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Ministerio Público detalla cómo se movió cargamento de drogas que generó polémica en el país.
Santo Domingo, R.D.-Como resultado de labores de inteligencia la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público a través de la La Operación Panthera 7, desmantelaron una red criminal de gran alcance en el puerto Multimodal Caucedo, República Dominicana, donde se intentaba movilizar 9.8 toneladas de cocaína.
La DNCD, bajo instrucciones del vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, desplegó recursos adicionales tras recibir informes de inteligencia que advertían sobre el intento de tráfico de un gran cargamento de cocaína durante el pico comercial de diciembre. Posteriormente, la administración del puerto informó sobre movimientos inusuales, lo que llevó a la ocupación de los contenedores involucrados.
Según el informe brindado por las autoridades, todo inició el 5 de diciembre de 2024, cuando el contenedor identificado con el número FFAU4542281 fue detectado a las 5:40 de la tarde a bordo de un camión marca Mack, modelo CXU613, mientras ingresaba al puerto. En el control de acceso P-0, el contenedor evadió la inspección de rayos X y la verificación manual, lo que apuntó a la complicidad de personal del puerto, incluyendo inspectores y selladores. A las 6:05 de la tarde, el mismo contenedor pasó por el control P-1 como un retorno vacío, aunque en su interior llevaba los paquetes de droga.
A las 8:21 de la noche, el contenedor fue encontrado en el patio de cargas del puerto, junto a otro contenedor refrigerado, HLBU9354083, procedente de Guatemala con bananos destinados a Bélgica. La operación criminal buscaba transferir la droga entre ambos contenedores, pero la intervención de las autoridades interrumpió el proceso, dejando 9,587 paquetes en total, equivalentes a 9,889 kilogramos.
Para facilitar la transferencia de la droga, parte de la carga de bananos fue retirada del contenedor refrigerado. Además, cuatro hombres armados y encapuchados secuestraron a un camionero para intentar escapar, pero las fuerzas de seguridad habían cerrado el puerto, obligándolos a huir por una verja perimetral.
El camión utilizado para transportar el contenedor estaba registrado a nombre de un testaferro y contaba con un GPS que permitió rastrear su trayecto hasta una propiedad cercana al puerto. Esta propiedad, vinculada a uno de los principales imputados y presidente de la empresa GWG TRANSPORT, fue identificada como el punto donde se cargó la droga.
El Ministerio Público también incautó vehículos, armas, dinero y documentos relacionados con la operación. Además, se están procesando evidencias digitales y forenses para establecer vínculos adicionales.
El Ministerio Público solicitará medidas de coerción contra los imputados arrestados, mientras que los hallazgos están siendo compartidos con otros países de interés. Las autoridades han asegurado que todas las diligencias y pericias forenses cumplen estrictamente con los procedimientos legales.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.