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Hay pruebas que comprometen penalmente a diputado, asegura el Ministerio Público.
SANTO DOMINGO.- Pedro Amador, procurador adjunto, destacó el trabajo del Ministerio Público en los procesos judiciales y aseguró que cuando presenta acusación es porque han encontrado pruebas que comprometen la responsabilidad penal de los investigados, cuya declaración fue para referirse a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
“Cuando nosotros terminamos la acusación, como de hecho ha sucedido en esta oportunidad (de la diputada Rosa Amalia Pilarte), es porque hemos encontrado indicios, evidencias y pruebas que comprometen la responsabilidad penal”, enfatizó el procurador adjunto de la Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales con relación a ese caso.
“En cuanto a los demás imputados y personas que están con privilegio de jurisdicción en nuestro poder, en nuestras manos, y para investigarlo, estamos haciendo lo propio; cuando haya indicios que comprometan la responsabilidad, eventualmente, eso se traducirá en una acusación; cuando no haya indicios que comprometan la responsabilidad de alguien, independientemente de que sea investigado, entonces habrá de producirse los actos conclusivos que ameritan”, expresó.
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, aplazó este jueves para el próximo 2 de octubre, a las 10:00 de la mañana, la audiencia preliminar contra la legisladora, luego de acoger una solicitud de la defensa que pidió más tiempo para conocer varias pruebas digitales.
“Frente a cualquier evidencia digital a las que ellos (la defensa) no hayan tenido acceso, nosotros estamos aperturados y es lo que el juez acogió a que nos sentemos con el secretario del tribunal a validar de que cada prueba tenga su manera de accederse, sin mayores dificultades”, precisó.
El Ministerio Público estableció en la audiencia que ha depositado los documentos conforme se lo han tramitado las instituciones correspondientes.
La defensa pidió un plazo de 30 días para conocer las pruebas, otorgándole el tribunal los cinco días establecidos en los artículos 298 y 299 del Código Procesal Penal.
Con relación a Pilarte, Amador dijo: “estamos en la audiencia preliminar, que es una etapa previa, y ahí no se está pidiendo más que la apertura a juicio para que se designe un tribunal que va a conocer el fondo del asunto”.
Amador representó en la audiencia al Ministerio Público junto a los procuradores adjuntos Isis de la Cruz y Fernando Quezada, y el procurador general de Corte de Apelación Pelagio Alcántara Sánchez.
A principios de este mes de agosto Pilarte fue acusada formalmente por el Ministerio Público ante la Suprema Corte Justicia, luego de que fuera identificada como integrante de la red que encabezaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien es acusado de dirigir dicha organización criminal.
Según ha establecido el Ministerio Público en el proceso, la diputada se prestó para colocar en el mercado financiero más de 4,451 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabezaba su pareja y no ha podido justificar la integración de esa cantidad de dinero a la economía dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.