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Nuevo Código Penal sanciona empresas que dañen el medio ambiente, advierte Rosalba Ramos
Santo Domingo, R.D.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, advirtió este jueves que las empresas que dañen el medio ambiente ya no solo se exponen a sanciones administrativas en el nuevo Código Penal, también sus administradores, directivos o encargados pueden ser condenados penalmente e ir a las cárceles con la nueva Ley 74-25.
Ramos dijo que, aunque la normativa, que entrará en vigencia el próximo año, no sea exclusivamente ambiental, su aplicación en el ámbito ecológico implicará «que las conductas que atenten contra el medio ambiente, por ejemplo, contaminación grave, explotación de recursos sin autorización, vertidos, puedan tener consecuencias penales.
En consecuencia – continuó la funcionaria- los administradores, directivos o encargados de empresas pueden enfrentar sanciones de prisión mayor y multas significativas, dependiendo de la gravedad del daño causado y del grado de culpabilidad«.
Consideró que, por su novedad de castigar penalmente el daño al medio ambiente, la Ley 74-25 «consolida una tendencia moderna del derecho sancionador, en la que las empresas no pueden excusarse en la actuación individual de sus empleados».
En ese orden, subrayó que «ya no basta con cumplir regulaciones ambientales básicas, ahora la dimensión penal y de responsabilidad jurídica se torna central».
Para Ramos, los operadores económicos generalmente, suelen considerar el medio ambiente como un bien público del que tiene que hacerse responsable el Estado solamente, en lugar de hacerlo el causante de los daños que se le hayan infligido.
Christy Luciano, presidenta interina del consejo directivo de Ecored, destacó que el desarrollo empresarial y la protección del medio ambiente no son caminos opuestos, sino rutas complementarias que deben avanzar juntas para aspirar a un futuro verdaderamente sostenible.
Marca un hito
La presidenta de Ecored, Chisty Luciano, señaló que la próxima entrada en vigor del nuevo Código Penal, con sus disposiciones sobre delitos ambientales, marca un hito en la evolución del marco legal dominicano.
Al intervenir en el encuentro, en el Hotel El Embajador, Luciano enfatizó que «más allá del cumplimiento, este cambio representa una oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos ambientales, mejorar la gobernanza corporativa y proteger la reputación de nuestras organizaciones».
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.