Santo Domingo, RD.-Los exministros de Hacienda, y Administrativa de la Presidencia, Donald Guerrero y Jose Ramon Peralta, son indicados en el documento de petición de allanamiento elaborado por el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, como los cabecillas de una estructura creada para desfalcar y estafar al Estado dominicano.Nacionales
Guerrero y Peralta, cabecillas de estructura de desfalco y estafa contra el Estado.
Santo Domingo, RD.-Los exministros de Hacienda, y Administrativa de la Presidencia, Donald Guerrero y Jose Ramon Peralta, son indicados en el documento de petición de allanamiento elaborado por el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, como los cabecillas de una estructura creada para desfalcar y estafar al Estado dominicano.Según el órgano persecutor, ambos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su función de administradores públicos, “prevaricaron y se coalicionaron” para esos fines.
También se les acusa de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y financiar de manera ilícita la campaña política del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien se postuló a la presidencia por el partido morado en 2020 y es otro de los principales implicados en la operación anticorrupción.
De acuerdo con el MP, para realizar estas maniobras fraudulentas, Guerrero y Peralta contaron con la complicidad de Emilio César Rivas (occiso), en ese entonces el titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, quien firmó el 95% de los acuerdos de pagos de expropiaciones consciente de que estos no cumplían con los requisitos legales.
El documento expresa que estos acuerdos sirvieron de instrumento para la distracción de fondos públicos y que, además, Rivas también recibió sobornos millonarios para beneficio personal.
Claudio Silver Peña Peña, exdirector de Catastro Nacional es otro de los imputados señalados como cómplices de la supuesta estructura orquestada, según el MP, “desde las entrañas del Poder Ejecutivo”.
En la petición de allanamiento se acota que Peña incurrió en actos de corrupción durante su gestión, así como en los delitos de asociación de malhechores y coalición de funcionarios. También se le señala por presuntamente estafar, desfalcar y recibir sobornos de aproximadamente RD$60,280,000.
El MP delimita su papel en la estructura a “la realización de los avalúos, donde violó el procedimiento en beneficio del entramado y, posteriormente adquirió, poseyó y ocultó bienes muebles e inmuebles”.
El exdirector del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo Mccabe, actuó en confabulación con Donald Guerrero y los demás imputados en la compra fraudulenta de dos parcelas que se ubican en el Mercado de Productos Agropecuarios (Merca Santo Domingo) a través de la dependencia que dirigía, desfalcando al Estado.
Para la compra ilegal de estos terrenos, Piccirillo recibió sobornos por casi 59 millones de pesos por parte de la estructura de corrupción.
Otro exfuncionario que recibió sobornos de la estructura, de acuerdo con el documento, fue el imputado Daniel Omar Caamaño Santana, quien se desempeñó como contralor General de la República entre 2016 y 2020.
El Ministerio Público lo acusa de autorizar pagos basados en cesiones de créditos, en disonancia con sus funciones como contralor y de actuar en complicidad con Donald Guerrero, el fenecido César Rivas y Luis Miguel Piccirillo.
La solicitud de allanamiento indica que el excontralor recibió sobornos por más de 366 millones de pesos entre diciembre 2019 y julio 2020.
“Se enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para obtener beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones ilícitas que autorizó desde la Contraloría”, dictó el documento.
El monto del desfalco
Las alegadas operaciones fraudulentas por la que se investiga al grupo de exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, están mayormente relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, con el fin de sustraer de los fondos públicos más de RD$ 19, 653 millones por concepto de acuerdos transaccionales.
Esta cifra es la más alta dentro de todos los procesos anticorrupción que se han realizado en el órgano persecutor desde 2020.
Otros imputados
Los demás imputados en el caso son Oscar Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández. Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández y Ángel Lockward.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.