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Donald Trump a pesar de ser parte de la base de datos de criminales de Nueva York insiste en querer ser presidente nueva vez de los Estados Unidos.
Los datos del expresidente de EE.UU. y los detalles de la acusación fueron subidos a la Web Crims de la Gran Manzana
Santo Domingo.–El prurito de que cualquier aspirante presidencial estadounidense era eliminado por el simple hecho de existir una sospecha de infidelidad parece ser cosa del pasado, porque ahora lo que ocurre es que el pueblo de la nación más poderosa del mundo, que siempre ha tenido el interés de proyectarse como el más puritano del planeta, en una proporción muy alta, cierra fila con políticos seriamente comprometidos con actos delincuenciales.
En este materia hay recurrir a lo ocurrido con un candidato con fuertes posibilidades como lo fue Gary Warren Hart, quien fue senador por Colorado y que fue sacado de la carrera presidencial para elecciones presidenciales de 1984 y 1988 por vinculársele a una relación infiel extramarital, lo cual bastó para borrarlo del mapa político de los Estados Unidos.
Sin embargo, Donald Trump se ha dado el lujo de burlarse de esos pruritos que se imponían en la sociedad estadounidense, ya que ha sido acusado de una gran cantidad de delitos y crímenes y de mentir repetidamente, como por ejemplo, crear una universidad ilegal que engañó a miles de estudiantes, quien ya figura en la base de datos de antecedentes penales de Nueva York, junto a nombres de asesinos acusados y prolíficos delincuentes de la Gran Manzana, pero que aun así mantiene su interés en ser nuevamente presidente de la unión americana con un extraordinario apoyo de los votantes.
Los datos de Trump, de 76 años, se cargaron al Sistema Unificado de Tribunales del estado de Nueva York, también conocido como Web Crims, tras su comparecencia por cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado ante la Corte Suprema de Manhattan este martes, según confirmó el medio estadounidense The New York Post.
El registro en línea señala el nombre, el año de nacimiento y los 34 cargos criminales que enfrenta el presidente número 45 de EE.UU., quien la semana pasada se convirtió en el primer expresidente en la historia del país norteamericano en ser imputado por cargos penales.
También refleja la declaración de «inocencia» que presentó Trump durante la audiencia de lectura de cargos.
Durante la audiencia del martes, Trump se mantuvo con una cara de piedra, y sólo habló para responder algunas preguntas, según recogen diversos medios estadounidenses. Las fotografías lo muestran encorvado en la sala del tribunal mientras se revelaban los 34 cargos de falsificación de registros comerciales.
Los 34 cargos son muy similares, pero se refieren a delitos cometidos en un rango de once meses del año 2017, entre febrero y diciembre y todos ellos constituyen «violaciones del artículo 175.10 del Código Penal».
El referido medio indica que el expediente del expresidente en la Web Crims no revela la naturaleza exacta de las acusaciones que enfrenta el empresario, sin embargo, la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan alegó en una acusación de 16 páginas que Trump conspiró para influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016 a través de pagos secretos.
De acuerdo con los fiscales, Trump y otros violaron las leyes electorales como parte de un esquema para detener la difusión de información negativa sobre él durante la campaña electoral de 2016, incluyendo los pagos a dos mujeres: la estrella porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal.
Tras la lectura de cargos, Trump se fue a Florida y unas horas más tardes hizo una declaración de prensa en la que criticó el proceso que se le sigue y al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusándolo de ser el verdadero criminal, ya que los detalles de su acusación se «filtraron» antes de la audiencia en la corte, además, denunció que él y su familia guardan lazos con la vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris.
Donald Trump, el polémico empresario y estrella de reality shows, que llegó a la Presidencia de EE.UU sin experiencia en la política ni haber sido militar, ha cuestionado en repetidas ocasiones la investigación de años de la Oficina del Fiscal y la ha calificado como una «cacería de brujas» impulsada políticamente.
El republicano, que lanzó en noviembre pasado su tercera carrera hacia la Casa Blanca, ha negado haber actuado mal y en cambio le atribuye delitos al juez y al fiscal que conocen su caso, lo cual incluso ha provocado amenazas de muerte en contra de ambos funcionarios públicos.
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PLD, parte de la cúpula de la partidocracia, afirma que sentencia del TC puede atentar contra sistema de partidos
Santo Domingo. – Los partidos tradicionales dominicanos, incluido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han mostrado su preocupación y rechazo a la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional (TC), que establece que en un proceso eleccionario se podrá presentar candidaturas independientes de carácter nacional, provincial y municipal que surjan a través de agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.
En un comunicado, el secretario general de la organización política, Johnny Pujols, señaló que la decisión de la alta corte plantea serios riesgos para la estabilidad del sistema político.
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El dirigente morado aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional facilita la desigualdad en la competencia electoral, la infiltración para el crimen organizado, la división y el transfuguismo, así como el caos logístico y administrativo.
Según Pujols, esos puntos también son compartidos por otras organizaciones políticas y sociales, con las que ya se han “adelantado encuentros para tratar el tema”.
“Desde el Partido de la Liberación Dominicana reiteramos nuestra más alta preocupación por la sentencia TC/0788/24, así como la voluntad de construir junto a los actores del sistema de partidos una salida prudente que proteja el sistema de partidos y la democracia dominicana”, expresó.
En ese sentido, destacó que es crucial emprender acciones que permitan establecer reglas claras, límites y parámetros para esas candidaturas.
“Esta sentencia podría convertirse en un atentado mortal contra el sistema de partidos y la estabilidad política, social y democrática del país”, argumentó.
