Santiago.-Ninguna de las aerolíneas que vuelan por el Aeropuerto Cibao de la provincia de Santiago, tienen registrado la salida de una persona que lleve por nombre Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), dijeron al Listín Diario empleados y ejecutivos de las mismas.Nacionales
Nombre “Quirinito” no está en salida aeropuerto Cibao ni lista de funerarias
REVELAN DETALES SOBRE COMPRA ATAÚD Y SITIO DE VELATORIO, PERO NUNCA FUE VISTO CADÁVER
Santiago.-Ninguna de las aerolíneas que vuelan por el Aeropuerto Cibao de la provincia de Santiago, tienen registrado la salida de una persona que lleve por nombre Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), dijeron al Listín Diario empleados y ejecutivos de las mismas.También en las funerarias Blandino de la calle 27 de Febrero, frente al cementerio de la 30 de Marzo y la Protectora la Altagracia, de la avenida Hermanas Mirabal, de Santiago, en declaraciones al Listín Diario negaron que allí se haya producido algún velatorio de una persona con ese nombre.
Por igual que en la funeraria Savica y otras que operan en barrios y sectores suburbanos de Santiago, sus ejecutivos dicen que tampoco tienen registros de que se haya hecho algún pedido de velatorio con el nombre de esa persona.
También las aerolíneas que hacen sus vuelos por el Aeropuerto Cibao, dicen lo mismo, algunos funcionarios y empleados al ser consultados sonreían y otros comentaban, “las redes sociales, van a poner a la gente loca”.
Porque surge la preocupación
La preocupación surge luego que la encargada de la funeraria Don Benigno de la calle Salcedo de San Francisco de Macorís, Amparo Paulino, declaró al Listín Diario, que unos señores a bordo de una jeepeta a eso de las 11 de la noche compraron en ese establecimiento un ataúd y que junto a su propietario y el sereno lo llevaron al apartamento del residencial Bethy Marie, del sector Paseo del Río donde cumplía prisión de medio libre “Quirinito”.
De acuerdo a la ejecutiva, la caja adquirida era para colocar el cadáver de una persona que había fallecido en un apartamento del residencial Marie Bethy y luego retornarla a la funeraria Don Benigno para velarlo.
Pero que cuando el dueño de la funeraria y el sereno llegaron vieron que algo raro se movía y que al preguntar qué pasaba, una mujer que se identificó pariente del supuesto muerto, le advirtió que el cuerpo se lo habían llevado a Santiago.
Sostuvo que las propias personas que visitaron la funeraria, compraron el ataúd y contrataron los servicios para los actos fúnebres, regresaron al dueño y a sereno junto a la caja de “muerto” que estaba vacía. Paulino aclaró que las personas preguntaron al propietario de la funeraria que cuanto le debía, pero que él le respondió que nada, porque no había ofrecido ningún servicio.
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IDENTIDAD Y PARTE DE SUS ANTECEDENTES
¿Quién es Quirinito? Su nombre es Pedro Alejandro Castillo Paniagua. Es sobrino del condenado por narcotráfico, Quirino Ernesto Paulino Castillo. Tiene 35 años de edad y su esposa es Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo, quien fue su abogada y logró que obtuviera la prisión domiciliaria que tenía desde mayo del presente año.
En 2009 “Quirinito” fue investigado por dos casos: el asesinato del español Gustavo Adolfo Cervantes (Waikikí) y el secuestro del empleado privado, Víctor Manuel Mella, por el que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Mella desapareció el 12 de 2007 cuando presuntamente llegaba a su residencia en el sector capitalino Jardines del Norte.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.