SAO PAULO. Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht, reafirmó ayer ante la Justicia que el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se benefició de la red corrupta destapada en la estatal Petrobras por medio del cobro de sobornos.
La declaración de casi cuatro horas de Odebrecht, preso por corrupción y que coopera con las autoridades, se produce en el marco de uno de los seis procesos penales que tiene abiertos el carismático líder, la mayoría relacionados con el caso Petrobras.
En este caso, la Fiscalía denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero al afirmar que recibió sobornos de Odebrecht a través del exministro Antonio Palocci, ya condenado por el caso Petrobras.
El dinero, sostiene la demanda, se habría destinado a la compra del terreno que ocuparía la sede del Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo (sudeste).
El valor negociado superó los 12 millones de reales (unos cuatro millones de dólares), los cuales fueron descontados, según Odebrecht, del Departamento de Operaciones Estructuradas de la compañía, desde donde se distribuían y registraban todos los sobornos.
Como el terreno no acabó siendo para el Instituto Lula, Marcelo Odebrecht dijo hoy al juez federal Sergio Moro que acredita que el dinero fue depositado nuevamente en el departamento de la compañía destinado para el pago de sobornos.
Sin embargo, el expresidente de Odebrecht manifestó que “Lula sabía” de estas negociaciones, aunque nunca habló directamente con él sobre el asunto.
Lula, que ya fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por supuestamente haberse beneficiado de la trama, será interrogado por Moro en la ciudad de Curitiba el próximo 13 de septiembre por el caso.
La Fiscalía argumentó entonces que esos sobornos fueron concertados a cambio de contratos de Odrebrecht con Petrobras, en cuyo interior operó una trama corrupta durante años que desvió millonarios fondos.
Odebrecht participó de un “cartel” con otras 15 importantes constructoras del país para hacerse con las licitaciones de manera fraudulenta de Petrobras, según señaló la Fiscalía en sus investigaciones.
Las autoridades comprobaron que ese exclusivo grupo obtenía contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la petrolera estatal y partidos políticos que amparaban la práctica y legislaban a favor de estas empresas.
El escándalo, destapado hace más de tres años, ha enviado a prisión a importantes políticos y empresarios en Brasil además de superar las fronteras nacionales y extenderse por otros países de Latinoamérica.
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