Nacionales
Organizaciones piden Procuraduría establezca responsabilidades por niña quemada en maternidad
“Este caso pudiera ser entendido como un hecho aislado, pero lo cierto es que en las maternidades y los hospitales infantiles del país todos los días mueren niños y niñas recién nacidos por causas prevenibles”.
Derechos Humanos, Plan Internacional y Coalición por los Derechos del Infante solicitan Procuraduría investigue casos de muerte de niños en hospitales
Foto: © Edgar Hernández
Fecha:18/12/2017
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Coalición de ONGs por la Infancia solicitaron ante la Procuraduría General de la República el establecer responsabilidades en el caso de la recién nacida que perdió la vida luego de sufrir quemaduras en el 40 % de su cuerpo a causa de un incendio provocado por la explosión de una bombilla en la Maternidad Evangelina Rodríguez.
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, destacó que el incidente se enmarca en el contexto de la crisis estructural del Sistema de Salud Público que se manifiesta en las deplorables condiciones del servicio de atención materno-infantil.
“En los últimos tres años 10 mil niños han nacido, y de esos más de 500 han fallecido como resultado de la irresponsabilidad de las autoridades del Ministerio de Salud. No puede quedarse en la simple impunidad, situaciones como estas”, manifestó Mercedes.
Asimismo, resaltó que en el país se registran 20 muertes por cada 1000 nacidos vivos dentro de los primeros 28 días de vida, lo cual sitúa a la República Dominicana como el segundo de América Latina con el mayor índice de mortalidad infantil.
“Solamente en la maternidad Doctor Robert Reid Cabral -Nuestra Señora de la Altagracia- han fallecido 507 de 10,980 nacidos vivos hasta octubre 2017, según denunció el Colegio Médico Dominicano”, recordó el presidente de la Comisión.
En tanto el representante de la coalición, Isaac Terrero, señaló que “este caso pudiera ser entendido como un hecho aislado, pero lo cierto es que en las maternidades y los hospitales infantiles del país todos los días mueren niños y niñas recién nacidos por causas prevenibles”.
Para reducir los alarmantes índices de mortalidad infantil las organizaciones expusieron las siguientes propuestas:
- Aumentar la inversión en el sistema de salud público, focalizando y priorizando el gasto en el financiamiento de los servicios de prevención y atención médica a las mujeres embarazadas e infantes más vulnerables, esto incluye el mejoramiento de la infraestructura y adecuado abastecimiento de los recursos básicos a los hospitales.
- Fortalecer el modelo de gestión administrativa de los hospitales materno-infantiles.
- Fortalecer las competencias del personal médico para elevar la calidad de la atención.
- Implementar de manera consistente un sistema de consecuencias contra las malas prácticas médicas, negligencia y corrupción en estos centros de salud.acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.