Santo Domingo, RD.Mediante resolución el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) se reitera la prohibición de que los establecimientos de comidas no pueden cobrar el 10 % de propina a los comparadores o consumidores que no accedan a los locales para abastecerse del aperitivo.Más Noticias
Multarán negocios que cobren 10 % de propina en comida para llevar.
Santo Domingo, RD.Mediante resolución el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) se reitera la prohibición de que los establecimientos de comidas no pueden cobrar el 10 % de propina a los comparadores o consumidores que no accedan a los locales para abastecerse del aperitivo.Quienes violen los parámetros establecidos en la resolución número 1438-22, del 12 de agosto de 2021, serán sancionados con multas y otras sanciones, conforme al artículo 109 de la Ley 358-05, según lo informó el director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara.
El funcionario señaló que a diferencia de la resolución anterior (330-2016), “este nuevo dispositivo establece claramente que los comercios que incumplan con estas medidas serán sancionados de acuerdo a la normativa”.
Además, comentó que la entidad de protección al consumidor iniciará un proceso de inspección en los comercios de todo el territorio nacional, en busca de comprobar el cumplimiento de la referida resolución.
“A partir de esta resolución, nuestros inspectores estarán en las calles verificando y garantizando el cumplimiento de la misma que durante años ha sido incumplida”, dijo en un comunicado de prensa.
Alcántara indicó que la institución ha recibido numerosas denuncias de consumidores que entienden que se le quebrantan sus derechos cuando les cobran el 10 % de propina sin hacer uso del establecimiento.
Reiteró que cuando el consumidor compre un producto que sea para llevar (take-out) o a domicilio (delivery) dicho porcentaje no puede ser aplicado y que en caso de no cumplir con las disposiciones de la resolución serán objeto de sanciones.
Alcántara llamó a los ciudadanos a denunciar ante Pro consumidor a los establecimientos que violen esta disposición, por lo que requirió que guarden el comprobante de pago o factura para que sirva como elemento de prueba.
“Para realizar cualquier denuncia o reclamo, los consumidores pueden ir presencialmente a las instalaciones de Pro Consumidor o comunicarse a los teléfonos: 809-567-8555 y el 1-200-8555 desde el interior sin cargos, así como a través de las redes sociales @ProConsumidorRD, para enfrentar esta problemática de consumo que tanto afecta los bolsillos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios”, expone la nota de prensa.
Sentencia Suprema Corte de Justicia
Se recuerda que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mediante la sentencia 033-2021-SSEN-00765, estableció que la propina obligatoria que dispone el artículo 228 del Código de Trabajo no debe ser incluida en las cuentas de comidas y bebidas que serían consumidas en un lugar diferente al negocio o comercio que las haya vendido.
De igual modo, la sentencia establece que ese monto solo será aplicado a las cuentas de los clientes que consuman comidas o bebidas dentro de los negocios.
Santo Domingo, R.D.– La resolución 00263-2024 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) a favor de los pensionados y jubilados del Estado dominicano dispone el aumento de la cobertura y beneficios para los planes especiales transitorios de servicios de salud de la población en condición de retiro.
La medida, que ordena reducir al 3.2% los aportes de los pensionados y jubilados al Seguro Familiar de Salud (SFS) hasta el tope de 10 salarios mínimos nacional, garantizará coberturas adicionales aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y ampliará la red de prestadores de servicios de salud en todo el país, incluyendo clínicas, laboratorios y centros diagnósticos, para mejorar el acceso y la calidad de la atención.
Esta disposición entrará en vigor de forma retroactiva a partir del 01 de diciembre de 2024, impactando positivamente a jubilados y pensionados de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), médicos, maestros, policías, exmiembros de los cuerpos castrenses y sus dependientes directos.
“La normativa beneficiará a estas personas en el momento de su vida cuando más lo necesitan. Asegurará el acceso universal a una mejor protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez de la población en condición de retiro”, sostuvo el superintendente Miguel Ceara Hatton.
Para la aplicación de los nuevos beneficios, el Gobierno dispuso una inversión de más de mil 600 millones de pesos y emitió el decreto 644-24 para reducir al 3.2% el aporte de los pensionados, reafirmando su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los jubilados y pensionados.
La resolución establece los nuevos per cápita por ampliación de red e inclusión de nuevos beneficios e instruye a las Administradoras de Riesgos de Salud ARS SeNaSa, ARS CMD y ARS SEMMA brindar los servicios y actualizar un listado con los nuevos Prestadores de Servicios de Salud (PSS).
Sobre SISALRIL
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es la institución responsable de garantizar el derecho a la salud y la protección ante riesgos laborales de la población de manera oportuna y con calidad, mediante la regulación y supervisión en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Es una entidad autónoma del Estado, establecida el 9 de mayo de 2001 mediante la Ley No. 87-01 que crea el SDSS.
Restauración.–Varias personas de nacionalidad haitiana fueron apresadas por autoridades conjuntas para ser investigados con relación al robo efectuado en la residencia de la señora Martina Valdez, a quien también hirieron por arma blanca en el municipio de Restauración.
En un amplio operativo encabezado por el teniente coronel Caba Suriel, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), el Ejército de República Dominicana y la Policía Preventiva, se realizan las detenciones para tratar de esclarecer el hecho donde resultó afectada por golpes y heridas la señora Martina Valdez de 61 años de edad.
Se presume que un hombre de origen haitiano es el responsable de amordazar y provocarle heridas a la señora Martina Valdez de 61 años para robarle sus pertenencias.
El desaprensivo logró cargar con 4,000 pesos en efectivo, un celular y dos anillos de plata, de la residencia de la señora Martina; esto, luego de amordazarla y provocarle algunas lecciones en la mano derecha y trauma múltiples en el cráneo; según el diagnóstico del médico de servicio en el hospital donde fue llevada.
Este hecho ocurrió alrededor de la siete de la noche del lunes cuando la señora Valdez se encontraba en su residencia de la calle Duarte de dicho municipio.
Caba Suriel manifestó que no permitirá que antisociales siembren la intranquilidad de las personas de bien en esta provincia, por lo que pidió a los malhechores a abstenerse de infringir la ley.
Santo Domingo, R.D.-Fue descargado de responsabilidad penal el agente de Migración Carlos Jiménez Rosario, cuya decisión provino del Primer Tribunal Colegiado de la Provincia de Santo Domingo de un hecho que se produjo por supuestamente violar sexualmente a una haitiana en septiembre del 2023 en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA)
La información la ofreció su abogado Óscar de León, quien dijo que la supuesta víctima Stephy Graph Cadichon, de 31 años, nunca compareció al tribunal y tampoco fue posible localizarla en Estados Unidos donde habría viajado.
Graph Cadichon imputó al agente haber abusado sexualmente de ella luego de una supuesta discusión que sostuvieron en la terminal aérea, porque la extranjera presuntamente intentó viajar con un visado falso de un niño que la acompañaba.
Según su denuncia, Jiménez Rosario la llevó a un cuarto del aeropuerto donde la violó.
De León explicó que los jueces Elizabeth Rodríguez, Flor Batista y José Leonel Asencio emitieron la sentencia absolutoria a favor de Jiménez Rosario por insuficiencia probatoria.
El agente duró preso siete meses en la cárcel Najayo-Hombres, como medida de coerción, la cual se le varió por presentación periódica y una garantía económica cuando fue enviado a juicio de fondo.
La extranjera tenía un proceso abierto en su contra por supuesta visa falsa, en el que se le declaró en rebeldía.