Definitivamente, uno de los casos que está poniendo a prueba la buena voluntad de las autoridades del sistema judicial dominicano para luchar contra la corrupción, es el de la empresa constructora brasileña Odebrecht, en el que hasta ahora están siendo imputados empresarios, abogados, exfuncionarios públicos, así como actuales senadores y un diputado de los tres principales partidos políticos.

Para febrero del 2018, la Procuraduría General de la República deberá depositar acusación formal contra los procesados, la cual, según establece el Código Procesal Penal, deberá estar sustentada con elementos de prueba que demuestren indicios de comisión de ilícitos penales que conlleven penas privativas de libertad.

De acuerdo con el expediente que sirvió para imponer medidas de coerción y las delaciones de ejecutivos de la empresa brasileña, los beneficiarios e implicados en el soborno de US$92 millones para favorecerlos con obras del Estado son el empresario y enlace comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón Rijo, el exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás; los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, el diputado Alfredo Pacheco Osoria; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado notario Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado, Andrés Bautista y el exdiputado Ruddy González.

Así también el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, el exvicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura, el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo de Óleo, el exdirector técnico de la Egehid, Bernardo Castellanos de Moya y el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez Hernández.

Los sobornos que habrían sido pagados del 2001 y el 2014, por la multinacional ya condenada por las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, fueron a fin de obtener los contratos para construir carreteras, puentes, acueductos y la termoeléctrica Punta Catalina.

Además de detallar hechos y mencionar nombres de personas a las que presuntamente se les habían hecho pagos indebidos en la República Dominicana a través de su enlace comercial, Odebrecht remitió a la Procuraduría algunos elementos de prueba.

El exgerente de Odebrecht en el país, Marcos Vasconcelos Cruz, reveló que el empresario Rondón Rijo le notificaba cuando estaba reunido con funcionarios públicos al momento de gestionar la aprobación y financiación de los proyectos para la compañía, así como el haber tenido contacto directo con legisladores.

Vasconcelos destacó que de las 18 obras de Odebrecht, 15 fueron sometidas al Congreso. “En ese contexto, en más de una ocasión entiendo haber tenido una interacción con Ángel junto a los miembros integrantes de las comisiones de finanzas para los detalles de esa instancia de aprobación de los contratos”, refirió.

De la termoeléctrica Punta Catalina, describió que el enlace comercial intervino en la aprobación del financiamiento, junto a las comisiones de finanzas del Senado y la Cámara.