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Sigue controversia ante inauguraciones de obras en campaña electoral municipal
Santo Domingo, R.D.-Bajo el alegato de que el presidente Luis Abinader viola la Ley 20-23 del Régimen Electoral, realizando habitualmente inauguraciones de obras gubernamentales en la presente campaña electoral municipal, los partidos políticos de oposición exigieron a la Junta Central Electoral (JCE) prohibir lo que califican como una actividad ilegal del mandatario.
La Junta Central Electoral (JCE) proclamó el pasado 9 de diciembre el inicio de la campaña electoral con miras a las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024, y hasta el momento no ha fijado una posición al respecto.
Ante esto, algunas organizaciones políticas están solicitando al órgano electoral cumplir con sus funciones de rectoría para determinar la interpretación de la Ley Electoral.
Así lo manifestó el representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la JCE, Danilo Díaz, quien pidió a la entidad “hacer cumplir la Ley, siendo coherente con lo que ha establecido en los documentos oficiales de plazos legales y administrativos”.
“La Junta tiene que hacer cumplir la ley y sus propias reglas. Debe impedir y detener este desafío que ha hecho el Poder Ejecutivo inaugurando por encima de lo que ha establecido la Junta apoyándose en la ley”, destacó Díaz.
En tanto, el representante del partido Fuerza del Pueblo (FP) ante la JCE, Javier Ubiera, también solicitó que esta entidad “reafirme” lo dispuesto en el calendario del torneo electoral de 2024 para garantizar la legalidad del proceso.
“Sería importante que la JCE emita un comunicado reafirmando lo establecido en su calendario, y conminando a detener las inauguraciones del gobierno, y someterse a la legalidad, y si es necesario emitir una resolución al respecto”, dijo Ubiera.
MIRAS HACIA EL TSE
Aunque el debate solo está centrado en la espera de conocer la posición de la JCE, otros sectores expresan que este tema es concerniente al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Tal es el caso del representante de Opción Democrática (OD) ante la JCE, Emmanuel Piña, quien considera que el TSE debería fijar una posición.
“Más que la Junta, lo ideal es que el Tribunal Superior Electoral fije la posición. La Junta es más para asuntos administrativos, entonces este tema ya se estaría inmiscuyendo en el área del TSE”, explicó Piña.
No obstante, expresó que Opción Democrática no tiene contemplado someter una instancia ante el órgano judicial para resolución del caso.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.