Santo Domingo — Dieciocho meses de prisión preventiva pidió el Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses como medida de coerción contra ocho oficiales activos y dos empresarios, acusados de formar parte de una presunta red de corrupción que, según el expediente, utilizó métodos fraudulentos para ganar licitaciones relacionadas con la seguridad en diversas instituciones del Estado.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían pagado sobornos con el fin de adjudicarse contratos públicos. Entre las instituciones presuntamente utilizadas por esta red figuran EdeEste, EdeSur, EdeNorte, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
El expediente, que abarca hechos ocurridos desde el año 2012 hasta enero de 2025, señala que en total se pagaron sobornos por más de 108 millones de pesos.
La audiencia, presidida por el juez de atención permanente Rigoberto Sena, se celebra por segunda vez, luego de que fuera aplazada la semana pasada para permitir a los abogados defensores estudiar la acusación y preparar su estrategia legal.
Hasta el momento, la audiencia continúa y no se ha emitido una decisión definitiva. El magistrado está escuchando los argumentos de la defensa, quienes aseguran que sus representados actuaron conforme a la ley.
La decisión final del juez determinará el curso legal que seguirán los implicados en este caso, que ha generado gran atención por el presunto uso de recursos públicos en beneficio de un grupo reducido.
Más detalles estarán disponibles en nuestra edición estelar, así como en nuestra página web y redes sociales.