Latinoamericanas
Morales podrá volver a postular en 2019 con aval de Constitucional boliviano
Los principales líderes opositores acusaron al TC de haber consumado un “golpe a la democracia” y de desconocer los resultados del referendo de 2016.
EFE
LA PAZ. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se podrá volver a postular en las elecciones de 2019 en busca de un cuarto mandato consecutivo hasta 2025 con el aval del Tribunal Constitucional (TC), que respondió favorablemente a un recurso planteado por el oficialismo para permitir la nueva candidatura.
El TC informó ayer a los medios en Sucre (sureste) sobre esta decisión, tomada a falta de dos años para los próximos comicios generales en Bolivia.
El tribunal respondió a un recurso planteado por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que buscaba que algunos artículos de la Constitución sean declarados inaplicables y que se anulen otros de la Ley Electoral para permitir la candidatura del mandatario.
Los partidarios de Morales apelaron al artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, para argumentar que debe respetarse el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo.
El TC resolvió “la aplicación preferente de convenios internacionales con relación a la aplicación” de los artículos mencionados en el recurso oficialista, lo que significa que Morales y otras autoridades actuales podrán volver a postular, explicó el presidente del Constitucional, Macario Lahor.
Lahor señaló que la decisión fue unánime y aseguró que el tribunal actuó de acuerdo a lo establecido por la Constitución boliviana “y los convenios internacionales”.
La Constitución promulgada por Evo Morales en 2009 permite solo dos mandatos consecutivos.
Sin embargo, es la segunda vez que el Constitucional permite con un fallo que Evo Morales vuelva a postular a la Presidencia, ya que en 2013 el tribunal validó la tesis oficialista de que el primer mandato del gobernante (2006-2009) no cuenta porque el país fue refundado con la Carta Magna de 2009.
Con ese aval, Morales pudo presentarse en 2014 y ganó un tercer mandato hasta 2020.
Si el mandatario boliviano obtiene la victoria en las elecciones de 2019, gobernará el país hasta 2025.
Los partidarios de Morales insistieron para buscar la validación de su nueva postulación, pese a que un referendo celebrado el 21 de febrero de 2016 rechazó una reforma constitucional planteada por el oficialismo para permitir esa candidatura.
El presidente y sus seguidores rechazaron los resultados de esa consulta, alegando que la población votó engañada por una supuesta campaña de desprestigio contra Morales promovida por la oposición.
Los sectores afines al Gobierno celebraron como una “muy buena señal para profundizar en la democracia” en Bolivia la decisión judicial que da vía libre la nueva candidatura de Evo Morales.
El fallo habilita al pueblo boliviano “a que de manera democrática pueda elegir sin discriminación de ningún candidato”, dijo el máximo dirigente de los trabajadores petroleros, José Domingo Vázquez.
Por contra, los principales líderes opositores acusaron al TC de haber consumado un “golpe a la democracia” y de desconocer los resultados del referendo de 2016.
En declaraciones a Efe, el líder de la centrista Unidad Nacional (UN), el empresario Samuel Doria Medina, calificó de “ilegítima” la decisión del TC y lamentó que “es la primera vez que un gobierno democrático desconoce el voto del pueblo”.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) dijo a los medios que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “no va a permitir que el artículo 23 de la convención que protege a los ciudadanos de los abusivos y autoritarios sea usado por uno de estos abusivos y autoritarios para buscar quedarse en el poder”.
El también exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) escribió en Twitter que el Constitucional boliviano “ha destruido las garantías democráticas” y desconoció “la inalienable soberanía del Pueblo” expresada en el referendo de 2016.
El TC tenía plazo hasta esta semana para pronunciarse sobre el recurso oficialista debido a que este domingo 3 de diciembre se celebrarán elecciones para elegir a los altos magistrados del órgano Judicial boliviano, incluidos los del Constitucional.
Los opositores bolivianos han llamado a votar nulo en esos comicios para expresar el rechazo a un proceso que no consideran creíble, ya que los candidatos fueron preseleccionados en el Parlamento, controlado por el MAS.
Jorge Quiroga volvió a convocar hoy al voto nulo en los comicios judiciales del domingo para “repudiar este golpe de Evo Morales a la Constitución y al voto popular”.
Gina Baldivieso
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.