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Niega compra por internet sea violatoriaDR CAFTA
El ministro de Industria y Comercio manifestó que la reforma fiscal en su artículo 54 no viola el DR-Cafta, ya que los impuestos propuestos en la misma son de carácter interno que recaen sobre toda mercancía, nacional o no nacional, y son compatibles con las leyes tributarias vigentes en el país.
El licenciado José del Castillo Saviñón enfatizó que esta medida genera igualdad en el cumplimiento impositivo, debido a que la exención de compra por Internet pudiera interpretarse dentro del comercio interno como una situación de inequidad tributaria.
Explicó que hay que tener en cuenta que un arancel aduanero es diferente a un impuesto interno. El primero, que es captado en frontera, es una tasa que debe pagar un producto importado. El segundo es un impuesto que debe pagar todo producto, indistintamente de que sea nacional o extranjero, con la diferencia de que el producto importado lo paga al momento de ingresar en frontera.
Además destacó que el impuesto interno que contiene la reforma fiscal recae sobre la mercancía comprada a través del Internet, no así sobre el servicio de correo expreso o courier.
El ministro del Castillo Saviñón refirió que según los términos del Artículo 5.7 (Envíos de entrega rápida) del DR-Cafta, la medida en cuestión no obstruye ni compromete la entrega ágil del producto, ya que la medida se limita al pago de un impuesto y no a una formalidad ni requisito de importación.
En segundo lugar, en cuanto al Artículo 11.13 del DR-Cafta (Servicio de Envío Urgente), explicó que la medida en cuestión no implica una disminución en la apertura del mercado, ni se restringe el servicio, toda vez que la medida no recae sobre el servicio, tal como sería disponer de un procedimiento especial o un formulario adicional para el trámite de las mercancías.
En tercer lugar, se refirió al Artículo 21.3.1 del DR-Cafta (Tributación) que establece la excepción general de que ninguna disposición del tratado se aplicará a medidas tributarias. En este contexto, cada país signatario es libre de establecer su régimen tributario, ajustándose a los compromisos del tratado.
El ministro de Industria y Comercio afirmó el compromiso del Gobierno Dominicano en cumplir con los acuerdos internacionales y recalcó la transparencia del Estado, en virtud de la notificación hecha a todos los países parte del Tratado sobre la disposición.
UN APUNTE
Inequidad
El ministro Del Castillo Saviñon afirmó que la exención de compra por Internet pudiera interpretarse (como realmente ocurrió en diversas ocasiones) dentro del comercio interno como una situación de inequidad tributaria.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.