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Comunidad en el exterior

NY: Investigan maestro RD y su esposa por tráfico humano

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Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.

Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.

El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).

Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.

ESQUEMA DE EXPLOTACION

La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.

En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.

Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.

IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS

Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.

De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.

SALARIOS ELEVADOS 

Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.

La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».

Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.

Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.

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Comunidad en el exterior

Policía de Nueva York crea unidad para castigar a quienes orinan o mendigan en el metro

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Agencia EFE

Nueva York, Estados Unidos.-.-El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) creará una unidad centrada en delitos menores cometidos en los vagones del metro o sus estaciones, como orinar, mendigar o las ventas ambulantes, que afectan a la calidad de vida de la ciudad, según comunicó este jueves la comisaria de Policía Jessica Tisch.

El Departamento de Policía lanza esta nueva división similar a un programa piloto anterior centrado en conductas detectadas en el metro, como acostarse ocupando varios asientos de los vagones, fumar o beber alcohol, y cuyos detalles se conocerán los próximos meses.

Con estas dos iniciativas, Tisch aseguró que quiere que los ciudadanos se sientan seguros, especialmente en el metro, donde la presencia policial se ha reforzado, con más de 200 agentes en trenes y andenes, que ya está obteniendo buenos resultados, según la comisaria.

«Nuestros trenes y andenes del metro no son refugios para personas sin hogar. No son hospitales psiquiátricos. Como ciudad, tenemos el deber moral de brindar servicios a las personas que los necesitan«, añadió, en alusión al alto número de ‘sintecho’ y de personas con problemas psiquiátricos en la extensa red del metro neoyorquino.

Las nuevas iniciativas también se combinarán con medidas proactivas para ayudar a este tipo de personas, según indicó Tisch en su discurso.

A pesar de los recientes incidentes que se han producido en el metro, como los empujones de varias personas a las vías del tren, los datos policiales apuntan que los índices generales de delincuencia disminuyeron en los últimos dos años.

La comisaria subrayó la disminución del crimen en 2024 y añadió que los tiroteos se han reducido en un 28 % en lo que va de año debido a la actuación policial por zonas, con 650 agentes adicionales en las zonas de alta criminalidad.

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Colombia concede extradición dominicano Samil Abad de la Rosa

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BOGOTA.- Colombia concedió la extradición del dominicano Samil José Abad de la Rosa, acusado en su país de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.

Abad de la Rosa fue arrestado por las autoridades colombianas el 4 de marzo del pasado año 2024, en virtud de una orden internacional de arresto.

Según el Ministerio Público dominicano, en el periodo comprendido entre julio 2021 y diciembre 2022, conjuntamente con otros coimputados, el acusado estafó a varias personas con 2,493,933 dólares y 7,250,500 pesos a través de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana (Dificoop).

Abad de la Rosa y sus socios utilizaban la plataforma Digital Kingdom Group, en la que las víctimas obtenían un usuario que les permitía verificar las inversiones que realizaban mediante criptomonedas, modalidad que formaba parte del entramado utilizado para estafarlas a través de medios digitales.

El interés anual por pagar podría alcanzar hasta 204 %, equivalente a un interés mensual de hasta un 17 %, agrega la acusación.

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COLOMBIA: Fiscalía pide cárcel para ‘El Dominicano’

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VALLEDUPAR, Colombia.- El 23 de enero el Juzgado Catorce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, tomará la decisión en cuanto a la medida de aseguramiento a imponer en contra de Luis Mariano Rojas Santana, conocido como ‘El Dominicano’, quien se encuentra detenido en las instalaciones de la URI de la Fiscalía, tras ser capturado por la Policía Metropolitana, el pasado sábado en horas de la noche en el barrio San Fernando.

En este proceso, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario, lo cual será apelado por la defensa del procesado, quien ha indicado que pedirá la no privativa de la libertad o en un eventual caso la detención domiciliaria.

‘El Dominicano’ es procesado por porte ilegal de armas de fuego, partes y municiones, dado que la Policía Metropolitana ha argumentado que en el momento de realizarle un registro a la camioneta de este hombre, fueron encontradas, una pistola marca Glock 26 GEN 4, calibre 9mm, color negro, con un magaine 50RD (DRUM) RWV y 25 cartuchos sin percutir. Al igual que una pistola Glock 19 GEN 4, calibre 9mm, color negro, con dos proveedores de 10 cartuchos cada uno, también sin percutir.

Por estos mismos presuntos hechos también está siendo procesada Alba Cristina Peralta Mojica, de 33 años, contra quien la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento por tanto fue dejada en libertad, pero seguirá vinculada a la investigación que tendrá un debate probatorio en juicio, según ha señalado la defensa a cargo del abogado Luis Freite.

“Estamos en todo el derecho de controvertir lo indicado por la Fiscalía y este caso será llevado a juicio, mi cliente es un comerciante y empresario en la ciudad, que contra él no hay otra investigación, tiene un arraigo en esta ciudad y es un proceso que apenas empieza. Vamos a apelar la medida de aseguramiento que ha solicitado la Fiscalía”, indicó el abogado Luis Freite.

De igual manera señaló que el atentado del que fue víctima, Luis Mariano Santana Rojas, en mayo de 2024, aún está siendo investigado por la Fiscalía para determinar su origen.

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