrada por el organismo a Diario Libre, de esa cantidad 15,488 corresponden a los migrantes deportados tras ser detenidos durante los operativos de los agentes migratorios desplegados en el país con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran), la Policía Nacional y el Ministerio Público.
A su vez, los 8,047 restantes son repatriaciones de aquellos nacionales que voluntariamente han decidido retornar a su país.
Desde el 3 de octubre, Migración tiene una meta de deportar hasta 10 mil migrantes haitianos semanales.
- Entre los días 1 y 2 de octubre recondujo 1,960 haitianos. El Gobierno dominicano ha dicho que la entrada masiva de haitianos sin aval legal para estar en el país representa una presión insostenible en los servicios públicos.
Queja haitiana ante la comunidad internacional
En estos 14 días de operativos, la medida ha sido criticada por las autoridades haitianas y la queja ha sido llevada a diferentes foros internacionales. Y el pasado lunes, el Gobierno del vecino país condenó las «las deportaciones masivas y discriminatorias de haitianos e incluso de ciertos extranjeros por parte de la República Dominicana sin respeto a los procedimientos legales y sin consideración a la dignidad humana y esto en un contexto de creciente xenofobia».
Los haitianos escenificaron el jueves una protesta en el Centro Vacacional de Haina, alegando que pasan hambre y que las condiciones no son óptimas. Según Migración, la revuelta inició porque estos imploraban su deportación inmediata.
En medio de estas críticas, el Gobierno dominicano y Migración, de manera particular, ha garantizado que respeta los derechos humanos de los migrantes, siguiendo el protocolo de depuración y tratamiento para los fines. Instalaron una unidad móvil de los Comedores Económicos para dotar de alimentos a los migrantes en lo que dura su estadía en ese centro de acogida.
El viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores tildó de «acoso internacional«, lo que las autoridades haitianas están haciendo en contra de la República Dominicana ante la comunidad internacional. Emitió una nota diplomática defendiendo nueva vez la política migratoria del país que el propio Gobierno haitiano reconoció en el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación firmado por ambos países en 1999.
Lamentó que el gobierno haitiano en vez de concentrarse en enfrentar la crisis que atraviesa se haya dedicado a «acosar» a la República Dominicana.
«Resulta lamentable que en lugar de fortalecer los esfuerzos por enfrentar la crisis haitiana para que cesen las causas endógenas de la emigración desde ese país, las autoridades haitianas se concentren en acosar y denunciar las acciones del Gobierno dominicano en aplicación de su marco regulatorio, las cuales han sido reconocidas como legítimas por el propio Estado haitiano», añadió el Mirex en un comunicado enviado a los medios.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.