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Niegan reducción de Jornada Escolar Extendida, pese carta regional de San Cristóbal
Santo Domingo, R.D.-Fue negada este lunes por el Ministerio de Educación (Minerd) que pretenda eliminar la Jornada Escolar Extendida, pese a la circulación de una carta “oficial” firmada por la Dirección Regional de Educación 04, instruyendo la aplicación de dos tandas.
La directora de Comunicaciones del Minerd, Yahaira Brea, se unió a las declaraciones ofrecidas el pasado sábado por el director regional de San Cristóbal, Máximo Castillo Castillo, quien negó, de manera enfática, esta versión confirmada por algunos maestros.
Brea, durante una conversación con reporteros del Listín Diario, negó la versión, sin ofrecer mayores detalles al respecto.
Mientras que Castillo, quien figura firmando el comunicado, aclaró que se están reorganizando espacios para facilitar la asistencia de todos los alumnos, permitiendo ofrecer los servicios educativos en condiciones óptimas.
“Eliminar la Jornada Extendida”
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) continuó deplorando este lunes las acciones gubernamentales, mostrando la carta firmada supuestamente por el director del Distrito Educativo 04-03, situado en San Cristóbal, en la cual le pide a quienes dirigen las escuelas de ese municipio aplicar una formación de dos tandas para garantizar el ingreso de los estudiantes.
Esto aseguraría, según dispone el texto, que los menores de edad puedan acceder a la matrícula, sin impedimento por “razones de capacidad física o administrativa”.
“En aquellos centros donde no exista disponibilidad de cupo en determinados grados, se ha instruido la formación de dos tandas como medida para garantizar el ingreso de todos los estudiantes que soliciten matrícula. Esta acción busca asegurar el derecho de cada niño, niña y adolescente a una educación digna sin exclusiones por razones de capacidad física o administrativa”, versa la misiva emitida el pasado 16 de julio, compartida en una rueda de prensa por el exministro Melanio Paredes y el expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Radhamés Camacho.
Sin embargo, el Minerd junto a la Dirección Regional, reiteró que esta información no es cierta.
Carta firmada por la Dirección Regional de 04-03Fuente externa
“Proteger conquista”
La ADP, presidida por Eduardo Hidalgo, consideró que la tanda extendida es una conquista, la cual no debe ser sacrificada.
“Como por ejemplo: ubicar espacios disponibles en esas comunidades que se puedan alquilar. La tanda extendida fue un logro del sistema para que los niños tengan acceso a una educación integral, a la vez que ofrece una alternativa económica a las familias dominicanas”, sugirió a través de nota de prensa enviada a los medios de comunicación.
Propuestas de la oposición
Restando alrededor de 20 días para el comienzo del año escolar 2025-2026, organizaciones políticas opositoras continúan denunciando la falta de cupos para los alumnos dominicanos. En esta ocasión, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó una serie de medidas que podrían atender a los reclamos de la “ciudadanía”.
– Detener de manera inmediata los aprestos para unificar el Minerd y Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
– Transparencia total en los recursos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
– Garantizar la aplicación de la evaluación del desempeño a los maestros y maestras.
– Presentar un plan de construcción escolar con un cronograma público al que podamos dar seguimiento para completar las miles de aulas abandonadas.
– Cumplir con los compromisos del Pacto Educativo, que incluye la universalización de la Jornada Escolar Extendida.
«No vamos a permitir que destruyan el futuro de nuestros niños. Las familias dominicanas no merecen esta angustia, los niños dominicanos no merecen este abandono», concluyó diciendo Paredes en el encuentro con la prensa desarrollado en la Casa Nacional del PLD.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.