Pedro Rodríguez Montero, del Colegio de Notarios.
Santo Domingo.- El presidente del Colegio Dominicano de Notarios afirmó que la modificación de la Ley 140-15 implica daño irreversible y de consecuencias jurídicas traumáticas y trastornadoras para el orden judicial e institucional.
El doctor Pedro Rodríguez Montero dijo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía, ha recurrido a todas las vías a su alcance para pretender colocar en el más abyecto descrédito esta normativa de carácter legal y en ese despropósito ha querido confundir a la opinión pública presentando a los notarios como forajidos y desaprensivos “abrepuertas”, que especulan con una tarifa notarial desproporcionada, y nada de esto se corresponde con la verdad.
Rodríguez Montero intervino en una vista pública de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, a la cual asistieron más de 200 miembros del Colegio Dominicano de Notarios.
“La verdad de todo es que la Ley número 140-15, del Notariado y del colegio al cual presido, como toda obra humana es perfectible, toda ley es revisable, toda normativa legal es susceptible de ser superada y adecuada; pero la pretensión del doctor Germán Mejía, sólo de él, porque él no ha consultado el Pleno de Jueces de esa alta Corte, es volver atrás”, manifestó el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, durante su intervención. Indicó que es necesario precisar las actuaciones de los notarios en lugar de los alguaciles, ya que únicamente está prevista en los procesos verbales (embargos, desalojos, las aperturas de puertas y los protestos de cheques), y que sólo en ocasión de realizar específicamente esas delicadas intervenciones, ya que las notificaciones, las denuncias y demás diligencias que se hacen antes y después de dichos procesos verbales, siguen reservadas a los alguaciles.
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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.
