Santo Domingo, RD.-Tras las fallas técnicas, el departamento de Censos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) requeriere dos días adicionales para completar la cobertura en varias provincias y/o sectores.Nacionales
Tras fallas técnicas se requerirá de 2 días más para censar varias provincias.
Santo Domingo, RD.-Tras las fallas técnicas, el departamento de Censos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) requeriere dos días adicionales para completar la cobertura en varias provincias y/o sectores.De acuerdo con lo explicado por Víctor Romero, encargado del departamento de Censos, en las provincias y sectores donde hasta ahora se ha concentrado el menor índice de equipos funcionando por los problemas técnicos es que serán requeridos dos días adicionales después del 23 de noviembre, fecha en la que tenían previsto iba a concluir el Censo de manera oficial.
«Siempre hemos dicho que hay dos días adicionales para recuperación de cobertura en algunas áreas por si hay un fenómeno, por si hay una situación, entonces en algunas provincias donde estamos más bajos vamos a requerir de esos dos días más de recuperación de cobertura», explicó Romero.
No indicaron cuáles son las provincias que van a requerir los días adicionales.
El funcionario, al ser cuestionado por los medios de comunicación, explicó que eso será notificado de manera oficial a las autoridades de las zonas en donde se vaya a requerir esos dos días y que eso ha estado «dentro de lo que se ha establecido todo el tiempo».
Las fallas reportadas siempre han estado contempladas
Romero señaló que las fallas y problemas que han sido reportados durante los primeros días de aplicación del censo estaban contempladas por las autoridades.
«Para el conocimiento, este es un proceso del cual no se ha ejecutado otro de esta magnitud en todo el territorio nacional y por ende es normal que se presenten situaciones en el despliegue y algunas situaciones con usuarios y empadronadores», argumentó Romero.
El encargado del departamento de Censos reconoció que varios empadronadores han ido desertando a medida que avanza el proceso pero que por esa razón entrevistaron más personas que pueden hacer esos trabajos.
«Recibíamos muchos cuestionamientos de que porqué necesitábamos 14 días de empadronamiento y es que los primeros tres días estaba contemplado que el proceso viviera ese tipo de cosas… tener 35,000 personas de manera simultánea accediendo a equipos desde todo el territorio nacional eso genera un reto grande de logística, con un reto grande a la capacidad de la persona de retener los procesos que se le han dado», seguía explicando Romero.
En 26 provincias ya funciona al menos el 93% de sus equipos
Durante la rueda de prensa, realizada en la sede de la ONE, las autoridades informaron que ya en 26 provincias al menos el 93% de los equipos utilizados empadronadores se encuentra trabajando; las otras seis provincias tienen entre el 60 y el 88%.
Se prevé que el próximo martes 15 estén operando el 100% de los equipos en todo el territorio nacional, esto a pesar de que Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, había manifestado que sería ayer sábado cuando estarían en total funcionalidad.
«El retraso se debe a lo que explicamos, que se debe a los percances que ocurrieron en el proceso de registro y vinculación a la base de datos, con ese proceso de todos los pasos que hay que ejecutar no en todos los lugares se logró hacer de manera efectiva», explicó Romero.
Boletines
La ONE informó que estarán enviando un informe diario todas las tardes a los medios de comunicación con datos de cómo estarán operando los equipos y los empadronadores.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.