Santo Domingo, RD.-Los exministros de Hacienda, y Administrativa de la Presidencia, Donald Guerrero y Jose Ramon Peralta, son indicados en el documento de petición de allanamiento elaborado por el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, como los cabecillas de una estructura creada para desfalcar y estafar al Estado dominicano.Nacionales
Guerrero y Peralta, cabecillas de estructura de desfalco y estafa contra el Estado.
Santo Domingo, RD.-Los exministros de Hacienda, y Administrativa de la Presidencia, Donald Guerrero y Jose Ramon Peralta, son indicados en el documento de petición de allanamiento elaborado por el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, como los cabecillas de una estructura creada para desfalcar y estafar al Estado dominicano.Según el órgano persecutor, ambos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su función de administradores públicos, “prevaricaron y se coalicionaron” para esos fines.
También se les acusa de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y financiar de manera ilícita la campaña política del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien se postuló a la presidencia por el partido morado en 2020 y es otro de los principales implicados en la operación anticorrupción.
De acuerdo con el MP, para realizar estas maniobras fraudulentas, Guerrero y Peralta contaron con la complicidad de Emilio César Rivas (occiso), en ese entonces el titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, quien firmó el 95% de los acuerdos de pagos de expropiaciones consciente de que estos no cumplían con los requisitos legales.
El documento expresa que estos acuerdos sirvieron de instrumento para la distracción de fondos públicos y que, además, Rivas también recibió sobornos millonarios para beneficio personal.
Claudio Silver Peña Peña, exdirector de Catastro Nacional es otro de los imputados señalados como cómplices de la supuesta estructura orquestada, según el MP, “desde las entrañas del Poder Ejecutivo”.
En la petición de allanamiento se acota que Peña incurrió en actos de corrupción durante su gestión, así como en los delitos de asociación de malhechores y coalición de funcionarios. También se le señala por presuntamente estafar, desfalcar y recibir sobornos de aproximadamente RD$60,280,000.
El MP delimita su papel en la estructura a “la realización de los avalúos, donde violó el procedimiento en beneficio del entramado y, posteriormente adquirió, poseyó y ocultó bienes muebles e inmuebles”.
El exdirector del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo Mccabe, actuó en confabulación con Donald Guerrero y los demás imputados en la compra fraudulenta de dos parcelas que se ubican en el Mercado de Productos Agropecuarios (Merca Santo Domingo) a través de la dependencia que dirigía, desfalcando al Estado.
Para la compra ilegal de estos terrenos, Piccirillo recibió sobornos por casi 59 millones de pesos por parte de la estructura de corrupción.
Otro exfuncionario que recibió sobornos de la estructura, de acuerdo con el documento, fue el imputado Daniel Omar Caamaño Santana, quien se desempeñó como contralor General de la República entre 2016 y 2020.
El Ministerio Público lo acusa de autorizar pagos basados en cesiones de créditos, en disonancia con sus funciones como contralor y de actuar en complicidad con Donald Guerrero, el fenecido César Rivas y Luis Miguel Piccirillo.
La solicitud de allanamiento indica que el excontralor recibió sobornos por más de 366 millones de pesos entre diciembre 2019 y julio 2020.
“Se enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para obtener beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones ilícitas que autorizó desde la Contraloría”, dictó el documento.
El monto del desfalco
Las alegadas operaciones fraudulentas por la que se investiga al grupo de exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, están mayormente relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, con el fin de sustraer de los fondos públicos más de RD$ 19, 653 millones por concepto de acuerdos transaccionales.
Esta cifra es la más alta dentro de todos los procesos anticorrupción que se han realizado en el órgano persecutor desde 2020.
Otros imputados
Los demás imputados en el caso son Oscar Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández. Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández y Ángel Lockward.
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
Este programa, según la acusación, no tuvo ninguna supervisión de Senasa, por lo que la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República constató entregas de proteínas a personas que no cumplían con el rango de edad establecido en las adendas, desviando la población objetivo del programa, y en consecuencia “que se distrajeran, sin ningún control, doscientos setenta y dos millones novecientos setenta mil quinientos sesenta y dos pesos con 69/100 (RD$272,970,562.69), de los fondos de SENASA”.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
Además, de la ausencia de indicadores de resultados y trazabilidad clínica. Falta de supervisión directa por parte de Senasa durante la ejecución del programa; inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada para ofrecer servicios ambulatorios; debilidad documental en los contratos y adendas (algunas sin firma ni sello); deficiencias en el control y monitoreo de los afiliados atendidos.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
«Los mismos han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim«, sostuvo Ortiz.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.