Nacionales
Opositores dicen que las primarias abiertas son inconstitucionales
El presidente Danilo Medina evitó avasallar; 14 de los 35 miembros del Comité Político del PLD son abogados
SANTO DOMINGO. Los partidos de la oposición consideraron innecesaria la consulta a juristas que decidió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para fijar su posición final ante las primarias con padrón electoral abierto.
La decisión se produjo a iniciativa del presidente Danilo Medina, que algunos peledeístas calificaron de inteligente, porque la posición que defiende el mandatario alcanzó una amplia mayoría de 25 de 31 de los miembros presentes para no avasallar a la posición contraria del expresidente Leonel Fernández y algunos de sus seguidores.
Con esto se evitar repetir lo ocurrido en 2015 en la reunión del Comité Político realizada en Juan Dolio, donde se impuso la corriente a favor de una nueva repostulación del presidente Danilo Medina.
El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, advirtió al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que los legisladores de oposición son más de 75, por lo que tiene que contar con ellos para poder aprobar la Ley de Partidos.
“Tratar de imponerle a la sociedad un padrón abierto se convierte en una necedad del PLD y de algunos sectores”, indicó.
Acusó al PLD de tener una intención de incidir en los demás partidos, por lo que están impulsando el padrón abierto.
El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, aseguró que la inconstitucionalidad de establecer la obligatoriedad de las primarias a los partidos ya fue establecido mediante sentencia del la Suprema Corte de justicia actuando como tribunal Constitucional.
“Esa jurisprudencia fue validada por el texto constitucional del 2010, no hay nada que consultar, eso no es posible en virtud de nuestra jurisprudencia constitucional y el PRSC recomienda no inventar con eso”, puntualizó.
Para el jurista Ramón Núñez constituye una grave violación a la Constitución imponer a un partido político la realización de primarias abiertas, en el sentido de que esté obligado a permitir que no afiliados participen en la toma de decisión acerca de cuáles serían sus candidatos.
A su entender, esto afecta el núcleo esencial del derecho fundamental de asociación que reconoce el artículo 47 de la Constitución.
También recordó el precedente de la Suprema Corte de Justicia, pues ésta, mediante sentencia de fecha 16 de marzo de 2005, declaró inconstitucional la Ley núm. 286-04 que establecía precisamente el sistema de primarias abiertas y simultáneas.
Precisó que la Constitución de 2010, en su artículo 216, vino a fortalecer esa libertad de organización para los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
“En mi opinión, obligar a un partido político a realizar primarias abiertas, antes que fomentar el pluralismo político y el fortalecimiento de la democracia, los debilitan”, expresó.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, la decisión del Comité Político del PLD respecto el proyecto de Ley de Agrupaciones y Partidos Políticos fue un acto de “expresión de solidez” y “unidad partidaria”.
A juicio del legislador, la posición del PLD busca que la normativa tenga la reciedumbre legal necesaria para que pueda ayudar a la regulación de las actividades de las organizaciones políticas y que no pueda ser atacada bajo un argumento de inconstitucionalidad.
“No queremos someter a la aprobación un proyecto que pueda ser mañana declarado inconstitucional”, sostuvo Maldonado, quien afirmó que la dirigencia del partido oficialista prefiere asesorarse de juristas expertos para no errar en la presentación del proyecto de ley.
“Estamos preparando una opinión jurídicamente fuerte y legalmente imbatible”, apuntó Maldonado, al responder los cuestionamientos de los periodistas, antes del inicio de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados.
Alfredo Pacheco
Vocero de los diputados del PRM
“Tratar de imponerle a la sociedad un padrón abierto, se convierte en una necedad del PLD y de algunos sectores”
Ramón Núñez
Abogado
“Constituye una grave violación a la Constitución imponer a un partido la realización de primarias abiertas, en el sentido de que esté obligado a permitir que no afiliados participen en la decisión acerca de cuáles serían sus candidatos”
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Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.