Comunidad en el exterior
Mujeres dominicanas en Argentina, una inmigración vulnerable
BUENOS AIRES, Argentina.- A pesar de la lejanía geográfica entre ambos países, Argentina es un destino apetecido para muchos emigrantes de República Dominicana, en particular para mujeres, que corren el riesgo de quedar expuestas a redes de trata y explotación sexual.
La inmigración dominicana es mucho menos numerosa que la de paraguayos, bolivianos, peruanos y uruguayos, que constituyen 80 por ciento de los extranjeros radicados en el país desde 2004, pero sobresale por problemas específicos de inserción laboral.
Clarisa Rondó, de la Asociación de Dominicanos Residentes en Argentina, contó a IPS que las mujeres de su país llegan en busca de mejores horizontes laborales, pero debido a dificultades de acceso al mercado muchas caen en redes de prostitución.
«Argentina es un país que nos acoge, nos hace sentir que damos un paso adelante. Es grande, generoso, que ofrece posibilidades», aseguró. Rondó llegó sola con 21 años en 1994, luego se casó, tuvo hijos, se divorció y estudió un profesorado en artes.
«Siempre han venido más mujeres que varones, porque al hombre le cuesta más insertarse», explicó, para luego aclarar que a las mujeres también les resulta difícil, pero «se meten en la prostitución», admitió con pena.
«Hay muchas que son analfabetas, no consiguen trabajo y no les queda otra, se meten en ese circuito», dijo.
La presencia de dominicanas en Argentina se hace visible cuando la policía allana sitios en los que se ejerce la prostitución en Buenos Aires o en provincias como Córdoba, Misiones, La Pampa, Tierra del Fuego, Rio Negro o San Luis.
Si bien no hay estadísticas oficiales, Rondo estimó que hay unos 40.000 dominicanos y dominicanas viviendo en Argentina, 15.000 de los cuales lo hacen en la ciudad de Buenos Aires.
La socióloga Lucía Núñez, de la estatal Universidad Nacional de San Martín, explicó a IPS que, tradicionalmente, los dominicanos emigraban a Estados Unidos o a España, pero a mediados de los años 90 comenzaron a llegar a Argentina.
La paridad del valor del peso argentino con el dólar, fijado en esa década por ley, fomentó el ingreso de inmigrantes del resto de América Latina, que aprovechaban ese tipo de cambio para enviar importantes remesas de dinero a sus países de origen, recordó.
Esa fue una de las principales razones de esa oleada migratoria, unida al idioma común y a la demanda argentina en el área de servicios de baja calificación, como empleos domésticos, peluquerías, restaurantes y el cuidado de niños, niñas y ancianos, precisó.
Una investigación realizada por el Servicio Ecuménico de Orientación y Apoyo a Migrantes y Refugiados, más conocido como CAREF, fueron miles los que ingresaron en aquella década.
Publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, el estudio titulado «Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en Argentina» sostiene que entre 1995 y 2002 se radicaron entre 12.000 y 15.000 inmigrantes de ese país.
En los últimos años, a pesar de que ya el tipo de cambio no resulta un atractivo, esta población sigue llegando. «Tenemos muchos años viniendo y algunas consiguen aquí tener un posicionamiento», afirmó Rondo.
La activista explicó que, en algunos casos, las mujeres hipotecan sus casas para viajar tras la promesa de conseguir un empleo en el servicio doméstico, pero son captadas por redes de trata de personas y explotación sexual.
Al llegar a Argentina, el acceso al empleo se complica, comienzan a contraer deudas con quienes les financiaron parte del viaje y terminan cayendo en la prostitución o en la trata, señaló Rondo.
Núñez coincide. «Llegan a Argentina con promesas laborales que no resultan ser las esperadas, con la esperanza de alcanzar una inserción laboral que les permita mejores condiciones de vida que las que tienen en su país», remarcó.
Una vez aquí «se les dificulta conseguir otro tipo de inserción laboral fuerte», señaló la socióloga, autora de «Construyendo mapas: Cuerpos femeninos, espacio y jerarquización racial en la práctica de la prostitución en la Ciudad de Buenos Aires».
Sostuvo, además, que las mujeres al emigrar saben que la prostitución es una de las posibilidades por experiencias que ya conocen, pero «muchas piensan que no será su caso».
