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Ministerio Público se queja de recusaciones de exprocurador
Por Efe
Santo Domingo, 9 mar .- El Ministerio Público se quejó este miércoles de que «todas» las audiencias fijadas para esta semana con relación a los presuntos implicados en la operación Medusa fueron aplazadas debido a que la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado, recusó a 29 de sus representantes.En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que ahora los fiscales solo pueden esperar la decisión de las instancias del Ministerio Público que deben decidir sobre esas recusaciones.
«Con relación a este proceso, nosotros solamente podemos referirnos a lo que ha sucedido en el día de hoy, y lo que ha sucedido en el día de hoy (al igual) que todas las audiencias que han sido fijadas para esta semana con relación a este proceso, han sido aplazadas», dijo Camacho en un comunicado.
En ese sentido, agregó que «pasó ayer en la Corte de Apelación, en la Tercera Sala, pasó hoy en una primera audiencia de resolución de peticiones, y acaba de pasar en esta audiencia, primero de control, y luego de solicitud de prórroga.
APLAZAN AUDIENCIA DE PARA EL DIA 18La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó hoy para el 18 de este mes, la audiencia para conocer el expediente de la operación Medusa.
En la audiencia se deberá conocer la revisión obligatoria de las medidas de coerción a los imputados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Javier Alejandro Forteza Ibarra y solicitudes de la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto, así como la extensión del plazo solicitada por el Ministerio Público para presentar la acusación formal de este caso.
LOS INVOLUCRADOS
El expediente involucra al exprocurador Rodríguez Sánchez y a los coimputados Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes desde el año cumplen 18 meses de prisión preventiva.
El caso se sigue también contra Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de 1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, fue arrestado en España en 2021 y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El grupo es acusado de integrar presuntamente el entramado de corrupción por el que es procesado Rodríguez Sánchez y varios de los funcionarios de su gestión en el período 2016-2020.
El 22 de febrero pasado el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó las medidas de coerción que fueron impuestas a los imputados el año pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, excepto a Rodríguez Sánchez y a Forteza Ibarra, a quienes se le conocerá el 18 de marzo próximo.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron supuestamente una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.EFE
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.