Nacionales
En operativos conjuntos con agentes del FBI allanan centros de llamadas en Santiago.
Notice: Undefined variable: post in /home/larepublica/public_html/wp-content/themes/zox-news/amp-single.php on line 116
Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/larepublica/public_html/wp-content/themes/zox-news/amp-single.php on line 116
La Operación Discovery incluye la participación de una fuerza de tarea conjunta con 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales.
Surge de una minuciosa investigación desarrollada durante meses por el Ministerio Público contra los delitos de alta tecnología, expresa la Procuraduría General de la República en una nota de prensa.
Las acciones se desarrollan bajo las instrucciones de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.
Los equipos encabezados por los fiscales realizan decenas de allanamientos y arrestos de integrantes de la red contra los que el Ministerio Público presentará medidas de coerción en las próximas horas.
La operación forma parte de las acciones que desarrolla la gestión de la magistrada Germán Brito contra el crimen organizado y los delitos transnacionales.
En la investigación de la red, el Ministerio Público contó con el trabajo coordinado del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, y la Dirección General de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional.
La red internacional desmantelada con la Operación Discovery tenía su centro operativo en Santiago, con alcance territorial en Puerto Plata.
Los integrantes de la red se dedicaban a cometer crímenes y delitos de alta tecnología. Todos se constituyeron en una asociación de malhechores que usurpaba funciones, y que incurrió en lavado de activos y en el porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Además de la extorsión sexual y el robo de identidad, los integrantes de la red realizaban llamadas telefónicas para intimidar, enviaban medicamentos utilizando “delivery” e incluso usurpaban funciones oficiales de Estados Unidos, incluyendo la de agentes del FBI.
La red utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares y en pesos y adquirieron bienes millonarios productos de sus acciones criminales.