Higüey, RD.-El Ministerio Público y los abogados de las victimas del accidente ocurrido en Bávaro recusaron al juez Gregorio Torres Spencer, que conocería este jueves medida de coerción contra Franklin Nín Pérez, conductor del autobús accidentado en Bávaro.Más Noticias
Recusan juez dictaría coerción a chofer de tragedia ocurrida en Bávaro.
Higüey, RD.-El Ministerio Público y los abogados de las victimas del accidente ocurrido en Bávaro recusaron al juez Gregorio Torres Spencer, que conocería este jueves medida de coerción contra Franklin Nín Pérez, conductor del autobús accidentado en Bávaro.El Juzgado de Paz Especial de Tránsito reenvío para el próximo 18 del mes en curso el conocimiento de medida preventiva a Nín Pérez, quien conducía el autobús accidentado el pasado seis de este con 51 turistas a bordo, de los que al menos cuatro perdieron la vida.
El anticipo de pruebas solicitado por el MP es considerado por Roberto Miguel Encarnación, uno de los abogados defensores de Nín Pérez, como descabellado y desproporcionar, ya que con esto se busca que los turistas accidentados estén presentes en la audiencia de medida de coerción.
El profesional del derecho dijo estar indignado porque el populismo judicial se ha apoderado de esta jurisdicción “hacemos responsable al Ministerio Público de lo que le pueda pasar a nuestro cliente”.
“Hoy el Ministerio Público y los abogados de la defensa, a los fines de que no se conozca el proceso, han recusado al juez, quien se ha manejado de una manera muy imparcial y al ellos ver que no le han acogido sus pedimentos, mismos que son improcedentes, han recusado” detalló.
Indicó que su cliente está siendo juzgado por la opinión pública, y acusó al órgano persecutor de estar filtrando documentos privados propios del proceso, que fueron obtenidos de manera ilegal.
Declaró de manera categórica que su representado es una persona decente y transparente.
Agregó que no entiende cómo un accidente de tránsito se ha convertido en una cacería de brujas, porque las medidas de coerción son para verificar si el imputado puede presentarse o no en libertad al proceso y dijo tener un proceso y presupuesto que establecen que su cliente puede presentarse en libertad.
Los transportistas turísticos
En apoyo hacia Franklin Nín Pérez, varios conductores de diversas empresas del transporte turístico de Punta Cana se apostaron frente al Palacio de Justicia de La Altagracia.
Juan Carlos dijo que “nosotros los choferes estamos apoyando a nuestro compañero, lamentamos el caso, pero nosotros pasamos por momentos difíciles cuando conducimos, ya que debemos tomar decisiones rápidas para salvar las vidas de los pasajeros y lo último que quieren los choferes es que se le mueran personas”, “lo que queremos es trabajar dignamente”.
Aclaró que las empresas del transporte turístico hacen pruebas toxicológicas a los empleados antes de ingresar.
Respuesta al senador Antonio Marte
En respuesta a las declaraciones del senador de la República, Antonio Marte, quien había pedido a Hugo Beras, director del Intrant, mano dura y poner un ejemplo, Tomacito Reyes, secretario general del Sindicato de Choferes del Transporte Turístico del Este (Sichotrature), detalló que “aquí todos sabemos lo que significa manos duras y culpó a Marte y a Beras de lo que pueda pasarme”.
Reyes detalló que como sindicatos y afiliados no son sindicalistas capitalistas, sino choferes del transporte turístico, que se levantan todos los días a las 4:00 de la mañana a trabajar por salarios pírricos.
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
Ramírez aseguró que la institución cuenta con suficiente abastecimiento de libretas y procesos estandarizados para evitar los cuellos de botella del pasado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
«No tiene costo adicional para el ciudadano. Es un valor agregado por tener su pasaporte vigente«, explicó.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
«Las motocicletas representan aproximadamente el 58% del total del parque vehicular nacional», destacó el jurista, señalando que este sector crece a un ritmo superior al 6% anual.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
La decisión está contenida en el decreto número 111-26.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Cruz Cruz se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional y sustituye al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue colocado en situación de retiro por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y designado asesor del presidente de la República en materia policial, como establece la legislación dominicana.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.