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Fiscales pedirán el miércoles sentencias en juicio de fondo de caso Antipulpo.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Ministerio Público continuará la presentación de sus conclusiones en el juicio de fondo del caso de corrupción administrativa denominado Operación Antipulpo y se espera que el mismo finalice su exposición y diga cuántos años solicita para cada uno de los imputados, incluyendo a Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado del entramado.
Las solicitudes de condena serán presentadas ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo.
El Ministerio Público ha explicado en su acusación inicial que 27 personas y 21 empresas están involucradas en la supuesta red de corrupción, que habría causado una estafa superior a los 4,500 millones de pesos en perjuicio del Estado dominicano.
Durante las conclusiones, se presentaron pruebas contra Fernando Rosa, Carmen Magalys Medina Sánchez y la empresa R & T Construcciones e Inversiones SRL, destacando el papel de Juan Alexis Medina Sánchez como nexo principal del supuesto esquema delictivo.
Los imputados enfrentan cargos por:
- Asociación de malhechores
- Estafa contra el Estado
- Desfalco
- Complicidad para el desfalco
- Soborno activo y pasivo
- Uso de documentos falsos
- Financiamiento ilícito de campañas políticas
- Tráfico de influencia
- Lavado de activos
- coalición de funcionarios
- Concusión, entre otros delitos.
La audiencia fue recesada hasta el próximo miércoles 2 de abril, cuando el Ministerio Público continuará con la presentación de sus exposiciones.
Otras conclusiones presentadas
En su exposición contra Rigoberto Alcántara, el fiscal Ernesto Guzmán afirmó que el Ministerio Público demostró que el imputado actuó como «testaferro» dentro del entramado de corrupción.
Los acusados desde el inicio del caso
Según el expediente acusatorio, Juan Alexis Medina Sánchez, principal implicado, creó un entramado societario «mediante tráfico de influencias» aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República. A través de esta estructura, presuntamente realizó maniobras fraudulentas en colaboración con funcionarios.
Entre los acusados también figura su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
Otros imputados incluyen a María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny, Lewyn Ariel, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, Paola Mercedes Molina Suazo, Wacal Bernabé Méndez y José Dolores Santana.
Algunos imputados, como Francisco Pagán y Suriel Suazo, fueron condenados a cinco años de prisión en 2023.
En el caso de Lewyn Ariel Castillo, exanalista de Compras de la Gerencia de Abastecimiento de Edeeste, el juez le concedió una suspensión condicional del proceso. Asimismo, Domingo Antonio Santiago Muñoz recibió un criterio de oportunidad, lo que resultó en la extinción de la acción penal en su contra.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.