Santo Domingo, RD.- El publicista de ex-procurador general de la República, Miguel José Moya, proclamó su inocencia y dijo que su contrato con la Procuraduría General de la República y por el que es investigado actualmente no fue ilegal, el cual alcanzó un monto de veinte millones de pesos.Nacionales
Mensaje de imputado en Operación Medusa para Jeni Berenice y Camacho.
Santo Domingo, RD.- El publicista de ex-procurador general de la República, Miguel José Moya, proclamó su inocencia y dijo que su contrato con la Procuraduría General de la República y por el que es investigado actualmente no fue ilegal, el cual alcanzó un monto de veinte millones de pesos.En un video publicado en Facebook, donde no se especifica la fecha de filmación, Moya se presenta como fundador de DIO, Desarrollo de Individuos y Organizaciones, empresa fundada en 2001 en la que asegura ni él, su esposa ni sus colaboradores “han sido parte de un acto ilícito, mucho menos ser parte de un entramado criminal y mafioso con fines de lucro, jamás en 30 años de carrera y 20 años de la institución han dio parte de un acto ilícito».
En su mensaje, con el que dijo rompe el silencio, puntualizó varios aspectos, entre ellos la forma del escrutinio al que ha sido sometido que califica de “brutal, humillante y excesivo”.
También se desligó del incidente entre el pasado procurador Jean Alain Rodríguez con la magistrada Miriam Germán en la reunión del Consejo de la Magistratura y una exhortación que le hace a los magistrados Wilson Camacho y Yeni Berenice Reinoso.
Indicó que la primera invitación que le hiciera el Ministerio Público estaba fundamentado en un contrato que su empresa había realizado. “En una licitación pública con todo el rigor de la ley, se desarrolló a inicio de 2018. Este contrato establecía un compromiso de nuestra empresa con la PGR de contribuir con una extensa estrategia de desarrollo organizacional y de estabilidad clima laboral. Para ello diseñamos un complejo programa de capacitación, conferencias, charlas, seminarios, que debía ser ejecutado por la Procuraduría y sus estructuras de soporte y capacitación y nuestra contribución era eminentemente intelectual y de acompañamiento y de colaboración y orientación cuando ellos requirieran.
La interpretación que se hace de este contrato nos coloca en el riesgo de que esto sea interpretado como un fraude. Los magistrados consideran o interpretan que lo que se denomina en el título del contrato entra en conflicto con las tareas realizadas que incluían, además, en la parte de recursos humanos el acompañamiento y la orientación, la conducción y manejo de crisis que sucedían de manera frecuente y simultánea, incluyendo la crisis provocada por los encartados de Odebrecht con la institución”.
“El segundo mensaje que debo compartir es con la magistrada procuradora Miriam Germán, debe usted saber señora procuradora que Miguel José Moya y ninguno de nuestros colaboradores tenía conocimiento previo de aquel incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura. Observé aquel bochornoso evento con el mismo estremecimiento con que lo vieron miles de ciudadanos y le confieso que sentí la misma indignación ante lo que a una simple mirada, parecía una indignación. Desconocía las interioridades de aquella confrontación. Fue para mí, igual que para muchos otros de mis colaboradores una desagradable sorpresa”.
“Mi último mensaje va dirigido a los señores procuradores Yeni Berenice y al señor Wilson Camacho, ustedes llevan a cabo la tarea de satisfacer la expectativa ciudadana de altísimo valor emocional y moral como que se haga justicia y que termine la corrupción y la impunidad. Al conocerlos, ahora más de cerca pude constatar su pasión, determinación y honestidad en esa búsqueda.
Al alcanzar ese logro de tan alto significado deben ustedes comprender que ese logro le proporcionará un mérito extraordinario, quizás único en la trayectoria de ambos, les pido de todo corazón que el mérito que esa búsqueda le proporcione a ambos no les nuble la razón ni le opaque el discernimiento de manera tal, que no logren distinguir entre lo verdadero de lo falso y la luz de la oscuridad”.
Moya finalizó pidiéndole a Dios fortaleza. “Pido a Dios y a su providencia divina que nos de fortaleza, esperanza y fe para enfrentar este dramático proceso que comparto junto a mi familia y a mis seres queridos”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.