SANTO DOMINGO. El Consejo Disciplinario del Ministerio Público destituyó la noche del martes al procurador fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, contra quien pesan acusaciones de acoso sexual en perjuicio de varias empleadas de la Procuraduría General de la República.
La decisión se tomó luego de una larga audiencia que se inició el lunes y se extendió hasta la madrugada de este martes. Hubo un receso, y continuó esta noche.
Justo Bobadilla, quien está suspendido en funciones, fue denunciado por sus víctimas el año pasado y desde entonces el proceso ha tenido 14 aplazamientos, en gran medida debido a que el denunciado ha presentado siete certificados médicos por presuntos problemas de salud. Además, ha recusado en tres ocasiones a los jueces que conocen el caso y también hizo cambio de abogados.
El juicio disciplinario se inició en abril de 2016.
El Ministerio Público consideró que en los hechos que se le señalan “fueron probados más allá de toda duda”.
La decisión del Ministerio Público estuvo basada en la violación del artículo 91 y sus numerales 1, 2 y 13, así como el artículo 92 en sus numerales 3 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, y los artículos 10 en sus numerales 1, 2 y 13, y 11 numerales 3 y 8 del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público.
El Consejo Disciplinario del Ministerio Público lo integran el procurador general adjunto, Carlos Castillo; el procurador general de Corte de Apelación, Fernando Quezada, y la fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Guzmán.
Mientras que la inspectoría estuvo representada por el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, y los fiscales Domingo Cabrera y Miguel Cabrera.
El Ministerio Público indicó en el comunicado que a partir de la fecha el exfiscal Robert Justo tiene 10 días para apelar y que dicha sentencia será leída el próximo 21 de agosto.
En virtud de que tras su destitución, Robert Justo Bobadilla perdió la jurisdicción privilegiada, podría ser juzgado en principio en la jurisdicción de Samaná, por los graves hechos denunciados por varias empleadas, usuarias y una policía, cuyos nombres se omiten para proteger su identidad.
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