Núñez estudió la vinculación entre la prostitución callejera y la inmigración femenina en la ciudad, y se centró en las dominicanas, que tienen gran visibilidad por ser afrodescendientes en un país de mayoría blanca o mestiza.
En su interpretación, existe una imagen sobre el cuerpo de la mujer afrodescendiente como hipersexualizada, en contraposición a la mujer blanca o indígena, y eso las hace aún más vulnerables.
«Por ahí a ellos les gustan (las mujeres dominicanas) porque nosotras tenemos los pechos grandes», especula una mujer de esa nacionalidad en situación de prostitución en Buenos Aires, entrevistada por Núñez para su investigación.
«Mi mamá no quería que viniera para acá», confiesa otra que también ofrece su cuerpo en la calle en entrevista con la investigadora. «Me decía a lo que venían las mujeres para acá y yo no le creía».
Frente a este fenómeno, el gobierno argentino comenzó a exigir visa a los inmigrantes domanicanos a partir de agosto de 2012, y facilitó los trámites de residencia permanente para aquellos que ya se encontraban en el país.
Rondo cree que la visa no es una solución. Lo mismo piensan en el CAREF, adonde IPS consultó a Gabriela Liguori, y en la embajada de República Dominicana en Buenos Aires. Todos afirman que la exigencia no frenará el problema.
«Esto empeora las cosas, porque va a ser difícil, pero van a buscar otros medios de entrada por tierra, en forma ilegal, y después van a quedar menos protegidas y más expuestas al negocio de la trata», advirtió la activista.
En cambio, sí creen que es una buena idea facilitar los trámites de regularización de los que entraron como turistas y hoy están ilegales, porque les permite obtener una residencia precaria –por tres años- con la que pueden trabajar.
El programa tiene asistencia del consulado dominicano, del ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del ministerio de Justicia.
El régimen de regularización se lanzó en enero y se prolongará hasta julio. En marzo se habían otorgado ya 631 residencias precarias, según informa la Dirección Nacional de Migraciones en su página de Internet.
«Mi idea es que la gente que venga pueda regularizar su situación, estudiar o trabajar porque si algunas vienen por la prostitución, que al menos tengan otras alternativas. Pero sin documentación, están obligadas a prostituirse», finalizó Rondo.
Por Jhonny Trinidad
NUEVA YORK.- Son dominicanos los dos hombres baleados la noche del pasado Domingo de Pascua en el distrito de Brooklyn, en esta ciudad, uno de los cuales murió.
Las víctimas son José Ureña Morán, de 30 años, y otro hombre de 50 que no ha sido identificado.
El agresor es el hondureño Michael Mendoza Cardona, de 24 años, quien fue acusado el pasado lunes de asesinato, intento de asesinato y posesión ilegal de armas.
El tiroteo ocurrió frente a un edificio de la calle Fulton, en el sector Cypress Hills.
Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sospechoso disparó contra Ureña Morán y el otro hombre mientras se encontraban debajo de la plataforma elevada del metro de la línea J, entre las calles Cleveland y Elton, cuando estaban de pie en la acera, cerca de un grupo de tres personas.
Después de que uno de los hombres pareciera dirigirse al grupo, el presunto atacante sacó un arma y disparó varias veces contra él y otro hombre que se encontraba a su lado.
Las imágenes también muestran que el atacante continuó disparando contra las víctimas, incluso, mientras estas permanecían inmóviles en la acera.
Ambos hombres fueron trasladados en estado crítico al Centro Médico Universitario Brookdale. Posteriormente, Ureña Morán, residente de Cypress Hills, fue declarado muerto, de acuerdo con la policía.
jt-am-sp
COLUMBIA.- Un tribunal federal de Estados Unidos emitió una orden de protección que regula el manejo de las pruebas en el caso penal contra Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana, con el objetivo de resguardar información sensible y garantizar un proceso judicial adecuado.
En el marco del proceso, Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, tiene previsto comparecer este lunes a las 12:30 del mediodía ante un tribunal federal de Estados Unidos para la celebración de su audiencia preliminar, luego de que la misma fuera aplazada el pasado mes de marzo.
