Sostuvo que la lucha contra la impunidad es un compromiso de los poderes públicos
SANTO DOMINGO. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), consideró que la propuesta de supresión del período constitucional actual y la posterior realización de elecciones presidenciales y congresuales tipifican claramente la figura jurídica de un “Golpe a la Constitución”, mediante la ruptura del orden constitucional.
Ray Guevara se refirió a la propuesta de algunos intelectuales de recortar el mandato del presidente Danilo Medina, cuya elección obtuvo una votación de más de 60%, sin que se presentara ningún recurso jurisdiccional ni administrativo contra esos resultados, así como la remoción completa de los jueces de las Altas Cortes, del Tribunal Superior Electoral (TSE), la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas, antes de cumplirse sus respectivos mandatos constitucionales.
“La promoción de una Asamblea Constituyente, inexistente en el modelo constitucional vigente, con la finalidad de redactar una nueva Constitución; la supresión del período constitucional actual y la posterior realización de elecciones presidenciales y congresuales tipifican claramente la figura jurídica de un Golpe a la Constitución, mediante la ruptura del orden constitucional, lo que nos retrotraería al golpe de Estado perpetrado contra el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963”, expresó en un comunicado divulgado ayer.
Opinó que la democracia dominicana necesita ser consolidada, pero el marco institucional vigente posee las herramientas necesarias para garantizar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la paz pública.
“El país necesita más Constitución, y no la eliminación del más avanzado texto de Iberoamérica -al decir del gran constitucionalista español Diego López Garrido-, proclamada el 26 de enero de 2010 y modificada puntualmente en el tema de la reelección, el 13 de junio de 2015”, enfatizó.
Dijo que la lucha contra la impunidad y la corrupción debe ser un compromiso permanente de los ciudadanos y de los poderes públicos, incluyendo al poder jurisdiccional integrado por el Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Constitucional.
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