Santo Domingo, R.D.-El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional exoneró de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un violento ataque con arma blanca que resultó en la muerte de una mujer de 70 años y dejó a otras cinco personas heridas en el Ensanche Naco.

De inmediato, el abogado Miguel Valerio, representante legal de los familiares de la víctima, criticó el fallo.

Por otro lado, el abogado defensor, Richard Martínez, se mostró conforme con la decisión. Alegó que existe un informe forense que establece que, el día de los hechos, Pumarol se encontraba bajo un brote psicótico, argumentando que ante una enfermedad de tal magnitud no existe culpabilidad penal.

Martínez añadió que, tras su salida de prisión, su cliente será trasladado a un centro especializado para recibir tratamiento, aunque no especificó la duración del mismo.

Contradicciones en los informes

Cabe destacar que un informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contradice la premisa de la defensa, al establecer que el imputado posee la capacidad cognitiva necesaria para comprender los hechos, prestar testimonio y afrontar un juicio de fondo.

Detalles del suceso

El incidente ocurrió el miércoles 23 de julio de 2025, cuando Pumarol Fernández atacó con un arma blanca a varias personas. En la tragedia falleció la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años. Además, resultaron heridos Guillermo Pumarol (padre del agresor), Teresa Fabián Heredia (cuidadora), y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.

Santo Domingo, R.D.-República Dominicana avanza su incursión en el sector aeroespacial con la presentación del proyecto de puerto espacial comercial en Pedernales, cuya inversión estimada asciende a los 600 millones de dólares, según informó Burton Catledge, CEO de la empresa Launch On Demand (LOD Holdings), durante el acto de presentación en el Palacio Nacional.

El proyecto tendrá como ubicación el municipio de Oviedo, en la provincia de Pedernales, como lo había anunciado el presidente Luis Abinader en la rendición de cuentas del 27 de febrero de este año.

«El futuro del espacio dependerá de quien se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio es posible», expresó Catledge.

Reveló que el diseño del proyecto inició hace apenas dos semanas, mientras que el primer lanzamiento espacial se estima que será en mayo de 2028.

El proyecto 

El proyecto contempla la construcción de un puerto espacial comercial acompañado de un hub energético integrado, con capacidad estimada de 200 megavatios, orientado tanto a las operaciones aeroespaciales como al fortalecimiento de la red eléctrica nacional, de acuerdo a la Presidencia de la República.

Asimismo, se prevé el desarrollo de infraestructura logística, hídrica y tecnológica, incluyendo una planta desalinizadora y sistemas avanzados para la mitigación acústica durante los lanzamientos.

La Presidencia informó en un comunicado de prensa que en el ámbito legal, el proyecto se desarrollará conforme a un marco regulatorio adaptado a las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia modelos como los de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, transparentes y competitivas. Este enfoque busca facilitar la inversión extranjera y promover la participación de la República Dominicana en acuerdos estratégicos como CAFTA-DR.

El modelo financiero estará basado en inversión privada, alianzas estratégicas y mecanismos internacionales de financiamiento para infraestructura, con una inversión estimada de más de 600 millones de dólares, orientados a asegurar la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo del proyecto.

El plan incluye una planta energética híbrida de 200 megavatios para abastecer las operaciones, así como infraestructura complementaria que abarcaría desalinización de agua, producción de propelentes y servicios logísticos.

De acuerdo con el CEO de Launch On Demand, el modelo de negocio generaría ingresos a través de diversas áreas, entre ellas la generación energética, producción de gases industriales, desalinización, licenciamiento, lanzamientos espaciales y servicios de mantenimiento y soporte satelital.

Durante la exposición también se hizo referencia a casos como Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, destacando que este tipo de infraestructuras puede desarrollarse en armonía con el medio ambiente, bajo estrictas evaluaciones.

Santo Domingo, R.D.-Desde hace mucho tiempo que en el pais se advierte que el problema no es sólo de los gobernantes, sino tambien de los goernados, cuya expresion de esa realidad es la decisión  de los representantes legales de las familias Reyes y Mota, quienes  formalizaron un desistimiento de la acción penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el abogado Ángel Lockward, implicados en el caso Calamar, lo cual se convierte en una causal para que la justicia no cumpla con su papel frente a grandes estafas en contra del Estado.

Los representantes legales de los querellantes explicaron que, tras una revisión exhaustiva de las pruebas y la documentación del expediente, determinaron que los pagos cuestionados se realizaron conforme a la ley y que no existen fundamentos que comprometan la responsabilidad penal de los imputados.

Durante la fase de réplica, los abogados de ambas familias explicaron al tribunal que los compromisos financieros vinculados al expediente fueron cumplidos de manera correcta y transparente.

Según sus declaraciones, las operaciones bajo análisis no constituyeron irregularidades, lo que motivó el retiro inmediato de la querella.

Cabe destacar que este nuevo desistimiento se suma a una tendencia creciente en el proceso, donde decenas de querellantes originales han optado por retirar sus acciones tras validar la legitimidad de las transacciones.

Al respecto, la abogada María del Pilar Zuleta, parte de la defensa técnica de Donald Guerrero, señaló que estas decisiones de las familias evidencian “profundas debilidades” en la acusación presentada por el órgano persecutor.

La audiencia continuó con la participación de las demás partes procesales, mientras el tribunal sigue conociendo las réplicas y argumentos presentados por los distintos actores involucrados en esta etapa preliminar del proceso judicial.

El ministerio público le imputa en el presunto entramado de corrupción, desmantelado a través de la operación Calamar. El proceso involucra también a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.