Comunidad en el exterior
NY: Investigan maestro RD y su esposa por tráfico humano
Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.
Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.
El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).
Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.
ESQUEMA DE EXPLOTACION
La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.
En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.
Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.
IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS
Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.
De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.
SALARIOS ELEVADOS
Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».
Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.
Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.
NUEVA YORK.- La familia de Bryant Rojas Valdez, un dominicano con discapacidad mental, solicitó la ayuda de la comunidad y de las autoridades para localizar al joven desaparecido desde el 18 de marzo.
Explicaron que la condición especial de Rojas Valdez, de 26 años, hace que su búsqueda sea aún más urgente y prioritaria.
La familia organizó una rueda de prensa en la que ofrecerán detalles sobre la desaparición, las acciones emprendidas hasta el momento y formas en que la comunidad puede colaborar.
Para más información, llame a Grecia Valdez al (347) 499-3656.
BOGOTA.- Las autoridades de Colombia capturaron a tres colombianos, entre ellos un funcionario público, que hacían parte de una red criminal que suministraba documentos falsos a migrantes dominicanos para que pudieran viajar a Estados Unidos, informó este domingo la Fiscalía.
Los detenidos son Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público, dijo el ente acusador en un comunicado.
Al tercer implicado, José María Romero, funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar (norte), la Fiscalía lo acusó por los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático, añadió la información.
La investigación de la Fiscalía estableció que, entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, la red criminal contactó a ciudadanos de República Dominicana para tramitarles documentos para que figuraran como nacidos en Colombia, y así «permitirles movilizarse con libertad por el país y viajar como nacionales a destinos internacionales».
La Fiscalía detalló que Puentes, que supuestamente era el jefe de la red, transportaba y acompañaba a los extranjeros mientras les gestionaba la documentación, y era el encargado de «garantizar que salieran sin contratiempos por los filtros migratorios de los aeropuertos».
Romero, por su lado, utilizaba su usuario y clave personal para ingresar a las bases de datos de la Registraduría, consignar información falsa y darle apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
El jueves pasado, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió en Bogotá con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y con su canciller, Laura Sarabia, con quienes trató asuntos migratorios y de seguridad.
Según la Presidencia colombiana, en la reunión se trataron «temas clave en la relación bilateral, incluyendo seguridad, narcotráfico, migración y la repatriación de colombianos».
En la visita, Noem subrayó que su Gobierno ayudará a Colombia a impedir que «terroristas» crucen sus fronteras y se comprometió a trabajar con las autoridades de este país en temas de «seguridad pública, narcotráfico y trata de personas».
Colombia juega un papel importante en la crisis migratoria porque la región del Urabá (noroeste) fue en los últimos años el punto de partida de miles de personas de distintas nacionalidades que atravesaron la peligrosa selva del Darién, que marca la frontera con Panamá, en su camino hacia Estados Unidos, un flujo que casi desapareció desde el regreso de Donald Trump al poder.
La secretaria estadounidense considera que Colombia y Estados Unidos «pueden ser líderes» en seguridad regional y controles migratorios, y atraer a otros países para realizar «un esfuerzo cooperativo para abordar las preocupaciones de seguridad que todos compartimos».
PENSILVANIA.- Un jurado federal en Pittsburgh acusó a un dominicano de recibir dinero robado a decenas de abuelos de Estados Unidos.
Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 34 años, supuestamente es miembro de un grupo de delincuencia organizada que defraudó a víctimas a personas de la tercera edad con decenas de miles de dólares.
Estas personas llaman a un abuelo y se hacen pasar por su nieto en una crisis, como un accidente o un arresto, y luego le piden que envíe asistencia financiera inmediata.
“El dinero de las víctimas fue recogido en Pensilvania y entregado por conductores de Lyft y Uber a varios lugares del norte de Ohio, donde Rodríguez fue grabado en videos de vigilancia de varios establecimientos minoristas reuniéndose con los conductores y recibiendo el dinero robado”, dice la acusación.
Tras recibir el dinero, Bisonó Rodríguez enviaba parte a República Dominicana a través de transferencias bancarias y depósitos a cuentas que posee en el país.
Entre octubre de 2024 y enero de 2025, al menos cinco personas del oeste de Pensilvania fueron estafadas con más de 50,000 dólares.