LA VEGA (República Dominicana).- Una acusación formal años después de haberse iniciado el proceso por parte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega en contra de miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres, que lideraba Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su esposa, la diputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte López.
La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL.
Los acusados, quienes son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, (diputada que enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, por lavado de activos provenientes del narcotráfico), hicieron aparentar ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de veinte (20) inmuebles, entre los que se destaca la mansión actual donde reside Miguel Arturo López Florencio y su familia.
La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están valorados en Ciento Ochenta y Tres Millones, Trescientos Ochenta y Seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa, respectivamente.
De igual manera, la información financiera arrojó movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019, tuvo entradas de dinero ascendentes a Doscientos Cincuenta Millones Setecientos Doce Mil Seiscientos Cuatro pesos con Sesenta y Cinco centavos RD$250,712,602.65, para un total de Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos dominicanos con Sesenta y Cinco Centavos RD$434,098,604.65.
El Ministerio Público identificó las conductas de los acusados en la violación a las disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García Martínez, procuradora fiscal titular de La Vega, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación, así como la relación entre cada uno de ellos.
Por su parte, el fiscal investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, estableció que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, mediante el cual informó que se encuentran incautados todos los inmuebles identificados en la investigación y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio.

SANTO DOMINGO. – El ingeniero Edgar Hernández, acusado de estafar a decenas de personas a través del proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, caso que fue revelado en el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, recibió este jueves tres meses de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, anunció este jueves la reapertura de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo a un mes de que un escándalo de corrupción obligara a la suspensión temporal de sus operaciones, así como la destitución y arresto del dominicano Melitón Cordero, que fungía como su supervisor.
Santiago, R.D.-Dos hombres implicados en un asalto en perjuicio de una mujer a la que interceptaron en una via pública el pasado 8 de marzo fueron presentados ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, en cuyo caso el Ministerio Público solicitó que se les imponga medidas de coerción consistente en prisión preventiva.