La disposición, firmada por el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en el Distrito de Columbia, establece que todos los materiales entregados por el Gobierno como parte del proceso solo podrán ser utilizados por la defensa exclusivamente para este caso.
El tribunal ordenó que dichos documentos no podrán ser divulgados ni utilizados en otros procedimientos, y su acceso queda limitado al equipo legal del acusado, excluyendo a familiares, amigos o terceros no autorizados.
Además, la medida pone especial énfasis en la protección de información considerada sensible, como datos personales, identidades de testigos, fuentes confidenciales, agentes encubiertos, registros médicos y detalles de investigaciones en curso.
NO PUEDE RESENTARSE EN DOCUMENTOS JUDICIALES ABIERTOS
Según la orden, este tipo de material no podrá hacerse público ni presentarse en documentos judiciales abiertos, salvo autorización expresa del tribunal, y deberá ser manejado bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
El juez también estableció que, aunque los abogados pueden mostrar parte de la evidencia al acusado para preparar su defensa, no pueden entregarle copias ni permitirle registrar información personal contenida en los documentos.
Asimismo, se dispone que cualquier disputa sobre el carácter confidencial de las pruebas deberá ser resuelta inicialmente entre las partes antes de acudir al tribunal.
La orden permanecerá vigente incluso después de concluido el caso, y no modifica las obligaciones del Gobierno de entregar pruebas conforme a la ley.
Con esta medida, las autoridades buscan proteger la integridad de la investigación, la seguridad de testigos y la privacidad de las personas involucradas, mientras avanza el proceso judicial.
TAMBIÉN PROHIBIÓ DIVULGACIÓN DE:
Números de teléfono, correos electrónicos, licencias de conducir u otra información identificativa; información sobre fuentes confidenciales del gobierno, Identidad de agentes encubiertos, Información que ponga en riesgo la seguridad de testigos.
Asimismo, información privada de terceros no relacionados con el caso, historial médico o de salud mental, métodos de investigación de las autoridades e información que afecte investigaciones en curso o futuras.
También está prohibido divulgar datos de sistemas internos policiales y declaraciones o información tributaria.
an/am
NUEVA YORK.- Cuatro hombres de origen dominicano fueron acusados de agredir a un policía tras una serie de robos de convertidores catalíticos que derivo una persecución en Long Island.
Henry Cruz, de 25 años; Luis Acosta, de 24; Jeorge Santana Sánchez, de 34, y Madinson Silverio Ventura, de 27, enfrentan cargos por lesiones físicas graves a un agente del orden.
El incidente ocurrió el pasado 7 de marzo en Lindenhurst.
De acuerdo con la investigación, los acusados se desplazaban en un Maserati Levante 2021 por calles de Lindenhurst, donde seleccionaban principalmente vehículos Toyota Prius para sustraer sus convertidores catalíticos.
El grupo operaba de forma organizada: apagaban las luces del vehículo, uno vigilaba, otro utilizaba un gato hidráulico y otro cortaba la pieza con una sierra eléctrica antes de huir en busca de otro objetivo, según una nota de prensa.
Alrededor de las 4:37 de la madrugada del pasado 7 de marzo, agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución que se extendió hasta la autopista Southern State Parkway, donde presuntamente alcanzaron velocidades superiores a 90 millas por hora.
Durante el operativo, otra patrulla desplegó dispositivos para detener el vehículo, logrando desinflar sus neumáticos. Los acusados abandonaron el automóvil y huyeron a pie. En medio de la persecución, un agente cayó y sufrió una fractura de tobillo que requirió cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Stony Brook.
Cruz y Acosta fueron arrestados ese mismo día, Santana Sánchez y Silverio Ventura el 19 de marzo en un hotel de El Bronx.
Silverio Ventura también enfrentaba una orden de arresto previa por un robo similar ocurrido en 2023.
El pasado 1 de abril, los cuatro imputados fueron presentados ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei, enfrentando cargos que incluyen agresión a un oficial de policía, desmantelamiento de automóvil en primer grado, daños a la propiedad y posesión de propiedad robada.
La próxima audiencia fue fijada para el 6 de mayo de 2026.
Cada uno de los imputados enfrenta hasta 15 años de prisión.
jt-am