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Jochi Gómez instaló cámaras en calles de RD como parte de “esquema ilegal de espionaje”para vendérselo al mejor postor.
Santo Domingo, R.D.-El crimen organizado penetró a una serie de instituciones del Estado con el aval de los que tienen la misión de evitar que ello ocurra, todo como resultado de mafias que operan alrededor del poder político de la Nación.
A través de la denominada “Operación Camaleón”, el Ministerio Público anunció el desmantelamiento de una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco y estafa contra el Estado y de venta de información al bajo mundo.
Durante el despliegue de esta operación fue arrestado José “Jochi” Ángel Gómez-Canaán, tras ser interrogado a mediados de la semana en la Procuraduría General de la República (PGR) sobre presuntas irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo con el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
Sobre esta licitación, los fiscales aseguraron que Transcore Latam, la empresa vinculada a Gómez-Canaán que le fue adjudicada el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fueron contratados.
Igualmente aseveraron que esta empresa agregó otros elementos de manera unilateral, como fibra óptica, nodos de concentración y kits de Starlink, que tampoco formaban parte de la oferta técnica original. También aseguraron que instaló 55 cámaras.
¿Con qué fin? De acuerdo con el Ministerio Público, estas cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un “esquema ilegal de espionaje” dirigido por Jochi y Carlos Peguero, otro de los imputados.
“La manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento crea una amenaza directa a la privacidad y seguridad, configurando delitos contra la seguridad pública y otros crímenes conexos”, leía parte del referido documento.
Además, los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, asegurando que esto no solo implica espionaje ilegal, sino que también las informaciones recogidas utilizando esta tecnología podría ser utilizada en actos de extorsión.
SIN JUSTIFICACIÓN
El órgano persecutor indicó que durante la auditoría, los peritos observaron que estas cámaras tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real. De manera similar almacenaban un “volumen significativo” de datos.
Pero, los fiscales resaltaron que Transcore Latam no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información, sin especificar cuáles fueron las excusas presentadas por la compañía.
Asimismo, indicaron que los servidores que revisaron “resultaban insuficientes” para manejar la cantidad de datos almacenados.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.