Santo Domingo, RD.-Menos de 80 mil butacas ha recibido el Ministerio de Educación de 600 mil licitadas en los últimos cinco años, según Angel HernándezNacionales
Fraudes en perjuicio del Minerd en diferentes transacciones, según el ministro.
Santo Domingo, RD.-Menos de 80 mil butacas ha recibido el Ministerio de Educación de 600 mil licitadas en los últimos cinco años, según Angel HernándezAsí lo dio a conocer la mañana de este martes el ministro Ángel Hernández, quien además señaló que a todos esos suplidores se les pagó el 20 % de los fondos.
El funcionario expresó, al ser entrevistado en el espacio televisivo “El Día”, que estas no han sido las únicas licitaciones que han presentado inconvenientes en el ministerio.
“Todavía al día de hoy, hay suplidores que tienen pendiente entregar más de 300 mil dispositivos electrónicos al Minerd y muchos de los que ya fueron entregados tienen muchas limitaciones, no reúnen las condiciones que fueron pactadas”, manifestó Hernández.
En ese sentido, el ministro dijo que a raíz de la situación, por primera vez se han eliminado más de 70 contratos de suplidores, a los que se les ha solicitado la suspensión de su registro de proveedores del Estado. “Se han sometido personas para que devuelvan el dinero y aún faltan muchos más”, aseveró.
Señaló además que la institución tiene actualmente un equipo de abogados que está investigando todas las licitaciones que se han hecho en el Minerd, tratando de determinar cuáles de todos los contratos han sido cumplidos y cuáles no.
El 4 %
Durante la entrevista, el ministro se refirió a las declaraciones emitidas en días pasados por la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera, quien manifestó que el 4 % de asignación presupuestaria para la educación no ha dado los frutos esperados porque, desde el propio Minerd se han aprovechado los recursos “para aspiraciones políticas”.
“Las primeras declaraciones que hice cuando llegué al ministerio fue que el 4 % se había ido hacia el zafacón porque el impacto que tiene el 4 % en lo que es la calidad del sistema educativo es de apenas un 5 % de ese monto global, los demás fondos se dedican a salarios de docentes y lo que tiene que ver con temas de pensiones del ministerio”, acotó Hernández.
Escuelas
Sobre el estado de deterioro de algunos planteles escolares, el funcionario reconoció que hay mucho que resolver con urgencia, debido a que hay escuelas que “no tienen energía eléctrica, agua potable ni la estructura física correcta”.
“Si yo tengo escuelas en esas condiciones el año que viene, yo renuncio, porque eso es una gran irresponsabilidad (…) Estamos transfiriendo ahora mismo 3,400 millones de pesos para resolver todos esos problemas que ustedes están viendo en las escuelas”, subrayó.
En cuanto a los hechos violentos entre estudiantes que se han suscitado en las últimas semanas en los centros educativos, el ministro dijo que están trabajando para instalar un “sistema telefónico a nivel nacional con un grupo de psicólogos para atender ese tipo de situaciones y orientar a la familia, y a los estudiantes”.
Asimismo, aprovechó el espacio para invitar a los padres y docentes a unirse, entendiendo que “erradicar la violencia en las escuelas y en la sociedad es un trabajo colectivo”.
Nombramientos
El ministro habló, además, en relación con las recientes manifestaciones de maestros que aprobaron el Concurso de Oposición Docente y aún no han sido nombrados en el sistema educativo por una supuesta escasez de plazas.
“La ley dice claramente quien puede ser designado y quien no, se hizo un concurso y se designaron 24 mil maestros, unos 5 mil más de los que estaban pautados, y los que no, pasan al Registro de Elegibles, para que cuando haya una vacante una de esas personas sean llamadas”, explicó.
El funcionario aclaró que los nombramientos “no son por obligación” y que, según él, se designan a los profesores de acuerdo a la necesidad de la escuela y a las competencias del profesional del magisterio.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.