Comunidad en el exterior
NY: Investigan maestro RD y su esposa por tráfico humano
Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.
Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.
El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).
Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.
ESQUEMA DE EXPLOTACION
La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.
En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.
Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.
IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS
Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.
De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.
SALARIOS ELEVADOS
Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».
Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.
Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.
NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de más de un millón de dólares para apoyar el trabajo de la organización comunitaria We All Really Matter (W.A.R.M.), dedicada a asistir a sobrevivientes de violencia doméstica y fortalecer los servicios para familias vulnerables en el distrito congresual NY-13 de Nueva York.
Los recursos forman parte de más de 14 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos comunitarios gestionados por el legislador, con el objetivo de ampliar programas de apoyo directo, intervención en crisis y acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de violencia en el hogar.
Espaillat explicó que «esta inversión ayuda a garantizar que quienes atraviesan una crisis tengan acceso a seguridad, apoyo y un camino claro para reconstruir sus vidas, mientras reforzamos una red comunitaria de protección, dignidad y esperanza para todos».
We All Really Matter es una entidad sin fines de lucro fundada en 2010 por la activista y sobreviviente de violencia doméstica Stephanie McGraw. Ofrece apoyo integral a víctimas y sobrevivientes a través de programas de intervención en crisis, planificación de seguridad, consejería, grupos de apoyo y asistencia para acceder a vivienda de emergencia y otros recursos esenciales.
Además de brindar acompañamiento emocional y social, ayuda a las personas afectadas a navegar procesos legales, acceder a servicios de salud mental y obtener asistencia pública, con el objetivo de que puedan reconstruir sus vidas y alcanzar estabilidad a largo plazo.
jt-am-sp
New York.- El congresista Adriano Espaillat anunció el inicio de un nuevo ciclo de solicitudes de asignaciones presupuestarias.
Ello incluye la financiación de proyectos comunitarios para que las entidades estatales y locales reciban fondos federales directos a través del proceso de Asignaciones Presupuestarias. También incluye financiamiento para solicitudes programáticas y de lenguaje para programas, agencias e iniciativas federales específicas.
El Financiamiento para Proyectos Comunitarios permite a los congresistas destinar fondos del Congreso a sus distritos para atender las necesidades de la comunidad. Este financiamiento es fundamental para apoyar las funciones administrativas y operativas de los grupos elegibles en el distrito.
Las entidades elegibles que pueden solicitar fondos incluyen entidades gubernamentales estatales o locales, así como ciertas organizaciones sin fines de lucro elegibles. No son elegibles los grupos y entidades con fines de lucro. Los proyectos elegibles se desglosan por cada proyecto de ley de gastos.
Las solicitudes generales de asignación programática y de lenguaje permiten que los miembros del Congreso aboguen por programas federales que son importantes para sus distritos.
“Me complace anunciar el inicio oficial del nuevo ciclo de asignaciones presupuestarias. Cada año, el proceso de Financiamiento de Proyectos Comunitarios ayuda a mi oficina a identificar proyectos locales en mi distrito que necesitan fondos y apoyo federal para continuar su labor de apoyo a los constituyentes. Además, las solicitudes generales de asignaciones presupuestarias me ayudan a comprender las necesidades de financiación federal de mis constituyentes”, dijo Espaillat, quien es miembro del influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, encargado de financiar agencias y programas federal.
Agregó que «cada año, espero colaborar con cada uno de los grupos locales para ayudar a identificar proyectos y abordar las necesidades de mi comunidad”.
Para más información, llame a la oficina del congresista Espaillat, al 202-225-4365.
NUEVA JERSEY.- Un joven de origen dominicano murió tras ser presuntamente golpeado por su compañero de celda en una prisión estatal de Newark, en New Jersey, un caso que ahora enfrenta cargos de asesinato y posibles acciones legales contra las autoridades penitenciarias por supuesta negligencia.
El recluso Abdul J. Bryant, de 29 años, fue acusado de asesinato por la muerte de Melvin Rivas Inoa, quien falleció tras sufrir múltiples golpes mientras ambos compartían celda en la prisión estatal del norte de Newark, según documentos judiciales.
De acuerdo al medio NJ.com, una autopsia reveló que Inoa sufrió un traumatismo contundente severo en la cara, la cabeza y el cuello.
La celda donde se encontraban los dos hombres no fue abierta por los funcionarios penitenciarios entre el 20 de enero y el momento en que Inoa fue encontrado muerto alrededor de las 7:05 de la mañana del 22 de enero, de acuerdo con la declaración jurada de causa probable.
Testimonios de otros reclusos
Otro recluso declaró a los investigadores que Bryant afirmó haber golpeado a Inoa y luego haberlo «lavado», según la denuncia. El recluso afirmó haber oído golpes y patadas provenientes de la celda cercana y luego haber escuchado el inodoro y el lavabo correr durante toda la noche y hasta el día siguiente.
Inoa fue visto con vida por última vez alrededor de las 7:00 de la noche del 20 de enero. Ni a él ni a Bryant se les había permitido salir de su celda desde el día anterior, según la denuncia.
Incluso en las unidades de alojamiento más restrictivas de las prisiones estatales, a los reclusos no se les permite permanecer en sus celdas durante más de 20 horas al día, según una ley de 2019 firmada por el entonces gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.
La abogada Brooke Barnett, quien representa a la familia de la víctima, afirmó que los oficiales penitenciarios violaron esa regla y luego ignoraron los gritos de auxilio del joven.
«He hablado con otros testigos, y todos saldrán a la luz, pero (Inoa) rogaba por su vida», dijo Barnett. «Durante dos días, gritando y golpeando, los demás reclusos golpeaban las puertas de las celdas, pidiendo a los agentes que lo ayudaran, que lo sacaran de allí, y simplemente no hicieron nada.»
«Ya sea que quieras decir que eso es asesinato o conspiración para cometer asesinato, como mínimo es mala conducta oficial.»
Según Barnett, Inoa y Bryant estaban alojados en una unidad de segregación administrativa de la prisión y compartían celda desde hacía no más de dos semanas.
La abogada indicó que la familia del joven planea presentar una demanda por muerte por negligencia contra el Departamento de Correcciones del estado.
Inoa, residente del Bronx, en New York City, estaba en prisión tras ser condenado por robar una gasolinera Delta en Bergenfield en febrero de 2023. Barnett señaló que no recibió una explicación del Departamento de Correcciones sobre por qué el recluso estaba en una unidad de segregación.
Bryant, por su parte, se encontraba recluido en una prisión estatal desde el 4 de noviembre de 2024 tras una condena por posesión de armas y drogas en el condado de Somerset. Su liberación estaba prevista para el 17 de febrero de 2027 antes de que se presentara el cargo de asesinato.
Actualmente permanece detenido en la Prisión Estatal de Nueva Jersey, según registros del sistema penitenciario