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«No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo», dice Ortiz Bosch.
Santo Domingo, R.D.-Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental (Degeig), reaccionó a la desconexión que recibieron los dispositivos semafóricos del Distrito Nacional que ocasionó, durante la última semana de agosto, un desorden por el en taponamiento de las principales avenidas.
Ante esto, Ortiz Bosch mostró su rechazo al contrato realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la empresa Transcore Latam SRL, encargada de gestionar el sistema de control al tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Ya que, según manifestó, no favorece que acuerdos suspendidos se mantengan activos en las instituciones públicas.
“Yo quería hablar solamente sobre el tema del Senado. Entonces solo diré una palabra y me voy de una vez: No me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo”, dijo Bosch al terminar su participación en una actividad desarrollada en el Senado de la República.
La posición de la funcionaria se debe a que el mismo convenio, que beneficiaría con más de mil trescientos millones de pesos a la compañía internacional por brindarle al Intrant “mejorías” a la red semafórica del país, fue suspendido el 30 de octubre de 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tras el hallazgo de “indicios de irregularidades en el proceso de licitación”.
Esto, Las publicaciones de los medios de comunicación y la continuidad de acusaciones por desarrollar un proceso de licitación con “irregularidades” provocaron que el exdirector del Intrant, Hugo Beras, solicitara una licencia sin disfrute de sueldo.
Presidente del Senado
Al igual que Bosch, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, deploró el caos vivido en días pasados por los capitaleños en el parque vehicular del polígono central y solicitó a los organismos estatales establecer consecuencias para los culpables.
“Entiendo que los órganos correspondientes deben dar seguimiento y una respuesta a esa situación que afecto a la ciudadanía, con consecuencias para quienes no cumplieran… y si fue un atentado, para que también paguen las consecuencias”, dijo De los Santos, quien acompañaba a la titular de la Digeig.
Intrant
La compañía procedió el pasado 27 de agosto a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Estos trabajos, realizados sin el consentimiento previo del Intrant, constituyeron una violación a los acuerdos institucionales establecidos.
Al detectar esta situación, el Intrant notificó de inmediato a Transcore sobre este incumplimiento.
Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcore cesó todos sus servicios al Intrant a las 10:44 p.m. del mismo 27 de agosto, notificando su decisión a través de un chat interno entre sus técnicos principales y funcionarios del instituto.
Medidas adoptadas:
1. Rescindir de manera inmediata el contrato relacionado con la contratación de servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema, del centro de control de tráfico y la red semafórica del gran Santo Domingo suscrito con la empresa Transcore Latam SRL, firmado el 19 de junio del 2023, así como cualquier otro derivado del mismo, con todas las consecuencias legales pertinentes.
2. Mantener y fortalecer el control del sistema semafórico nacional bajo la administración directa del Estado dominicano, a través del Intrant.
3. Solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los acontecimientos expuestos en esta declaración a fin de determinar responsabilidades que correspondan. Como pueden ver debido a lo delicado de la situación que manejamos por varios días, nuestro silencio correspondió a las acciones estratégicas para devolver al Estado lo que le pertenece al Estado”.
Santo Domingo, R.D.– La resolución 00263-2024 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a favor de los pensionados y jubilados del Estado dominicano dispone el aumento de la cobertura y beneficios para los planes especiales transitorios de servicios de salud de la población en condición de retiro.
La medida, que ordena reducir al 3.2% los aportes de los pensionados y jubilados al Seguro Familiar de Salud (SFS) hasta el tope de 10 salarios mínimos nacional, garantizará coberturas adicionales aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y ampliará la red de prestadores de servicios de salud en todo el país, incluyendo clínicas, laboratorios y centros diagnósticos, para mejorar el acceso y la calidad de la atención.
Esta disposición entrará en vigor de forma retroactiva a partir del 01 de diciembre de 2024, impactando positivamente a jubilados y pensionados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), médicos, maestros, policías, exmiembros de los cuerpos castrenses y sus dependientes directos.
Para la aplicación de los nuevos beneficios, el Gobierno dispuso una inversión de más de mil 600 millones de pesos y emitió el decreto 644-24 para reducir al 3.2% el aporte de los pensionados, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los jubilados y pensionados.
La resolución establece los nuevos per cápita por ampliación de red e inclusión de nuevos beneficios e instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud ARS SeNaSa, ARS CMD y ARS SEMMA brindar los servicios y actualizar un listado con los nuevos Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
Sobre SISALRIL
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es la institución responsable de garantizar el derecho a la salud y la protección ante riesgos laborales de la población de manera oportuna y con calidad, mediante la regulación y supervisión en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Es una entidad autónoma del Estado, establecida el 9 de mayo de 2001 mediante la Ley No. 87-01 que crea el SDSS.
Restauración.–Varias personas de nacionalidad haitiana fueron apresadas por autoridades conjuntas para ser investigados con relación al robo efectuado en la residencia de la señora Martina Valdez, a quien también hirieron por arma blanca en el municipio de Restauración.
En un amplio operativo encabezado por el teniente coronel Caba Suriel, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), el Ejército de República Dominicana y la Policía Preventiva, se realizan las detenciones para tratar de esclarecer el hecho donde resultó afectada por golpes y heridas la señora Martina Valdez de 61 años de edad.
Se presume que un hombre de origen haitiano es el responsable de amordazar y provocarle heridas a la señora Martina Valdez de 61 años para robarle sus pertenencias.
Este hecho ocurrió alrededor de la siete de la noche del lunes cuando la señora Valdez se encontraba en su residencia de la calle Duarte de dicho municipio.
Caba Suriel manifestó que no permitirá que antisociales siembren la intranquilidad de las personas de bien en esta provincia, por lo que pidió a los malhechores a abstenerse de infringir la ley.
Santo Domingo, R.D.-Fue descargado de responsabilidad penal el agente de Migración Carlos Jiménez Rosario, cuya decisión provino del Primer Tribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo de un hecho que se produjo por supuestamente violar sexualmente a una haitiana en septiembre del 2023 en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA)
La información la ofreció su abogado Óscar de León, quien dijo que la supuesta víctima Stephy Graph Cadichon, de 31 años, nunca compareció al tribunal y tampoco fue posible localizarla en Estados Unidos donde habría viajado.
Graph Cadichon imputó al agente haber abusado sexualmente de ella luego de una supuesta discusión que sostuvieron en la terminal aérea, porque la extranjera presuntamente intentó viajar con un visado falso de un niño que la acompañaba.
Según su denuncia, Jiménez Rosario la llevó a un cuarto del aeropuerto donde la violó.
De León explicó que los jueces Elizabeth Rodríguez, Flor Batista y José Leonel Asencio emitieron la sentencia absolutoria a favor de Jiménez Rosario por insuficiencia probatoria.
El agente duró preso siete meses en la cárcel Najayo-Hombres, como medida de coerción, la cual se le varió por presentación periódica y una garantía económica cuando fue enviado a juicio de fondo.
La extranjera tenía un proceso abierto en su contra por supuesta visa falsa, en el que se le declaró en rebeldía.