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Ministerio Público investiga procurador que emitió archivos definitivos de caso Odebrecht
El inspector general del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, tiene en curso una investigación interna al procurador general de la Corte de Apelación, Narciso José Escaño Martínez, quien procedió a colocar bajo “archivo definitivo” la investigación contra ocho de los investigados en la primera etapa del caso de los US$92 millones pagados en sobornos por Odebrecht.
Al inspector general le corresponde determinar si Escaño Martínez incurrió en faltas sancionables cuando actuó, en septiembre de 2019, en condición de interino y durante las vacaciones de la entonces encargada de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, período en el que emitió los autos de archivo definitivo, firmados por él y por el entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez.
Medina de los Santos indicó que se dedicó al estudio del caso desde que recibió la solicitud “de investigación y apertura de proceso disciplinario” contra Escaño Martínez formulada por el actual titular de la Pepca, el también procurador adjunto Wilson Camacho.
Sobre el curso que debe tomar el caso, indicó que serán los hallazgos de esa investigación, que se encuentra en su fase inicial, los que determinarán si procede someter a Escaño Martínez a un proceso disciplinario. Sostuvo que tanto este como cualquier otro caso agotará el debido proceso y se desarrollará con respeto a las garantías legales de la persona investigada.
El pasado 15 de octubre, el magistrado Camacho remitió a Medina de los Santos una comunicación con la solicitud de investigación sobre la decisión que, según destaca en la misiva, se ejecutó de manera clandestina.
Camacho resalta que Escaño Martínez “remitió los citados archivos definitivos a la licenciada Guerrero Pelletier, mediante oficio sin número de fecha 19 de agosto del año 2020, es decir, casi un año después de realizado el procedimiento”.
Guerrero Pelletier comunicó a Camacho que los archivos, fechados el 27 de septiembre de 2019, se realizaron sin su conocimiento en momentos en que ella vacacionaba y que la decisión se la informaron en agosto de este año 2020.
Con dichos autos de archivo resultaron beneficiados los imputados Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Rudy González, Radhamés Segura, César Sánchez, Bernardo Castellanos y Máximo de Óleo.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.