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Donald Trump a pesar de ser parte de la base de datos de criminales de Nueva York insiste en querer ser presidente nueva vez de los Estados Unidos.
Los datos del expresidente de EE.UU. y los detalles de la acusación fueron subidos a la Web Crims de la Gran Manzana
Santo Domingo.–El prurito de que cualquier aspirante presidencial estadounidense era eliminado por el simple hecho de existir una sospecha de infidelidad parece ser cosa del pasado, porque ahora lo que ocurre es que el pueblo de la nación más poderosa del mundo, que siempre ha tenido el interés de proyectarse como el más puritano del planeta, en una proporción muy alta, cierra fila con políticos seriamente comprometidos con actos delincuenciales.
En este materia hay recurrir a lo ocurrido con un candidato con fuertes posibilidades como lo fue Gary Warren Hart, quien fue senador por Colorado y que fue sacado de la carrera presidencial para elecciones presidenciales de 1984 y 1988 por vinculársele a una relación infiel extramarital, lo cual bastó para borrarlo del mapa político de los Estados Unidos.
Sin embargo, Donald Trump se ha dado el lujo de burlarse de esos pruritos que se imponían en la sociedad estadounidense, ya que ha sido acusado de una gran cantidad de delitos y crímenes y de mentir repetidamente, como por ejemplo, crear una universidad ilegal que engañó a miles de estudiantes, quien ya figura en la base de datos de antecedentes penales de Nueva York, junto a nombres de asesinos acusados y prolíficos delincuentes de la Gran Manzana, pero que aun así mantiene su interés en ser nuevamente presidente de la unión americana con un extraordinario apoyo de los votantes.
Los datos de Trump, de 76 años, se cargaron al Sistema Unificado de Tribunales del estado de Nueva York, también conocido como Web Crims, tras su comparecencia por cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado ante la Corte Suprema de Manhattan este martes, según confirmó el medio estadounidense The New York Post.
El registro en línea señala el nombre, el año de nacimiento y los 34 cargos criminales que enfrenta el presidente número 45 de EE.UU., quien la semana pasada se convirtió en el primer expresidente en la historia del país norteamericano en ser imputado por cargos penales.
También refleja la declaración de «inocencia» que presentó Trump durante la audiencia de lectura de cargos.
Durante la audiencia del martes, Trump se mantuvo con una cara de piedra, y sólo habló para responder algunas preguntas, según recogen diversos medios estadounidenses. Las fotografías lo muestran encorvado en la sala del tribunal mientras se revelaban los 34 cargos de falsificación de registros comerciales.
Los 34 cargos son muy similares, pero se refieren a delitos cometidos en un rango de once meses del año 2017, entre febrero y diciembre y todos ellos constituyen «violaciones del artículo 175.10 del Código Penal».
El referido medio indica que el expediente del expresidente en la Web Crims no revela la naturaleza exacta de las acusaciones que enfrenta el empresario, sin embargo, la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan alegó en una acusación de 16 páginas que Trump conspiró para influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016 a través de pagos secretos.
De acuerdo con los fiscales, Trump y otros violaron las leyes electorales como parte de un esquema para detener la difusión de información negativa sobre él durante la campaña electoral de 2016, incluyendo los pagos a dos mujeres: la estrella porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal.
Tras la lectura de cargos, Trump se fue a Florida y unas horas más tardes hizo una declaración de prensa en la que criticó el proceso que se le sigue y al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusándolo de ser el verdadero criminal, ya que los detalles de su acusación se «filtraron» antes de la audiencia en la corte, además, denunció que él y su familia guardan lazos con la vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris.
Donald Trump, el polémico empresario y estrella de reality shows, que llegó a la Presidencia de EE.UU sin experiencia en la política ni haber sido militar, ha cuestionado en repetidas ocasiones la investigación de años de la Oficina del Fiscal y la ha calificado como una «cacería de brujas» impulsada políticamente.
El republicano, que lanzó en noviembre pasado su tercera carrera hacia la Casa Blanca, ha negado haber actuado mal y en cambio le atribuye delitos al juez y al fiscal que conocen su caso, lo cual incluso ha provocado amenazas de muerte en contra de ambos funcionarios públicos.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.