Santo Domingo, RD.- El publicista de ex-procurador general de la República, Miguel José Moya, proclamó su inocencia y dijo que su contrato con la Procuraduría General de la República y por el que es investigado actualmente no fue ilegal, el cual alcanzó un monto de veinte millones de pesos.Nacionales
Mensaje de imputado en Operación Medusa para Jeni Berenice y Camacho.
Santo Domingo, RD.- El publicista de ex-procurador general de la República, Miguel José Moya, proclamó su inocencia y dijo que su contrato con la Procuraduría General de la República y por el que es investigado actualmente no fue ilegal, el cual alcanzó un monto de veinte millones de pesos.En un video publicado en Facebook, donde no se especifica la fecha de filmación, Moya se presenta como fundador de DIO, Desarrollo de Individuos y Organizaciones, empresa fundada en 2001 en la que asegura ni él, su esposa ni sus colaboradores “han sido parte de un acto ilícito, mucho menos ser parte de un entramado criminal y mafioso con fines de lucro, jamás en 30 años de carrera y 20 años de la institución han dio parte de un acto ilícito».
En su mensaje, con el que dijo rompe el silencio, puntualizó varios aspectos, entre ellos la forma del escrutinio al que ha sido sometido que califica de “brutal, humillante y excesivo”.
También se desligó del incidente entre el pasado procurador Jean Alain Rodríguez con la magistrada Miriam Germán en la reunión del Consejo de la Magistratura y una exhortación que le hace a los magistrados Wilson Camacho y Yeni Berenice Reinoso.
Indicó que la primera invitación que le hiciera el Ministerio Público estaba fundamentado en un contrato que su empresa había realizado. “En una licitación pública con todo el rigor de la ley, se desarrolló a inicio de 2018. Este contrato establecía un compromiso de nuestra empresa con la PGR de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, charlas, seminarios, que debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte y capacitación y nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y de colaboración y orientación cuando ellos requirieran.
La interpretación que se hace de este contrato nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como un fraude. Los magistrados consideran o interpretan que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas que incluían, además, en la parte de recursos humanos el acompañamiento y la orientación, la conducción y manejo de crisis que sucedían de manera frecuente y simultánea, incluyendo la crisis provocada por los encartados de Odebrecht con la institución”.
“El segundo mensaje que debo compartir es con la magistrada procuradora Miriam Germán, debe usted saber señora procuradora que Miguel José Moya y ninguno de nuestros colaboradores tenía conocimiento previo de aquel incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Observé aquel bochornoso evento con el mismo estremecimiento con que lo vieron miles de ciudadanos y le confieso que sentí la misma indignación ante lo que a una simple mirada, parecía una indignación. Desconocía las interioridades de aquella confrontación. Fue para mí, igual que para muchos otros de mis colaboradores una desagradable sorpresa”.
“Mi último mensaje va dirigido a los señores procuradores Yeni Berenice y al señor Wilson Camacho, ustedes llevan a cabo la tarea de satisfacer la expectativa ciudadana de altísimo valor emocional y moral como que se haga justicia y que termine la corrupción y la impunidad. Al conocerlos, ahora más de cerca pude constatar su pasión, determinación y honestidad en esa búsqueda.
Al alcanzar ese logro de tan alto significado deben ustedes comprender que ese logro le proporcionará un mérito extraordinario, quizás único en la trayectoria de ambos, les pido de todo corazón que el mérito que esa búsqueda le proporcione a ambos no les nuble la razón ni le opaque el discernimiento de manera tal, que no logren distinguir entre lo verdadero de lo falso y la luz de la oscuridad”.
Moya finalizó pidiéndole a Dios fortaleza. “Pido a Dios y a su providencia divina que nos de fortaleza, esperanza y fe para enfrentar este dramático proceso que comparto junto a mi familia y a mis seres queridos”.
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Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
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Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La destitución de Cordero se conoció horas más tarde ese mismo día. Medios estadounidenses confirmaron, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, que Cordero había sido arrestado como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidense para informantes confidenciales.
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
La menor murió en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago de los Caballeros, durante una actividad recreativa organizada por el centro educativo.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
“Ni siquiera se incluyó al presidente del colegio Leonardo Da Vinci ni a los propietarios de la Hacienda Los Caballos, quienes tampoco habrían cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y la Defensa Civil”, expresó.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
En medio del dolor, la madre de la menor fallecida, Loveli Raphael, salió de la sala de audiencia visiblemente afectada y entre lágrimas expresó que lo único que desea es que se haga justicia por la muerte de su hija.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
La jurista explicó que la corte evaluó los argumentos presentados antes de ratificar la medida de coerción.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.