Narco-Estado, Quirino y EEUU

Por Narciso Isa Conde

El cártel Quirino fue parte del narco-estado dominicano.

Entre este narco-estado y EEUU hay una relación funcional.

EEUU no combate el narcotráfico como lo proclama, sino que controla su oferta y usa su persecución como medio de chantaje, fuente de liquidez para sus bancos y mecanismo de intervención.

El caso Quirino lo ilustra. Ahí está ya en libertad y sus confesiones secuestradas, pese a que involucran a generales, dirigentes del PLD, PRD y PRSC y grandes empresarios.

Los generales al servicio del develado “cártel Quirino”, unos partidario del ex presidente Hipólito Mejía y otros pro Leonel Fernández, han sido protegidos después de apresado y extraditado el capo de esa organización criminal articulada al cártel del Valle del Norte de Colombia. Igual ciertos ministros y dirigentes políticos de los principales partidos del sistema, sobornados por él.

Otros casos como los de Figueroa Agosto, Paya y ATIEMAR refuerzan esa realidad.

Eso puede explicar el por qué en el caso de “la matanza Paya” (tumbe y ajuste de cuenta entre mafias colombo-dominicanas a cargo de oficiales de la Marina de Guerra) solo aparecieron los muertos y no el dinero ni los 2000 kilos de cocaína. Un ex Jefe de la Marina y ex jefe de la DNCD, incluso vice-ministro de las FFAA, fue -junto a otros generales- uno de los grandes beneficiarios de esa operación.

Figueroa Agosto tiene todas las característica de un agente encubierto de la DEA, asociado en esos turbios negocios a altas esferas del Estado, a grandes empresarios y a un ex -embajador de EEUU. Está en manos del imperio y sus confesiones no han servido para castigar sus altas conexiones.

Esos datos son solo usados para chantajear y subordinar políticamente.

Los del Tiempo Márquez (ATIEMAR) se reunieron con Leonel y se asociaron a un jefe de la PN y a uno de la DNCD. El Estado español también se guarda muchas informaciones como hace EEUU.

• La asociación del Estado con la narco-corrupción.

El narco es poderoso en la República Dominicana porque es poder estatal y empresarial, y cuenta con complicidades de la DEA y manejos proteccionistas afines a la sucia estrategia de EEUU en materia dedrogas.

El narco no anda por un lado y los gobiernos por el otro. No anda por allá y el empresariado inescrupuloso por acá.

El tráfico por mar paga peaje en altas instancias de la Marina de Guerra- Armada (el 15 por ciento del valor del cargamento).

El bombardeo aéreo cuenta con la complicidad de enclaves en esa y otras instituciones armadas.

El sistema aeroportuario y su seguridad está contaminado por las mafias de la droga. No pocas compañías aéreas privadas están en el lavado de dinero y en el tráfico de narcóticos (la tarifa actual es del 12%).

En el Aeropuerto de Santiago, segunda ciudad del país, se parquean algunos “jets” y helicopteros privados que no se cansan de traer dólares del exterior. Y son propiedad de cuatro grandes lumpen-empresarios que financian al partido de gobierno.
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Pero pasa algo parecido, y en mayor escala, en aeropuertos como el de Punta Cana y el del Higüero.

Todo el sistema aeroportuario esta infectado. Igual los puertos marítimos, en especial el Nodal Caucedo.

La Dirección Nacional Contra las Drogas (DNCD), desde años atrás, ha sido tomada por esas mafias; mientras no pocos de sus generales ejecutivos desplazados -beneficiarios de esa alianza perversa- ocupan posiciones relevantes en las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional, donde además abundan sicarios militares y policiales protegidos por sus jefes. Casos como los de los coroneles Hilario y Liriano, pedido en extradición por su larga trayectoria delictiva en la DNCD refuerzan esta valoración.

La DNCD extorsiona al micro-tráfico y protege el macro-tráfico. La Policía Nacional también. Tienen generales y oficiales de diversos rangos al servicio y/o asociados a los “capos” civiles. Conocen todos los puestos de distribución de drogas y los manipulan.

Bancos, bancas de apuestas, distribuidoras de vehículos, empresas aéreas, discotecas, empresas de zona franca… son parte de ese negociazo con conocimiento y participación de autoridades. Todos sus dueños tienen buena representación congresual, municipal y judicial.

La alianza de este gobierno con el de Colombia ha producido un incremento del flujo de capitales sucios para el lavado (más de 1000 millones de dólares) y el reclutamiento de importantes figuras militares del entorno presidencial y de los organismos de seguridad.

Se agotaron así las posibilidades de reformar desde dentro, en el sentido democrático y progresista, esta institucionalidad, este sistema político y el poder en que se sustentan.

De esas superestructuras, amarradas ahora dictarialmente desde el Comité Político del PLD, solo pueden emanar impunidad y contra-reformas neo-conservadoras.

Habrá que dinamitarlas políticamente desde un gran movimiento político-social alternativo.