Latinoamericanas
Movimiento sociales en Bolivia marchan recordando a víctimas del octubre negro
El pueblo boliviano marchará hasta la sede diplomática de los Estados Unidos en el país para protestar contra la negativa estadounidense de extraditar al expresidente Gonzalo Sánchez. Asimismo recordarán a los caídos durante la revuelta popular del 2003 que dejó 60 muertos y más de 400 heridos.
Los bolivianos recordarán a las víctimas causadas por la represión militar de 2003 (Foto: Archivo)
La Central Obrera Regional de Bolivia (COR) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) encabezan los colectivos sociales del país que marcharán este miércoles hasta la sede de la Embajada de Estados Unidos en repudio a los hechos de octubre de 2003 que dejaron 60 muertos y al menos 400 heridos, además de rechazar la negación de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por parte de EE.UU.
“Expresaremos nuestra bronca, nuestra rabia porque una persona que hizo tanto daño no puede estar resguardada allá (en Estados Unidos)», dijo Javier Ajno, presidente de la organización de vecinos de El Alto.
Hace nueve años, El Alto (oeste del país) fue escenario de una revuelta popular contra la exportación de gas natural a Estados Unidos y México, por puerto chileno y que motivó a la renuncia del exjefe de Estado boliviano. Las víctimas y actores de esas jornadas reclaman justicia y la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, recordó la víspera que el levantamiento social se produjo por las medidas neoliberales del antiguo gobierno que atentaba contra los derechos del pueblo.
“Ese octubre de 2003 marcó el derrumbe de una pandilla de criminales que estaban dispuestos a matar a todos los bolivianos con tal de preservar sus privilegios, esos criminales han escapado a Estados Unidos y la Embajada norteamericana y el Gobierno norteamericano en vez de hacer justicia, de ayudar a castigar a un criminal, a un genocida, lo encubre y lo protege”.
Linera recordó que la “Guerra del Gas”, como fueron conocidos los hechos de octubre de 2003, marcó el inicio de una nueva etapa en el país, caracterizada por la atención y recuperación de los recursos naturales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución boliviana.
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada se encuentra en Estados Unidos, así como los antiguos ministros de Defensa, Hidorcarburos y Asuntos Campesinos, Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Añez, respectivamentes.
Los exministros de Salud, Javier Torres Goitia, exministra de Participación Popular; Jorge Torres Obleas, exministro de Desarrollo Económico, y Dante Pino, exministro de Asuntos Financieros se encuentran erradicados en Perú, mientras que en España está el extitular de la cartera de Educación, Hugo Carvajal.
En junio de 2008 se emitió una solicitud de extradición en contra del ex mandatario y los exministros Sánchez Berzaín y Berindoague. En abril de 2009, se presentó el exhorto suplicatorio, pero en septiembre de este año EE.UU. rechazó el pedido.
El presidente Evo Morales pidió el martes que se declare el 17 de octubre como “Día de la Dignidad Nacional”, por los efectos de la revuelta popular de 2003.
“El 17 de octubre se escapa un grupo de masacradores y saqueadores, que atentaron al pueblo y saquearon nuestros recursos. A partir de ese día empezó a acabarse la explotación y el saqueo a los recursos naturales, por eso debería declarase el 17 de octubre el Día de Dignidad Nacional, hay que debatir eso si será decreto o ley”, dijo Morales.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.