Latinoamericanas
Oficina Anticorrupción argentina pide abrir juicio contra Cristina Fernández
La pena de prisión prevista es de 50 años, la máxima del Código Penal
Buenos Aires, 17 nov (EFE).- La Oficina Anticorrupción argentina (OA), que depende del Gobierno de Mauricio Macri, pidió hoy elevar a juicio uno de los casos en los que está procesada la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
La OA, que es querellante en el caso, pidió además al juez del caso, Julián Ercolini, la elevación a juicio de, entre otros, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López, ya detenidos por otras causas.
Para el organismo, integrado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, todos ellos formaron parte de una “asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015”.
Según informó la OA en un comunicado, la viuda del también expresidente Néstor Kichner (2003-2007) “continuó con las acciones de su antecesor”, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de “elevados recursos económicos”.
“Que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”, añade el texto, en referencia al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, excolaborador de Kirchner y ya detenido desde hace un año y medio por otro caso de lavado.
La OA señaló que “Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial”.
El organismo asegura que la exmandataria es “coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz”, donde Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003.
En total, las adjudicaciones cuestionadas son 51, que totalizan un monto cercano a 46.000 millones de pesos (2.630 millones de dólares).
La pena de prisión prevista es de 50 años, la máxima del Código Penal.
El escrito afirma que en mayo de 2003, pocos días antes de que Kirchner asumiera la Presidencia, Báez constituyó la firma Austral Construcciones S.A. junto a sus socios Guido Blondeau y Sergio Gotti.
“Como segundo paso para efectivizar el plan delictivo, Kirchner montó una estructura institucional con distintas personas de su confianza”, mientras que tras asumir la Presidencia, en 2007, Fernández “mantuvo esa estructura clave de poder”.
“Los procesos licitatorios de las obras se caracterizaron por la presencia de múltiples irregularidades que, en definitiva, no hacen más que demostrar que el propósito final de todo este proceso era favorecer a las empresas de Báez”, concluye la OA.
Fernández, que reitera que se siente víctima de una persecución política, tiene varias acusaciones de la Fiscalía y abiertos tres procesamientos judiciales por hechos ocurridos durante su mandato.
El primero se debe a supuestas irregularidades en contratos de futuros de dólar por parte del Banco Central -que ya fue elevado a juicio en marzo de este año- y los otros dos por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública. EFE
Latinoamericanas
Fuerzas de seguridad haitianas lanzan operación en el barrio del jefe pandillero haitiano Barbecue
Agencia Efe
Puerto Príncipe, Haití.-La Policía Nacional de Haití, apoyada por las tropas internacionales de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), está llevando a cabo una operación este miércoles en el barrio donde vive el conocido jefe de la banda criminal ‘Viv Ansanm‘, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ubicada en el centro de Puerto Príncipe.
De acuerdo con un comunicado de la Policía de Haití, esta operación en Delmas 6 «tiene como objetivo desmantelar a los bandidos terroristas que ocupan este barrio, al fin de restablecer la paz».
Desde hace varias semanas las autoridades haitianas están realizando operaciones en el centro de la capital, en zonas controladas por las pandillas.
Jimmy Cherizier, alias Barbecue, por quien Estados Unidos elevó el pasado agosto la recompensa hasta los cinco millones de dólares, es el más notorio líder de las bandas armadas en Haití, donde han desencadenado el caos con miles de muertos.
Durante 14 años sirvió como agente de la Policía Nacional, institución a la que ingresó inicialmente por cuestiones meramente económicas, aunque también sentía vocación por el servicio, según ha dicho públicamente.
Estados Unidos considera a Barbecue «el líder pandillero responsable de odiosos abusos a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití».
El país caribeño atraviesa desde hace años una grave crisis social y de seguridad, con más de 16.000 personas muertas a consecuencia de la violencia de las bandas armadas desde inicios de 2022.
Si bien los ataques de los grupos armados han disminuido en Puerto Príncipe, continúan en nuevas regiones, perpetrando masacres, robos y violaciones colectivas, llevando a miles de personas a huir de sus hogares para ir a vivir a campos de desplazados en condiciones inhumanas.
Todo esto a pesar de la presencia de tropas internacionales, primero de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS), ya extinta, y ahora de la GSF.
La GSF, aprobada el 30 de septiembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para un mandato inicial de 12 meses, contará con hasta un máximo de 5.500 efectivos policiales o militares, asistidos por 50 civiles.
A pesar de la situación de inseguridad, tras casi cinco años sin un Gobierno electo en las urnas, en noviembre pasado, el Consejo Electoral Provisional de Haití aprobó que las elecciones generales se celebren el 30 de agosto de 2026 y que, en caso de una segunda vuelta, esta se realice el 6 de diciembre.
CARACAS.- La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha confirmado la excarcelación de otras cuatro personas presas en el país latinoamericano, por lo que ya son 16 las personas liberadas por el Gobierno de Venezuela en las últimas 48 horas.
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha informado que los excarcelados este sábado son Diógenes Omar Angulo, Luis Fernando Junior Sánchez, Yanny Esther González –presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en el estado de Barinas– y Luis Aquiles Rojas, que se suman a las otras personas liberadas este sábado.
«Excarcelada en Barinas la enfermera Yanny Esther González Terán, arbitrariamente detenida el 22 (de julio de 2025)», ha indicado Himiob en su cuenta de la red social X, emitiendo una aviso por cada preso liberado.
Este viernes la mencionada ONG anunció la puesta en libertad de nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, quienes ya se encuentran en territorio español.
Igualmente, el vicepresidente de Foro Penal ha indicado que «no es momento de pedir a los excarcelados, aunque no estén ya en Venezuela, que declaren», a pesar de que «se entiende la necesidad de información». Himiob ha remarcado que muchas personas se encuentran todavía encarceladas y que la prioridad deber ser su libertad.
Por su parte, el opositor Edmundo González Urrutia ha denunciado que no han sido liberados «ni el 1 por ciento» del total de presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela.
Foro Penal estima que ahora mismo hay unos 804 presos en esta condición en las cárceles del país, entre ellos 86 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).
of-am
Agencia AFP
Caracas.-Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.
«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos», dijo Rodríguez en su juramento. «Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos».
Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.