Nacionales
Opositores dicen que las primarias abiertas son inconstitucionales
El presidente Danilo Medina evitó avasallar; 14 de los 35 miembros del Comité Político del PLD son abogados
SANTO DOMINGO. Los partidos de la oposición consideraron innecesaria la consulta a juristas que decidió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para fijar su posición final ante las primarias con padrón electoral abierto.
La decisión se produjo a iniciativa del presidente Danilo Medina, que algunos peledeístas calificaron de inteligente, porque la posición que defiende el mandatario alcanzó una amplia mayoría de 25 de 31 de los miembros presentes para no avasallar a la posición contraria del expresidente Leonel Fernández y algunos de sus seguidores.
Con esto se evitar repetir lo ocurrido en 2015 en la reunión del Comité Político realizada en Juan Dolio, donde se impuso la corriente a favor de una nueva repostulación del presidente Danilo Medina.
El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, advirtió al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que los legisladores de oposición son más de 75, por lo que tiene que contar con ellos para poder aprobar la Ley de Partidos.
“Tratar de imponerle a la sociedad un padrón abierto se convierte en una necedad del PLD y de algunos sectores”, indicó.
Acusó al PLD de tener una intención de incidir en los demás partidos, por lo que están impulsando el padrón abierto.
El secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, aseguró que la inconstitucionalidad de establecer la obligatoriedad de las primarias a los partidos ya fue establecido mediante sentencia del la Suprema Corte de justicia actuando como tribunal Constitucional.
“Esa jurisprudencia fue validada por el texto constitucional del 2010, no hay nada que consultar, eso no es posible en virtud de nuestra jurisprudencia constitucional y el PRSC recomienda no inventar con eso”, puntualizó.
Para el jurista Ramón Núñez constituye una grave violación a la Constitución imponer a un partido político la realización de primarias abiertas, en el sentido de que esté obligado a permitir que no afiliados participen en la toma de decisión acerca de cuáles serían sus candidatos.
A su entender, esto afecta el núcleo esencial del derecho fundamental de asociación que reconoce el artículo 47 de la Constitución.
También recordó el precedente de la Suprema Corte de Justicia, pues ésta, mediante sentencia de fecha 16 de marzo de 2005, declaró inconstitucional la Ley núm. 286-04 que establecía precisamente el sistema de primarias abiertas y simultáneas.
Precisó que la Constitución de 2010, en su artículo 216, vino a fortalecer esa libertad de organización para los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
“En mi opinión, obligar a un partido político a realizar primarias abiertas, antes que fomentar el pluralismo político y el fortalecimiento de la democracia, los debilitan”, expresó.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, la decisión del Comité Político del PLD respecto el proyecto de Ley de Agrupaciones y Partidos Políticos fue un acto de “expresión de solidez” y “unidad partidaria”.
A juicio del legislador, la posición del PLD busca que la normativa tenga la reciedumbre legal necesaria para que pueda ayudar a la regulación de las actividades de las organizaciones políticas y que no pueda ser atacada bajo un argumento de inconstitucionalidad.
“No queremos someter a la aprobación un proyecto que pueda ser mañana declarado inconstitucional”, sostuvo Maldonado, quien afirmó que la dirigencia del partido oficialista prefiere asesorarse de juristas expertos para no errar en la presentación del proyecto de ley.
“Estamos preparando una opinión jurídicamente fuerte y legalmente imbatible”, apuntó Maldonado, al responder los cuestionamientos de los periodistas, antes del inicio de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados.
Alfredo Pacheco
Vocero de los diputados del PRM
“Tratar de imponerle a la sociedad un padrón abierto, se convierte en una necedad del PLD y de algunos sectores”
Ramón Núñez
Abogado
“Constituye una grave violación a la Constitución imponer a un partido la realización de primarias abiertas, en el sentido de que esté obligado a permitir que no afiliados participen en la decisión acerca de cuáles serían sus candidatos”
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Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.