La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia convocó además a la magistrada Susana Castañeda para dirimir en la discordia sobre el recurso de casación presentado por Fujimori.
El pasado 9 de agosto, el juez supremo Hugo Príncipe anunció la postergación de la decisión de la sala debido a las discrepancias entre los magistrados que debían votar por el pedido de excarcelación de Fujimori, así como de Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Luis Mejía Lecca, todos implicados en una investigación por presunto lavado de activos contra el partido Fuerza Popular.
El magistrado detalló, esa fecha, que dos de los jueces «se pronuncian a favor de que se declaren infundadas las casaciones y tres a favor de que se declare fundada en parte y se reduzca de 36 a 18 meses la prisión preventiva» contra Fujimori y los demás implicados.
Solo un sexto miembro del tribunal se pronunció a favor de que se declare fundado en todos sus extremos el recurso de casación presentado por Mejía Lecca.
«En consecuencia, no se ha formado resolución. De conformidad con el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, seguirá su trámite este proceso», concluyó Príncipe.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece «en las salas de la Corte Suprema, cuatro votos conformes hacen resolución», por lo que en este caso no se presentó esa situación y el tribunal deberá convocar a un juez dirimente.
Tras conocerse la decisión, la abogada de Keiko, Giulliana Loza, aseguró que existen «presiones» para que Fujimori no sea liberada, mientras que el esposo de la líder opositora, el estadounidense Mark Vito, dijo que se siente «muy frustrado».
Keiko Fujimori fue enviada a prisión durante 36 meses a fines de octubre pasado por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien acogió un pedido en ese sentido del equipo especial de la fiscalía que investiga el caso Lava Jato en Perú.
Fujimori es investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos por haber recibido aportes irregulares de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La semana pasada, el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata ratificó ante los fiscales peruanos que la empresa entregó 500.000 dólares para financiar la segunda vuelta de la campaña presidencial de Fujimori en 2011.