Santo Domingo, RD.-Angel Hernández, nuevo ministro de Educación, dijo que ahora mismo esa institución tiene 250,000 personas nombradas con un presupuesto de casi 250,000 millones y aun así todo eso se va al zafacón porque los niños no aprenden.Nacionales
Se van al zafacón 250 mil millones de pesos en el Ministerio de Educación.
Santo Domingo, RD.-Angel Hernández, nuevo ministro de Educación, dijo que ahora mismo esa institución tiene 250,000 personas nombradas con un presupuesto de casi 250,000 millones y aun así todo eso se va al zafacón porque los niños no aprenden.«El Ministerio tiene 250,000 personas nombradas, con un presupuesto de casi 250,000 millones de pesos, y todo se va al zafacón. ¿Por qué? Porque los niños no aprenden, no están aprendiendo, entonces eso no tiene sentido hacer una inversión tan alta durante 10 años para que el dinero se pierda«, dijo el ministro en su primer acto oficial al frente de la entidad.
El ministro dijo que todas las evaluaciones indican que el sistema educativo dominicano está en el suelo. «Evaluaciones internacionales y nacionales indican que el aprendizaje es mínimo», dijo.
«¿Es eso justificable de cara a la inversión que está haciendo la sociedad dominicana en materia de educación? Yo creo que no», dijo.
Sus declaraciones se produjeron al hablar durante un encuentro con los directores regionales y de distritos de la región Norte, realizado en la Universidad Abierta para Adultos, en Santiago. “Nada justifica sus cargos, ni el mío, si no hay aprendizaje en las aulas”, insistió.
«Nadie se preocupa por saber si el niño aprendió y ese es el error grave que tiene el sistema dominicano, que no hay responsabilidad en los resultados. Y el cargo de ninguno de ustedes se justifica, ni el mío tampoco, sin ese resultado. Lo único que justifica que estemos en el sistema es el aprendizaje de los niños. Lo único. Lo demás perder el tiempo y es lo que hemos estado haciendo, perder el tiempo», dijo.
Hernández fue designado en la posición el pasado miércoles 3 de agosto por el presidente Luis Abinader. Sustituyó en el cargo a Roberto Fulcar, un destacado dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Fue juramentado el viernes 5 por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Comunicado de prensa difundido por Educación
El ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que los directores Regionales y de Distritos son responsables de los aprendizajes de los estudiantes de sus respectivas centros de estudios, y que a partir del próximo año escolar el desempeño de esos funcionarios será evaluado en función de los resultados mostrados por los escolares.
Hernández dijo que su gestión estará centrada en las aulas, ya que duele pensar que por más de 10 años el país esté invirtiendo el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para tener como resultados una de la peor educación a nivel global, de acuerdo con todas las mediciones internacionales y nacionales.
Al hablar durante un encuentro con los directores Regionales y de Distritos de la región Norte realizado en esta ciudad de Santiago, el ministro de Educación fue directo al señalar que “Nada justifica sus cargos, ni el mío, si no hay aprendizaje en las aulas”.
“Nuestros mayores y principales esfuerzos estarán dirigidos a las aulas, a los salones de clases, porque es ahí donde nuestros estudiantes aprenden, y si he venido al Ministerio de Educación es para cambiar lo que se ha venido haciendo y que no ha dejado resultados positivos; yo no voy a permitir ni voy a continuar haciendo lo mismo”, expresó.
Igualmente, el ministro de Educación instruyó para que a la brevedad cada director de distrito rinda un informe pormenorizado de cada profesional y técnico de las distintas áreas con los que cuentan, a fin de optimizar sus capacidades.
El ministro exhortó a los directores a trabajar unidos para lograr resultados positivos en las aulas, además de socializar los planes y proyectos con miras al inicio del año escolar 2022-2023, el próximo 19 de septiembre.
“Hay que orientar todos los esfuerzos del MINERD y todos los recursos humanos al aula ya que es aquí donde se desarrollan procesos educativos, porque el trabajo hay que hacerlo con las perspectivas al aula, que es lo principal, y es donde la sociedad fracasa o se desarrolla”, manifestó Hernández.
Sostuvo que es necesario repensar la escuela, pero desde las aulas y que todos los directores regionales y distritales tienen un rol gerente en sus dependencias educativas que deben tener una perspectiva de mejora en los resultados de los aprendizajes.
En el encuentro participaron los directores de las direcciones regionales 8, de Santiago, Marieta Díaz; Ramón Duarte Jiminián, de la 14 de Nagua; Cándida Rodríguez, de la 09 de Mao; Franlkin Núñez, de la 13 de Montecristi; Luz del Alba Luciano, de la 06 de La Vega; María Guadalupe, de la 07 de San Francisco, Leónidas Payamps, de la 11 de Puerto Plata y Mayelin Almonte, de la 16, de Cotuí, así como sus respectivos responsables distritales.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.