Santo Domingo, RD.-Los exministros de Hacienda, y Administrativa de la Presidencia, Donald Guerrero y Jose Ramon Peralta, son indicados en el documento de petición de allanamiento elaborado por el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, como los cabecillas de una estructura creada para desfalcar y estafar al Estado dominicano.Nacionales
Guerrero y Peralta, cabecillas de estructura de desfalco y estafa contra el Estado.
Santo Domingo, RD.-Los exministros de Hacienda, y Administrativa de la Presidencia, Donald Guerrero y Jose Ramon Peralta, son indicados en el documento de petición de allanamiento elaborado por el Ministerio Público en el caso de corrupción Calamar, como los cabecillas de una estructura creada para desfalcar y estafar al Estado dominicano.Según el órgano persecutor, ambos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su función de administradores públicos, “prevaricaron y se coalicionaron” para esos fines.
También se les acusa de recibir sobornos millonarios con el propósito de enriquecerse ilegalmente y financiar de manera ilícita la campaña política del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien se postuló a la presidencia por el partido morado en 2020 y es otro de los principales implicados en la operación anticorrupción.
De acuerdo con el MP, para realizar estas maniobras fraudulentas, Guerrero y Peralta contaron con la complicidad de Emilio César Rivas (occiso), en ese entonces el titular de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, quien firmó el 95% de los acuerdos de pagos de expropiaciones consciente de que estos no cumplían con los requisitos legales.
El documento expresa que estos acuerdos sirvieron de instrumento para la distracción de fondos públicos y que, además, Rivas también recibió sobornos millonarios para beneficio personal.
Claudio Silver Peña Peña, exdirector de Catastro Nacional es otro de los imputados señalados como cómplices de la supuesta estructura orquestada, según el MP, “desde las entrañas del Poder Ejecutivo”.
En la petición de allanamiento se acota que Peña incurrió en actos de corrupción durante su gestión, así como en los delitos de asociación de malhechores y coalición de funcionarios. También se le señala por presuntamente estafar, desfalcar y recibir sobornos de aproximadamente RD$60,280,000.
El MP delimita su papel en la estructura a “la realización de los avalúos, donde violó el procedimiento en beneficio del entramado y, posteriormente adquirió, poseyó y ocultó bienes muebles e inmuebles”.
El exdirector del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo Mccabe, actuó en confabulación con Donald Guerrero y los demás imputados en la compra fraudulenta de dos parcelas que se ubican en el Mercado de Productos Agropecuarios (Merca Santo Domingo) a través de la dependencia que dirigía, desfalcando al Estado.
Para la compra ilegal de estos terrenos, Piccirillo recibió sobornos por casi 59 millones de pesos por parte de la estructura de corrupción.
Otro exfuncionario que recibió sobornos de la estructura, de acuerdo con el documento, fue el imputado Daniel Omar Caamaño Santana, quien se desempeñó como contralor General de la República entre 2016 y 2020.
El Ministerio Público lo acusa de autorizar pagos basados en cesiones de créditos, en disonancia con sus funciones como contralor y de actuar en complicidad con Donald Guerrero, el fenecido César Rivas y Luis Miguel Piccirillo.
La solicitud de allanamiento indica que el excontralor recibió sobornos por más de 366 millones de pesos entre diciembre 2019 y julio 2020.
“Se enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para obtener beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones ilícitas que autorizó desde la Contraloría”, dictó el documento.
El monto del desfalco
Las alegadas operaciones fraudulentas por la que se investiga al grupo de exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, están mayormente relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, con el fin de sustraer de los fondos públicos más de RD$ 19, 653 millones por concepto de acuerdos transaccionales.
Esta cifra es la más alta dentro de todos los procesos anticorrupción que se han realizado en el órgano persecutor desde 2020.
Otros imputados
Los demás imputados en el caso son Oscar Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández. Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández y Ángel Lockward.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.