El dictamen del Tribunal Constitucional emitido el pasado lunes, también permite que agrupaciones cívicas o sociales propongan candidaturas independientes sin necesidad de inscripción previa, siempre que lo declaren ante la Junta Central Electoral (JCE) al menos 75 días antes de las elecciones.
Santo Domingo.- Sigmund Freud Mena, delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE), anunció que los principales partidos políticos han adoptado una posición conjunta en rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales los artículos 157 y 158 de la Ley Electoral.
Esta decisión permite la inscripción de candidaturas independientes ante el órgano electoral.
“Hay una postura unificada entre los partidos con los que hemos dialogado en torno a la preocupación generada por esta decisión. Permitir candidaturas independientes sin una mínima regulación es peligroso, ya que los partidos políticos están estrictamente regulados, desde el financiamiento hasta su conformación y su participación electoral”, expresó Freud Mena.
El dirigente político señaló que la sentencia plantea serios desafíos técnicos y jurídicos, ya que, según explicó, interfiere con las facultades del Congreso Nacional.
“El Tribunal Constitucional detalló cómo debía redactarse la ley respecto a las agrupaciones sociales, ahora denominadas así, lo que entendemos como una invasión a competencias exclusivas del poder legislativo. Esto sienta un precedente alarmante”, afirmó.
Freud Mena recordó que los partidos políticos están consagrados en la Constitución como los principales vehículos de representación ciudadana para acceder a posiciones electivas.
Tribunal Constitucional
Según el artículo 216 de la Carta Magna, esta función es exclusiva de los partidos, y la creación de nuevas figuras atenta contra el sistema político establecido.
Preocupaciones y acciones conjuntas
Ante esta situación, los dirigentes de los principales partidos han iniciado conversaciones con la JCE y han acordado tomar acciones conjuntas.
Freud Mena explicó que, si bien respetan la institucionalidad del Tribunal Constitucional, como actores políticos directamente afectados, están en la obligación de plantear soluciones para regular esta nueva figura de candidaturas independientes.
“Existen dos alternativas: que el Congreso Nacional modifique la Ley Electoral para incluir estas disposiciones y establecer las regulaciones necesarias, o que la Junta Central Electoral emita reglamentos en caso de que el Congreso no actúe. Es crucial garantizar el control de esta nueva posibilidad, ya que no existe una vía jurídica para revisar una decisión definitiva del Tribunal Constitucional”, precisó.
Impacto político
Freud Mena también advirtió sobre las posibles divisiones internas que la sentencia podría generar en los partidos.
“Cualquier persona en desacuerdo con las decisiones internas de un partido podría optar por postularse como independiente, lo que fragmentaría aún más a las organizaciones políticas”, alertó.
Finalmente, el delegado del PRM reiteró la necesidad de establecer normativas claras para evitar el desbalance en el sistema político.
“La apertura a las candidaturas independientes debe contar con regulaciones mínimas que aseguren la estabilidad del sistema partidario y político del país. No podemos permitir que esta nueva realidad desestabilice el orden político nacional”, concluyó.
Santo Domingo, R.D.-El principal diario impreso y digital de la República Dominicana, el Listín Diario, trajo en su portada este domingo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, número TC-0788-24, la cual declara inconstitucional los artículos 156 y 157 de la ley 20-23, de Régimen Electoral, que tratan sobre las candidaturas políticas independientes por entender que hay una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados porque se condicionaba la posibilidad de participar en esa condición a la creación de una organización política.
Esos artículos manifestaban que para sustentar una candidatura independiente a la Presidencia de la República, se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el país, además de un programa de gobierno definido; la 20-23 igual señala que para los cargos de senadores y diputados al Congreso Nacional deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijos para los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva; mientras que el nivel de alcaldías y regidurías, estos tienen que presentar una organización municipal que los abale.
El párrafo tres del articulo 157 reseña que “serán aplicables a las candidaturas independientes y a las organizaciones que las sustenten, las demás disposiciones que establece esta ley, en lo que se refiere a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y a las candidaturas sustentadas por estos, con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral (JCE).
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», señala el dispositivo de la sentencia.
Una “amenaza” al sistema de partidos
Tras la sentencia, que se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Roberto Fiallo, el tema se ha mantenido en el escaparate público en los últimos días; tanto que varios dirigentes de partidos han indicado que la sentencia sería una “amenaza” al sistema político.
“Imaginas que ahora todo el que sienta que puede ser candidato vaya y se inscriba, porque eso es lo que están diciendo. O sea, no habrá ningún requisito previo. ¿Cómo se van a contar los votos o repartir los fondos cuando hayan 200 candidaturas?», cuestionó Freund al conversar con representantes de los medios de comunicación.
Sin respuesta de la JCE
Con el pasar de los días, el pleno de la JCE aún no ha dado a conocer su posición sobre el tema ni los nuevos lineamientos que se estarían implementando a raíz de la sentencia de la alta corte.
La sentencia prepara el camino para que la ley 20-23, de Régimen Electoral, tenga que ser modificada para eliminar los artículos declarados inconstitucionales. Sería la tercera vez desde el 2018 que las leyes que rigen el sistema partidos y democracia de República Dominicana tengan que ser cambiados.
Precisamente en 2018 fue promulgada la ley 33-18 sobre Partidos Políticos tras varios años de debate en el Congreso Nacional; luego fue aprobada la 15-19, de Régimen Electoral; ambos textos legislativos sustituían a la antigua “Ley Electoral” que regía en el país desde 1997.
Tras las elecciones de 2020 y varias sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior Electoral (TSE) recriminando la ambigüedad de la ley con relación a varios temas, se hizo imperiosa la necesidad de modificar la misma.
«El Congreso Nacional debe aprovechar esta situación para evaluar todas las cuestiones que han sido declaradas inconstitucionales», exclamó Freund.