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Ministerio de Defensa aumenta seguridad ante la salida de la Minustah de Haití
SANTO DOMINGO. La salida de la Misión de Estabilización en Haití (Minustah), dio paso a un reforzamiento de la frontera dominicana para enfrentar cualquier situación que pudiera generarse desde la vecina nación.
El ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, confirmó ayer que unos 800 nuevos uniformados fueron sumados a la seguridad para salvaguardar la zona fronteriza.
Desde julio pasado, las policías de Haití y República Dominicana acordaron el establecimiento de oficiales de enlaces ubicados en ambos países para facilitar el intercambio de información que ayude a contrarrestar el crimen. La decisión fue tomada en un encuentro que contó con la participación del jefe del componente policial de la Minustah, Georges-Pierre Monchotte, ante su retiro.
En torno al tema, Paulino Sem precisó que la frontera está reforzada desde antes de la salida de la Minustah.
Al ser cuestionado respecto a cuántos nuevos militares fueron incorporados, se limitó a responder: “De reforzó con 800”.
La Minustah culminó el pasado domingo la labor que realizaba desde hace 13 años en Haití, con más de 2,300 cascos azules.
A partir de este lunes se inició una nueva misión dispuesta por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se trata de la Misión para el Apoyo a la Justicia en Haití (Minujusth), integrada por 7 unidades de Policía con 295 oficiales, los que estarán por un periodo inicial de 6 meses. La meta es fortalecer las instituciones, el sistema judicial y apoyar a la Policía haitiana en defensa de los derechos humanos.
Haití, con casi 11 millones de habitantes, cuenta con un cuerpo policial de 15 mil agentes, y trabaja en la conformación de sus nuevas Fuerzas Armadas que dispondrá inicialmente de 500 reclutas.
Para el profesor y experto en asuntos migratorios, Juan Manuel Rosario, la salida de la Minustah implica que la República Dominicana como Estado debe fortalecer un régimen fronterizo para garantizar y prever cualquier situación que provenga del debilitamiento del control interno de la vecina nación.
“La Minustah llegó a Haití con el propósito de controlar algunas situaciones de anarquía que se daban y que si bien es cierto que algunas situaciones pudieron controlarse en el interior de ese país, no existen las condiciones necesarias para evitar que un limitado control del movimiento de su población afecte de manera negativa a la República Dominicana”.
Recalcó que el Estado dominicano y sus autoridades deben tomar las medidas preventivas para enfrentar cualquier eventual movimiento que pudiera afectar a la República Dominicana procedente de ese país.
El excongresista y presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, aseguró que la Minustah sale sin que ninguno de los problemas estructurales propios de un Estado fallido se hayan superado.
“El retiro de la Minustah por sí mismo no debería crear problemas, el problema grave lo crea la equivocada política del Estado dominicano y sectores de sus clases dirigentes”, apuntó.
La Minustah llegó a Haití en el 2004, en momentos en que esa nación enfrentaba una grave inestabilidad política por el derrocamiento del entonces presidente, Jean-Bertrand Aristide. En esa ocasión llegaron con un despliegue de una fuerza multinacional de 6,700 militares, los llamados cascos azules, además de 1,622 policías civiles destinados para restablecer el orden.
Tras el terremoto del 2010, tuvo que ampliar su número a casi 9,000 militares y más de 4,300 policías para las labores de ayuda humanitaria y del restablecimiento del orden, y en abril pasado anunciaron que pondrían fin a la misión, lo que se consumó el pasado domingo 15 de este mes.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.