El presidente de la Suprema Corte de Justicia se limitó en su discurso con motivo del Día del Poder Judicial a enumerar algunos de los problemas que padece el sistema de justicia.
Sin embargo, es de primer orden dejar claro que la judicatura nacional ciertamente sufre mucho con las moras que se producen en los procesos judiciales, pero ello no es peor que la ineptitud y la complicidad de que adolece todo el sistema.
Nadie niega que la mora en los procesos judiciales se traduce en denegación de justicia, pero esta falla no es peor que la politización y la complicidad de jueces y fiscales con delincuentes de cuello blanco, con narcotraficantes, funcionarios públicos e incluso con los llamados rateros.
Es un problema tan grave que hemos proclamado a todo pulmón que esa negligencia, dentro de la que encaja la mora, la ineptitud y la complicidad de todos los actores de todo el sistema de justicia, es la razón principal de la crisis de credibilidad de fiscales y jueces, pero sin excluir a los alguaciles, abogados, entre otros, para no decir todos.
Atravesamos por una situación muy difícil y complicada que podría implicar el colapso de todo el andamiaje legal de la sociedad dominicana, porque lo hemos dicho muchas veces que los dominicanos hemos transitado de una cierta civilización hacia otra totalmente salvaje, donde hacer justicia con sus propias manos es lo que ha traído como consecuencia la perdida total de la credibilidad en jueces y fiscales.
La pregunta que habría que hacerse es si el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, es la voz más autorizada para tratar el principal problema que padece el sistema de justicia, como lo es su politización, ya que el es un resultado de esa desviación de la independencia que ha impactado la judicatura nacional.
Molina es o era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero además un activista destacado de la corriente del presidente Danilo Medina, así como funcionario de primer orden, lo cual habla claro que fue llevado allí con la misión de preservar el estado de impunidad que prevalece en la sociedad dominicana.
Es como si la iglesia estuviera en mano de Lutero, lo cual disminuye la confianza para que en el país se produzca el cambio que demanda la nación, a fin de fortalecer el estado de derecho y en consecuencia la armonía social.
Pero definitivamente así no se puede.