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Organizaciones piden Procuraduría establezca responsabilidades por niña quemada en maternidad
“Este caso pudiera ser entendido como un hecho aislado, pero lo cierto es que en las maternidades y los hospitales infantiles del país todos los días mueren niños y niñas recién nacidos por causas prevenibles”.
Derechos Humanos, Plan Internacional y Coalición por los Derechos del Infante solicitan Procuraduría investigue casos de muerte de niños en hospitales
Foto: © Edgar Hernández
Fecha:18/12/2017
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Coalición de ONGs por la Infancia solicitaron ante la Procuraduría General de la República el establecer responsabilidades en el caso de la recién nacida que perdió la vida luego de sufrir quemaduras en el 40 % de su cuerpo a causa de un incendio provocado por la explosión de una bombilla en la Maternidad Evangelina Rodríguez.
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, destacó que el incidente se enmarca en el contexto de la crisis estructural del Sistema de Salud Público que se manifiesta en las deplorables condiciones del servicio de atención materno-infantil.
“En los últimos tres años 10 mil niños han nacido, y de esos más de 500 han fallecido como resultado de la irresponsabilidad de las autoridades del Ministerio de Salud. No puede quedarse en la simple impunidad, situaciones como estas”, manifestó Mercedes.
Asimismo, resaltó que en el país se registran 20 muertes por cada 1000 nacidos vivos dentro de los primeros 28 días de vida, lo cual sitúa a la República Dominicana como el segundo de América Latina con el mayor índice de mortalidad infantil.
“Solamente en la maternidad Doctor Robert Reid Cabral -Nuestra Señora de la Altagracia- han fallecido 507 de 10,980 nacidos vivos hasta octubre 2017, según denunció el Colegio Médico Dominicano”, recordó el presidente de la Comisión.
En tanto el representante de la coalición, Isaac Terrero, señaló que “este caso pudiera ser entendido como un hecho aislado, pero lo cierto es que en las maternidades y los hospitales infantiles del país todos los días mueren niños y niñas recién nacidos por causas prevenibles”.
Para reducir los alarmantes índices de mortalidad infantil las organizaciones expusieron las siguientes propuestas:
- Aumentar la inversión en el sistema de salud público, focalizando y priorizando el gasto en el financiamiento de los servicios de prevención y atención médica a las mujeres embarazadas e infantes más vulnerables, esto incluye el mejoramiento de la infraestructura y adecuado abastecimiento de los recursos básicos a los hospitales.
- Fortalecer el modelo de gestión administrativa de los hospitales materno-infantiles.
- Fortalecer las competencias del personal médico para elevar la calidad de la atención.
- Implementar de manera consistente un sistema de consecuencias contra las malas prácticas médicas, negligencia y corrupción en estos centros de salud.acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.